Asunción (PL) Las balas de los sicarios del narcotráfico que segaron la vida del periodista Pablo Medina y su joven asistente Antonia Almada el pasado 16 de octubre trazaron, sin que fuera su objetivo, una línea invisible, pero divisoria del Paraguay anterior y posterior al doble asesinato.
Medina, es necesario decirlo, representó mucho más que un quijotesco reportero empeñado en mantener notoriedad con sus denuncias del poder del narcotráfico en el norteño departamento de Curuguaty donde residía y también de los atropellos realizados por poderosos geófagos contra los asentamientos campesinos.
Durante los últimos 16 años y con persistencia que no detuvieron las amenazas y hasta el asesinato de dos de sus hermanos, el periodista fue perforando la estructura pública y secreta del crimen organizado en la zona y revelando el entramado político protector de las ilícitas actividades.
Los certeros dardos lanzados desde sus trabajos periodísticos fueron también válidos para descubrir las bases políticas en las cuales se apoyaban quienes se aprovechaban de la deforestación masiva del área y del contrabando de la madera obtenida de esa forma, con el saldo de enormes ganancias para sus bolsillos y graves daños para el ecosistema nacional.
Desprovisto de la seguridad personal que estaban obligadas a prestarle las autoridades y hasta la propia empresa periodística donde trabajaba, Medina dejó escrito una suerte de testamento acusatorio en su ordenador personal y acometió un empeño convertido casi inmediatamente en su sentencia de muerte: la preparación de un documental sobre la enorme dimensión del narcotráfico y la narcopolítica en Curuguaty.
Las grandes mafias del masivo tráfico de drogas hacia el vecino Brasil y los personajes que ahora aparecen como sus protectores políticos nunca imaginaron el impacto provocado en toda la sociedad por el doble asesinato cometido en un camino rural cuando Medina y Almada regresaban de un reportaje destinado a denunciar los daños a poblaciones campesinas y sus sembradíos por la fumigación tóxica de latifundios cercanos.
La movilización continua de protesta y denuncia de casi todos los sectores de la vida nacional ha sido mucho más fuerte que lo calculado por los autores intelectuales y materiales del asesinato del periodista.
Anteriormente eran un secreto a voces accesible a una parte menor de la sociedad paraguaya las acusaciones con nombres y apellidos no sólo de quienes se aprovechan de las ganancias del mundo ilegal sino de algunos de sus protectores.
Ahora son publicados en los medios de difusión, se gritan en las movilizaciones callejeras y comienzan a mencionarse en una todavía incipiente causa fiscal abierta ante las presiones de la población.
El organigrama político, los estamentos del propio Estado a los distintos niveles y los tres Poderes de la Nación fueron tocados por la avalancha de denuncias que generaron ya un sinfín de escándalos con pocas esperanzas de que la tormenta amaine.
El Parlamento trata a duras penas de escapar sin conseguirlo de los señalamientos a legisladores y funcionarios no sólo implicados en los hechos que llevaron a la muerte de Medina y Almada sino en toda la estructura de sostenimiento de la ilegalidad existente en un país considerado segundo productor de marihuana en América Latina.
Los intentos de llegar hasta la sanción a varios congresistas acusados por sus vínculos secretos y hasta públicos, según las denuncias, con los traficantes que apoyaron económicamente su elección, se tropezaron en la última semana con la sorpresa del historial delictivo de algunos de los parlamentarios suplentes, quienes pasarían a ocupar entonces esas bancas.
El gobernante Partido Colorado, que ostenta con el mayor número de funcionarios y legisladores acusados, se vio enfrascado en un debate interno dentro de su alta dirección entre los demandantes de sanciones ejemplares y quienes intentan algún grado de clemencia con sus colegas acusados.
El Poder Judicial acopia un importante número de jueces y fiscales bajo la acusación de venales, suspendió a unos cuantos muy destacados por ser generosos a la hora de liberar a narcotraficantes procesados y hasta condenados, y trata de sobrevivir a la tormenta jurando y perjurando que acometerá serias investigaciones.
Organismos destinados a la investigación y represión de las malsanas actividades se mantienen en la cuerda floja tratando de circunscribir el escándalo a los menores decibeles posibles para reducir las afectaciones que los descubrimientos ocasionan al propio Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, en las calles, las protestas son diarias y no parecen tener fecha de terminación porque se centran en el caso del periodista asesinado pero como punto de partida hacia la satisfacción del reclamo nacional de un saneamiento de las instancias del Estado, de los partidos políticos tradicionales e incluso de todas las reglas del proceso electoral que permiten el ascenso de transgresores de las leyes a los altos cargos ostentados ahora por muchos de ellos.