México, 11 ago (PL) Casi ocho décadas después de la nacionalización petrolera mexicana, las leyes secundarias de energía vuelven a abrir hoy la posibilidad de participación privada en la industria de los hidrocarburos en medio de una gran polémica.
Aunque ya el Congreso aprobó cada uno de los seis paquetes de normativas complementarias y el presidente Enrique Peña Nieto promulgó esas medidas con vistas a su publicación y puesta en marcha, varios grupos políticos y sociales continúan advirtiendo sobre posibles riesgos de esa decisión.
Las nuevas legislaciones, que regularán la reforma energética aprobada en 2013, son defendidas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional, Verde Ecologista y Nueva Alianza como una vía necesaria para el desarrollo del país.
Esas formaciones, junto al Ejecutivo mexicano, argumentan que la iniciativa traerá nuevos empleos, la reducción de precios de la electricidad y el gas, y una mayor competitividad de las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De las transformaciones impulsadas por la actual administración, la energética fue desde el principio la más importante, por referirse a uno de los principales sectores económicos del país, de ahí que fuera precisamente la última en aprobarse.
Entre los cambios que supone, se encuentra que Pemex y la CFE se convierten en empresas productivas del Estado -el Gobierno sigue siendo su propietario, pero no su administrador- y contarán con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Al mismo tiempo, las legislaciones secundarias establecen que compañías privadas nacionales y foráneas podrán tomar parte en las áreas de exploración, explotación y producción de hidrocarburos a través de cuatro modalidades de contratos: servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias.
Uno de los temas controvertidos es el hecho de que Pemex solo podrá acceder a un 30 por ciento de las reservas totales del petróleo y el resto quedará para el aprovechamiento de particulares, de ahí la crítica de sectores contrarios a la iniciativa, que la consideran una privatización.
Según la especialista del ramo energético en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Miriam Grunstein, ese podría ser el aspecto central de la reforma, porque la competencia que se generará será beneficiosa.
Sin embargo, Francisco Javier Carrillo, coordinador del Comité
Nacional de Estudios de la Energía, apunta que con ese orden de cosas
Pemex y la CFE quedarán absolutamente disminuidas y el sector tendrá con una descentralización perjudicial.
Al mismo tiempo, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Movimiento Ciudadano, todos opuestos a la reforma, sostienen que ambas compañías quedarán en desventaja para competir con las grandes transnacionales y se corre el riesgo de su desaparición.
Otro de los puntos álgidos en la legislación es permitir el uso del suelo mediante arrendamiento, convenios y, en caso de negativa de los propietarios, ocupación temporal de terrenos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Debido a ese apartado, diferentes organizaciones campesinas anunciaron que interpondrán juicios de amparo e inconstitucionalidad contra las leyes secundarias, porque violentan el principio de la propiedad y los derechos humanos de agricultores e indígenas.
A la ausencia de crecimiento económico y a las elevadas importaciones de alimentos que realiza México, se une ahora una reforma que prioriza la explotación de hidrocarburos sobre la producción agrícola, lo cual dejará al país a merced de la especulación del mercado alimentario internacional, manifestaron esas agrupaciones.
También generó gran controversia la autorización para el uso del
fracking o fracturación hidráulica en la extracción de gas shale, pues esa técnica ha sido suspendida en varios países a causa de los peligros medioambientales que supone.
Las fuerzas de izquierda y el grupo ambientalista Greenpeace critican esa práctica, consistente en hacer perforaciones profundas en la tierra y luego inyectar millones de litros de agua, debido a que puede generar sequía y mayor incidencia de terremotos en un territorio de tanta actividad sísmica como México.
Pero más allá de esas advertencias, la reforma y sus leyes secundarias son ya una realidad, y la única posibilidad de derogarlas, según fuerzas como el PRD, es realizar el año próximo una consulta popular que ofrezca a la ciudadanía la oportunidad de revertirlas.