México (PL) El derrame tóxico que contaminó dos ríos del estado de Sonora, al noroeste de México, considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en el país, marcó este 2014, pero ante la catástrofe, el Gobierno adoptó disposiciones para remediarla.
Ubicada en Cananea, la mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, el 6 de agosto pasado derramó en el río Bacanuchi, confluente con el Sonora, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, debido a la falla en el enlace de un tubo y la falta de una válvula.
El desastre provocó la contaminación del Sonora, afectado en 190 kilómetros, y el Bacanuchi, en 64 kilómetros, y de pérdidas millonarias para el campo y la industria de siete municipios -Arizpe, Aconchi, Banamichi, Baviácora, Huépac, San Felipe y Ures-, donde la actividad económica prácticamente se detuvo.
Los contaminantes igualmente generaron cambios, deterioros y modificaciones adversas en la calidad y disponibilidad del agua, y representaron un fuerte riesgo para poblaciones humanas, ecosistemas, y especies animales y vegetales, según informes.
Alrededor de 25 mil sonorenses de esos municipios quedaron sin acceso al agua potable, y empezaron a ser surtidos con pipas de agua que preservan en los llamados tinacos, depósitos de gran capacidad de almacenamiento, pero que resultaron entonces insuficientes, además de daños a la salud de los habitantes del lugar.

COMISIûN GUBERNAMENTAL

El presidente Enrique Peña Nieto designó, a mediados de septiembre, un grupo para atender la considerada más grave afectación ecológica en la historia de México, a fin de valorar la situación y empezar la subsanación de los daños.
Esta comisión gubernamental, encabezada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, priorizó la normalización del abasto de agua en la zona dañada a través de fuentes alternas y con el muestreo permanente de los pozos afectados. También destacó en las disposiciones el resarcimiento de los perjuicios a la salud humana, la protección a la población contra riesgos sanitarios, la reparación de las pérdidas económicas y la reactivación productiva en el área.
Esas reparaciones de los daños parten de la creación de fondo del Grupo México, de dos mil millones de pesos (150 millones de dólares), fideicomiso constituido con cuatro aportaciones de la empresa responsable del vertimiento tóxico, en etapas.
Tal fondo es una erogación independiente de las multas que las autoridades impongan en el caso tras el análisis de los daños en el ecosistema, y el monto podría incrementarse si el comité de expertos así lo determina, precisó Juan José Guerra, secretario de Medio Ambiente.
A finales de noviembre, Navarrete anunció que concluía la fase de emergencia, con base en estudios realizados por instituciones públicas y privadas encabezadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Señaló la conexión de los 19 pozos más importantes, lo cual significa un suministro de agua al 90 por ciento de la población del área, pues los monitoreos efectuados demostraron que el líquido está apto para su consumo, al presentar niveles dentro de la norma.
Además, continúa el proceso de perforación, equipamiento y conexión de 13 nuevos pozos, el seguimiento de muestreos, aunque no se observan ni en suelo ni en fauna niveles de toxicidad fuera de lo normado, subrayó.
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiente Sonora se encarga ahora de monitorear la calidad del agua y la salud de la población de forma continua y permanente en los próximos 15 años.
Cofepris, mientras, asume la certificación de los productos que emanan del río Sonora, garantiza a la población que no dañan la salud y cuentan con la calidad requerida para su comercialización.
Todo esto significa que se pasa de la fase de emergencia a la de remediación ambiental, con el mantenimiento de una vigilancia permanente a las condiciones de salud de la población y a la calidad del agua, comunicó Navarrete.

¿FINAL DEL RIESGO?

Un estudio del ecologista Luis Alonso Flores y miembros de la comunidad de la ciudad minera de Cananea apuntan que a pesar del plan de saneamiento por el derrame tóxico del Grupo México, «la verdadera contingencia aún no termina».
Alonso explicó a El Diario de Sonora que la referida empresa minera construyó varias represas con el propósito de eliminar las filtraciones superficiales de licor lixiable, las cuales actualmente fluyen en las cuencas.
Pero «esas represas están montadas con características rudimentarias, no están impermeabilizados para evitar se filtren los químicos que contaminan los mantos. Ecológicamente esta alternativa no es una solución».
A su vez, Alonso y residentes en el lugar plantearon que la minera es una fuente de empleos y eso es bueno para la ciudad, «aunque se están olvidando de lo más importante: la reglamentación técnica para las instalaciones mineras y metalúrgicas con un estricto criterio ecológico»
Por lo pronto, directivos gubernamentales insisten en que no hay posibilidad de un nuevo derrame, porque la autoridad ambiental ordenó la clausura del proyecto Ampliación de Terreros de Lixiviados Tinajas, donde ocurrió el incidente, y no permitirá su operación hasta tanto se cumplan las medidas de prevención normadas.
*Corresponsal de Prensa Latina en México.