La historia de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas está jalonada por la lucha entre progresistas y reaccionarios.

Dado que los regímenes republicanos se basan en la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los que se agregan los poderes fácticos de las oligarquías criollas, la prensa reaccionaria y las milicias corruptas, cuando las luchas del pueblo llegan a conquistar el ejecutivo, los reaccionarios se apoyan en uno, dos o más de los otros poderes para eliminar a los gobernantes progresistas y rehacerse del ejecutivo. Cuando no lo logran mediante el legislativo y el judicial, recurren al golpe de estado militar y la intervención extranjera.

En 1954, el presidente progresista de Guatemala Jacobo Arbenz fue destituido por la intervención del ejército estadounidense. Lo mismo ocurrió en 1965 en República Dominicana, contra el gobierno de Juan Bosch, que fue el primer presidente democráticamente electo luego de 30 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ambos golpes fueron apoyados por las oligarquías locales.

En 1973, sin el apoyo del poder legislativo ni el judicial, fue asesinado el presidente chileno Salvador Allende, mediante un golpe de estado militar, financiado por la oligarquía local y apoyado por los Estados Unidos, logrando imponer como dictador a Pinochet.

En 1976, la progresista presidenta argentina, Estela Martínez de Perón, fue destituida mediante un golpe militar para sustituirla con la feroz dictadura de los generales Videla y Galtieri.

En 2002, se intentó dar un golpe de estado en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez pero fracasó pues los militares leales no apoyaron a los militares rebeldes.

En 2012, el Poder Legislativo paraguayo realizó un juicio político contra el presidente Fernando Lugo, alegando “mal desempeño en sus funciones” y decretando finalmente su destitución.

En 2016, se destituyó a la presidente brasileña Dilma Rousseff utilizando a los poderes judicial y legislativo. Esto se inició cuando la Cámara de Diputados, encabezada por Eduardo Cunha, aceptó una denuncia por “crimen de responsabilidad”, enviada por el procurador de justicia jubilado Hélio Bicudo. El 17 de abril, ambas cámaras votaron la destitución (“Impeachment”). Después se descubrió que muchos de los impugnadores de Dilma estaban implicados en la corrupción propiciada por Odebrecht.

El 12 de julio de 2017, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acusado sin pruebas de “corrupción”, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión, por orden del juez Sérgio Moro (“No rengo más pruebas que mi convicción, pero con ella me basta”). Así lograron impedir una nueva candidatura de Lula a la presidencia e imponer al fascista Bolsonaro en la presidencia.

En 2019, Juan Guaidó se autoproclamó “presidente de Venezuela” con el apoyo de la Asamblea Nacional y con respaldo del gobierno estadounidense. Esto derivó en un espectacular fracaso, aunque la amenaza y la inestabilidad se mantienen hasta ahora.

Todos estos golpes, algunos “suaves” y otros cruentos, han sido apoyados por la prensa reaccionaria de sus respectivos países, sus oligarquías criollas y los Estados Unidos.

¿Y México?

En México fue donde los Estados Unidos inauguraron el método de los golpes de estado para deshacerse de gobernantes demócratas o progresistas. En febrero de 2013, mediante el llamado “Pacto de la embajada” promovido por el embajador  norteamericano Henry Lane Wilson, se concretó el golpe de estado contra Francisco I. Madero, que culminó con su asesinato, el de su hermano Gustavo y el del vicepresidente José María Pino Suárez para que, con el apoyo algunos militares golpistas y del Poder Legislativo, se impusiese la dictadura de Victoriano Huerta.

Actualmente, ante el triunfo electoral de MORENA en 2018, los reaccionarios, aun desde antes de la toma de posesión y hasta la fecha, realizan acciones encaminadas a generar condiciones para un nuevo golpe de estado.

Los progresistas cuentan con los poderes ejecutivo y legislativo. Los reaccionarios tienen a su favor a la mayoría de la prensa tradicional, las televisoras privadas, la mayoría de los gobernadores de los estados, la oligarquía criolla y la casi absoluta totalidad del Poder Judicial.

Las fuerzas armadas se han mantenido leales a la presidencia legítima aunque no han faltado intentos de convencerlas para que incurran en traición, como el llamado que les hicieron los policías federales rebelados contra el gobierno y auspiciados por el expresidente Felipe Calderón.

La lluvia de amparos con que tratan de bloquear las obras presidenciales y que le otorgan impunidad a los exfuncionarios corruptos que desgobernaron el país en períodos pasados, la rebelión de una parte de la Policía Federal y el llamado panista a la intervención extranjera son sólo barruntos que denotan lo que los conservadores mexicanos son capaces de hacer. La prensa reaccionaria, por su parte, desempeña su papel según los cánones establecidos en los golpes de estado latinoamericanos.

En esta situación, sólo el pueblo organizado puede impedirlo.