Por Enrique Rodríguez Martínez

La lealtad que ha caracterizado a los mandos superiores del Ejército y la Armada en México desde la era posrevolucionaria hasta nuestros días ha sido hacia el Estado mexicano. Los signos de que nuestras Fuerzas Armadas se involucren en la dinámica del juego político del régimen, le pone presión adicional a la coyuntura de excesos del presidencialismo autoritario que está de vuelta con todos sus vicios y riesgos.

Es muy delicado que la máxima autoridad castrense, después del comandante supremo, establezca una narrativa que rompe el equilibrio y la prudencia que han caracterizado a los secretarios de la Defensa Nacional.

A los generales les ha distinguido una jerarquía que está por encima de las abyecciones comunes en algunos secretarios que tienen como primer objetivo agradar al presidente que les designa. Respetar la cadena de mando que rige su comportamiento no significa que los altos mandos militares entren al campo minado de lo que el propio Andrés Manuel López Obrador ha etiquetado como politiquería.

En América Latina se conocen muchas historias terribles que comienzan con ese coqueteo de los mandos militares hacia la incidencia en temas políticos y nunca terminan bien. No es coincidencia que después de los traumáticos pasajes de nuestra historia la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en su artículo 17 determine que: “Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de los dispuesto por las leyes”.

La restricción es muy amplia, pero contundente y basta con un pronunciamiento o un derrapón para ubicarse en el supuesto que me parece se actualiza con las desafortunadas expresiones del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena en la ceremonia del aniversario del inicio de la Revolución mexicana, frente al presidente López Obrador, luciendo el uniforme de gala.
Sabiendo que captaba la atención de los medios de comunicación y siendo el orador de una ceremonia oficial habló de lo que llamó la “tercera transformación” (la Revolución) y lanzó el exhorto para adherirse a lo que López Obrador ha autodenominado la cuarta:

“Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones, el bien de la patria. Se enfoca en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud, y seguridad, entre otros rubros. Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación que está en marcha”.

El secretario se equivocó rotundamente, olvidó la institucionalidad para rebajarse como un porrista más y de paso metió al Ejército en un callejón inconveniente que no le corresponde. Rebasó una frontera que sus antecesores siempre respetaron.

Fue un discurso atípico para un militar de ese rango, en el que además remató: “Para nosotros es un timbre de orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo, las bases están sentadas y se avanza con paso firme en el proyecto de nación que usted ha impulsado desde el inicio de su gobierno”.

Desde el punto de vista de diversos juristas, especialistas y académicos, el secretario de la Defensa a nombre de las fuerzas que representa se ha identificado y unido públicamente al proyecto de la autodenominada 4T, lo que desde la óptica de Human Rights Watch constituye un abierto riesgo para la democracia.

La postura sostenida de las Fuerzas Armadas en la dinámica política había sido de neutralidad y el discurso del 20 de noviembre la resquebrajó para encender las alertas sobre un compromiso propio de un militante, no de un mando castrense obligado por ley a guardar distancias respecto a pronunciamientos de promoción que de ninguna manera se hicieron a título personal sino en representación de las instituciones armadas.
La lealtad del Ejército y la Armada no se deben encauzar al gobierno, sino al Estado. Sandoval González le dio connotación política a su discurso para incidir en ella y mandar un mensaje con el que no todos sus colegas están de acuerdo.

La vida castrense dispone del uso de la fuerza, es su naturaleza y por eso la historia nos recuerda que la milicia no es compatible con este tipo de arengas, de ahí la prohibición expresa de la ley vigente que cité al inició de este texto.

Cresencio Sandoval confunde un proyecto político con los puntos de quiebre de nuestra historia. Equiparar la Independencia, la Reforma y la Revolución con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que dista mucho de ser transformador, es un dislate monumental y en voz del general secretario ha provocado justificadas inquietudes.

¿Qué pasaría si el comandante supremo de las Fuerzas Armadas (presidente López Obrador) ordena perseguir a un grupo de los etiquetados adversarios a su régimen político, por amenazar su llamada Cuarta Transformación? A la luz del multicitado discurso, nos pondría en un terreno ya transitado en el pasado que nadie en su sano juicio desea invocar por doloroso y peligroso.

Es imperativa una aclaración pública para desactivar lo que esperamos haya sido sólo un discurso mal logrado para buscar el aplauso fácil de los fanáticos que dejan a un lado el razonamiento equilibrado.

EDICTOS
El lunes pasado se declaró que las obras de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía son considerados proyectos de “interés público y seguridad nacional” para tratar de frenar los amparos que pudieran detener estas construcciones, conforme a lo que establece el Acuerdo publicado en el Diario Oficial durante la tarde del 22 de noviembre. Además ordena que las dependencias del gobierno federal faciliten en modo fast track autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias y cuanto trámite se requiera para agilizar estas obras, aunque su ejecución pudiera vulnerar derechos protegidos por la vía del amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

El acuerdo del Ejecutivo federal es inconstitucional, ya que el presidente no puede blindar sus actos contra las decisiones de los jueces federales, porque invade la esfera de atribuciones de otro poder no supeditado a él.

Para ello, basta con revisar la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Corte número 206442 en la que se asienta con claridad: “No basta la circunstancia de que se pida la paralización de los efectos de una ley, para negar la suspensión bajo el argumento de que ella responde al interés general y es de orden público, ya que todas las leyes en sentido amplio participan de esas características”. “Resulta imprescindible incluso para la conservación de la materia del juicio, analizar los diversos grados de afectación al interés social y al orden público y la causación al quejoso de daños y perjuicios de difícil reparación”.

Es decir, López Obrador pretende cancelar por decreto las suspensiones que detienen sus megaproyectos, aunque la ejecución de las obras atropellen garantías y de paso tiende un manto de opacidad para negar la entrega de información sobre las construcciones que realiza bajo el pretexto de que son temas de seguridad nacional. Al Presidente le molesta mucho el juicio de amparo para proteger las garantías de los ciudadanos y eso define con nitidez su autoritarismo. Y en la coyuntura una nueva ministra 4T llegará a la Corte para fortalecer su bloque de incondicionales, salvo que la doctora Loretta Ortiz nos muestre con sus decisiones y votos una faceta autónoma en el Tribunal Constitucional. Estaremos atentos a su desempeño, mientras tanto habrá que darle el beneficio de la duda.

Colaboración de Latitud Megalópolis