Por Guillermo Robles Ramírez

En Coahuila, el transporte público urbano de pasajeros, al igual que el de acarreo de materiales para la construcción, el de personal de maquiladoras, el de fletes en pequeño y al mayoreo, desde hace medio siglo en muchos de los casos, aunque hay otros con más años de antigüedad, se encuentra en manos de unos cuantos.

Han sido negocios del transporte que hasta se heredan, puesto que muchos de ellos son manejados por nuevas generaciones. Y, cuidado si alguien más, de esos atrevidos que creen en la apertura y la democracia en el transporte público, osan con incursionar en ese próspero negocio, porque inmediatamente son bloqueados y cuando esas acciones no surten efecto, esos monopolistas recurren al cierre de calles exigiendo a las autoridades no dar más franquicias o concesiones, porque solo ellos quieren disfrutar de esos beneficios que se supone y al menos se entiende que es para todo aquel que cumpla con las normativas y requisitos que se establecen en estos casos.

Ante este monopolio, los únicos que pagan los platos rotos, así como los malos tratos son los usuarios, conductores particulares, así como aquellos particulares quienes quieren ganarse la vida de manera honesta transportando a coahuilenses por medio del uso de las famosas apps, como Uber, Didi, entre otros más que existen, son motivo de víctimas de agresión por el gremio del transporte público.

Hemos sido testigos de los plantones e inconformidades que han hecho sobre todo los taxistas reclamando igualdad de cumplir “requisitos”, obligatorios que ellos hacen y los particulares de transporte por medio de aplicaciones no. También la ciudadanía ha pedido que igualen la calidad de sus unidades viejas, y sucias por vehículos de modelos más recientes.

Desconozco si dentro de la normatividad o reglamento del transporte público se estipula la obligatoriedad para mantener esas concesiones son el uso de unidades no mayor a dos a tres años como les exigen a los particulares que trabajan en Uber, etc. Y si por alguna razón no existe regulación alguna, pero sí se pretende normalizar a los particulares; justo sería que también los legisladores y diputados locales actualizaran las mismas normas para quienes pretendan conservar concesiones de transporte público.

Pero no solo sucede en el transporte de taxis, sino que es en general y lo hemos visto en el pasado, ya que hace algunos cuantos años atrás para ser precisos en el año 2002, un grupo de transportistas de Torreón, concesionarios de transporte de personal, pasajeros, acarreos materiales, fletes de todos los niveles, etc., se manifestaron públicamente en la capital del Estado, cerrando uno de los bulevares más importantes de Saltillo y causando serio caos vial.

Viajaron desde Torreón para inconformarse porque allá en la Perla de La Laguna, había surgido una nueva empresa de transporte de personal de maquiladoras, fábricas, etc., con mejores camiones y servicio, además de más barato que las tartaletas y chatarra de los llamados camiones propiedad de uno de los concesionarios más viejos y mafioso de la Comarca Lagunera.

La empresa que rescindió el contrato y obviamente contrató el de su nuevo cliente por las razones expuestas e inmediatamente sobrevino la protesta pública, que por cierto, de lo más injusta y fuera de la ley; dejando ver públicamente que los viejos y abusones concesionarios, los de siempre, del transporte de pasajeros de Torreón, pretendían solo operar ellos en camiones viejos y caros, lo que a todas luces, no solo es anticonstitucional, sino arbitrario.

Lo anterior es solo una referencia porque lo mismo ha sucedido en otras cabeceras municipales de Coahuila, pero Saltillo, como capital de la Entidad, ha tenido que pagar la presión de estos caciques del transporte público, y agremiados del volante.

Es tiempo de que los concesionarios del transporte de siempre y de todos los renglones, dejen de continuar viviendo en los obsoletos esquemas y métodos de la intimidación y por qué no, hasta de corrupción y acostumbrarse a la oferta y demanda que es la que debe operar.

En Torreón, desde hace más de cincuenta años, las concesiones han estado en manos de unas cuantas familias y que son las de siempre porque solo ellos quieren seguir explotando ese servicio. Las familias de siempre que tienen las concesiones son los Cazares, los Santillán, de la Torre, Cabrera, de la Rosa, Ayala y dos que tres más.

Este monopolio existe en todas las regiones de Coahuila, por eso, por ejemplo, en Saltillo, la mayor parte de las concesiones o están a nombre de Gaspar Valdés, ya fallecido y ahora de Tereso Medina, o bien de los Alcalá o demás viejos líderes y ahora sus hijos.

Los tiempos cambian y si los antiguos lobos concesionarios no lo quieren entender, tarde o temprano habrán de aceptarlo, aunque para muchos será demasiado tarde, pues a la gente, al usuario y quien paga por estos servicios, ya hay que darle mejor servicio y cotizaciones razonables, porque antes que nada está la oferta y demanda que no podrán combatirla con cierre de calles, manifestaciones públicas ni hociconeando contra las autoridades.

Aunque mucha ayuda sería que el Congreso del Estado de Coahuila, hiciera una actualización a las actuales leyes y/o reglamentos para las necesidades y beneficio de los coahuilenses, así como instrumentos legales para las autoridades municipales puedan actuar de manera legal y sin pasar a ser la burla de los concesionarios como sucede actualmente. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org