Por: Guillermo Robles Ramírez

Nunca serán criticadas las acciones por parte de nuestras autoridades cuando se trata de hacer un bien a la comunidad o para mantener la integridad de la ciudadanía y más siendo medidas para dar mayor seguridad a la comunidad.

La decisión del cierre de casinos y table dance en Coahuila por considerarlo un factor para bajar el crimen organizado al igual que sus operaciones, pudo haber sido acertado, sin embargo, para los ojos de los coahuilenses hay quienes no lo ven así porque todavía existe violencia en los municipios de la entidad por éstos grupos delictivos. En algunos se dan más que en otros, al igual que en muchos medios prefieren no publicarlos por cuestiones de seguridad, pero no por eso es un indicador para asegurar la baja de sus actividades porque dentro de las colonias populares se habla mucho al respecto.

Posterior a la clausura de esos negocios de giro negro en la capital de Coahuila, se empezó a dar un cierre a diferentes tipos de negocios clandestinos, principalmente la venta de bebidas embriagantes pero también el de comercios que tenían años establecidos y operando regularmente como el de yonkes, talleres mecánicos y casas de empeño, entre otros, que la gente se preguntaba cuál era el tipo de relación que pudiera tener con el crimen organizado o de qué manera bajaría la delincuencia y por otro lado, los dueños molestos por la injusticia que se estaba cometiendo.

Todo parecía tratarse de una campaña de seguridad excesiva, no obstante esa confusión, quedó aclarado que muchos de esos negocios tenían años operando fuera de la normatividad dela Presidencia Municipalde Saltillo, incumpliendo el reglamento de desarrollo urbano y construcción como también el de equilibrio ecológico y protección ambiental y hasta normativas de protección civil.

Muy respetable los criterios que se tomaron para poder poner un orden a muchos comerciantes de la capital de Coahuila y no tiene nada de malo. Todo se puede hacer pero siempre y cuando existan las formas y tiempos.

Las decisiones tomadas de manera impulsiva por lo general son las que generan más problemas que soluciones. Este podría ser uno de los casos en donde la siguiente administración municipal tendrá que lidiar ya que el uso de policías municipales al igual que el de Grupo GROMS fue de manera excesiva e intimidatoria para aquellos comercios a los que acudieron para ponerles sellos de clausurado o cierre temporal dejando en un estado de indefensión jurídicamente a los propietarios.

Se podría considerar que el 80 por ciento de los cierres de todos éstos comercios incurrieron en irregularidades por parte de la autoridad como la falta de la ejecución de avisos preventivos o apremio por el incumplimiento de un reglamento, pero la más grave de todas es la usurpación de funciones públicas quedando demostrado ante las gráficas publicadas en los periódicos locales en donde se ve muy claro que tanto policías municipales como los grupos policiales especiales, son quienes están poniendo los sellos, cuando esa función es exclusiva de un actuario o en su defecto la autoridad a quien le corresponda como son los inspectores municipales.

Se ha pisoteado en su totalidad el Código Penal de Coahuila de Zaragoza en su Artículo 280 Bis, como también el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción para el Municipio de Saltillo en su Artículo 363, 369 y 370.

Ese es un descuido por parte de quienes ven la cuestión jurídica del Municipio de Saltillo que consideran que por el hecho de tener un documento para atribuirles facultades a las diferentes corporaciones policiacas y grupos especiales de hacer funciones de diligencia, tener en su poder todo tipo de sellos y talonarios de cada uno de los departamentos del municipio, serán motivo de poderse pelear de manera jurídica porque para iniciar fue una decisión no acordada en el cabildo y en el supuesto caso de que se hubiera cabildeado, este debió de haberse publicado enla Gaceta Oficialo en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.

Tampoco se tomó en cuenta que para éste tipo de operativo su costo es muy elevado y no se puede tener elementos policíacos con una carga más de funciones a las que realmente son, ya que en ese caso es preferible indemnizar laboralmente a los inspectores porque hay otros que están haciendo su trabajo y es como si se estuviera pagando doble salario para la ejecución de una misma labor.

Ahora bien, dentro del trabajo de los distintos inspectores municipales es injustificable que sean acompañados por un convoy de seguridad, pues la ley contempla la presencia de un elemento policíaco en el supuesto caso de existir una situación en la que peligre la integridad del personal que ejercerá la función de vigilancia e inspección.

Por lo pronto, el despertar de algunos propietarios apenas se está dando en donde están buscando de diferentes formas legales para recuperar sus negocios y no es de dudarse en la que pidan reparación de daño y la pérdida de ingresos no devengados por haber sido ignorado y pisoteado el Código Penal de Coahuila. Pero ese será un episodio que vivirá la próxima administración municipal de Saltillo. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org