Por Guillermo Robles Ramírez

Desde hace tres años atrás, México se sumó a los países como Suiza, Estados Unidos, Chile y otros que cuentan con sanciones específicas para las personas que se dediquen a la inhumana actividad de entrenamiento de animales, para lucrar en peleas, al menos los perros son los más explotados, en la clandestinidad.

Lo anterior de acuerdo la última reforma hecha en el año 2017 en su Artículo 419 bis del Código Penal Federal se establecieron multas que van de 200 a dos mil salarios mínimos de multa y dependiendo de la gravedad del delito, cárcel por seis meses y hasta cinco años al dueño de cualquier raza de perro que se compruebe que lo ha adiestrado para competir en riñas entre estos animales.

Se incluye en este delito a aquellas personas que promuevan, patrocinen, vendan entradas u organicen eventos de pelea de perros y también si son poseedores o administran la propiedad en donde se realicen estos “eventos”.

De igual manera serán castigados aquellos que permitan el acceso a menores de edad, como a los que los realicen con fines lucrativos.

Por otro lado, cuando en este tipo de delito se involucre a funcionarios de los diferentes niveles, las mismas sanciones ya citadas aumentarán hasta en una mitad y se impondrá un tercio de la pena a espectadores o asistentes a peleas de perros.

La incidencia de ataques de perros no solo callejeros, sino también de los que se mantienen en perreras particulares o en los hogares de sus propietarios, ha obligado a nuestros legisladores mexicanos y en caso específico a los diputados federales a crear y aprobar reformas en ciertas leyes como sucedió hace tres años atrás, para considerar como delito, lo mismo que aplicar multas y otras medidas correctivas a los dueños de canes que entrenen a éstos a peleas.

Podrán crearse muchas leyes y reglamentos, pero mientras no se actúe, es decir, sancionen a quienes violen esas reglas, las cosas seguirán igual o peor que antes.

Considero que estas prácticas son más que deplorables por un ser humano en fomentar, la violencia hacia otro ser vivo que por sus propias características está en desventaja, es decir, indefenso.

Es elogiable que los legisladores federales participen en temas que flagelan a la sociedad, sobre todo en Entidad como lo es en Coahuila en donde el problema existe desde hace años al grado de que para su realización se ha instituido una complicidad entre los organizadores y los grupos policiales, hecho que es conocido por los pobladores.

Generalmente estos espectáculos se realizan en sectores apartados de las manchas urbanas para evadir a la policía y se trata de personas conocidas e identificadas por los mismos habitantes de esas comunidades.

Las peleas entre perros, seguirán no solo en Coahuila, sino en el resto del país, si no se le es asignado un presupuesto etiquetado para hacer cumplir la ley, así como las facultades de dominio para que una autoridad de seguridad pública tenga jurisdicción en esos poblados que “dizque” están fuera de la mancha urbana.

No es suficiente llenarnos de leyes cuando éstas carecen de un mecanismo logístico y evidentemente económico para poder realizar en hacer cumplir la ley, para poder evitar que se formen más adeptos que ven cómo dos animales pelean por su vida, mientras los espectadores disfrutan el inhumano “espectáculo” bebiendo “chela y chela” que es además de las apuestas que se “cruzan” el negocio más redituable que tienen los organizadores de estas peleas ante la complicidad e impunidad de las autoridades. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org