Por Guillermo Robles Ramírez

Los incontables y trágicos accidentes de trabajo continúan ensombreciendo la historia de la Región Carbonífera de Coahuila, por la falta de energía y actuación de las autoridades federales de Trabajo y Previsión Social, que ha sido apática e indiferente en su obligación de las medidas de seguridad que establece la ley para sus trabajadores que trabajan bajo tierra.

Lo más reciente es lo ocurrido en la mina de carbón en Sabinas, Coahuila; considerado como el más trágico después del año 2006 con la explosión de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas.

Una tragedia más que será recordada en la lista como una lamentable pérdida en nuestra entidad por su gran magnitud, sin embargo, esto no significa que antes no ha habido otras pequeñas que no han captado la importancia de su cobertura en los medios de comunicación.

Al igual que todos estos accidentes, después del infortunio sale a relucir sobre las malas condiciones, omisiones que antes ya se habían advertido e incluso hasta reportado por los mismos mineros y/o trabajadores. Y éste nuevo desastre en el área laboral de rubro minero coahuilense tampoco fue la excepción, porque ya se habían advertido las irregularidades existentes de acuerdo a declaraciones del colectivo Pasta de Concho, agrupación cuyo objeto es velar la defensa y derechos laborales de los mineros de carbón.

Coahuila no ha contado con una Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de digna, con personal necesario, suficiente y capacitados para realizar verdaderas inspecciones no exclusivamente sobre las condiciones de seguridad que existen en los yacimientos de carbón, sino también para obligar a los “concesionarios o explotadores” de las minas a tajo abierto que son las que más existen en Coahuila, pero que están desprotegidas por las más mínimas garantías que marca la ley respecto a prestaciones sociales y salariales, además la contratación de “mineros” menores y precisamente esa falta de inspectores para mantener una permanente y constante vigilancia, ya que esa falta de personal permite a los concesionarios a ocupar a chavales que no rebasan en gran parte los 16 y 17 años.

La indolencia del Gobierno Federal, se refleja hasta en la cantidad de Oficinas de Representación Federal del Trabajo de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, puesto que de acuerdo al directorio publicado en la página oficial del Gobierno de México, en Coahuila solo existen tres de ellos. En ciudad de Torreón, estando al frente José Luis González Fuente, en Saltillo estando encargado María Teresa Melchor Pérez, y por último en Sabinas con María Susana Ojeda Garza, siendo esta información publicada con su última actualización en junio 2022, solo tres para Coahuila que genera el 90 por ciento de la producción nacional de carbón.

Es toda una realidad que las minas o tajos de carbón a cielo abierto, trabajan con impunidad de la Delegación Federal del Trabajo y no precisamente porque esa “protección” se las brinde esa dependencia, sino porque los pocos elementos que la integran, no alcanzan para realizar supervisiones de seguridad, como tampoco la cuestión salarial, Seguro Social, así como otros factores.

Ha sido tanta la indiferencia del gobierno federal para dotar de equipo y personal de campo suficiente para acabar con la explotación de los mineros carboneros de Coahuila. Esto ha sido y seguirá siendo una constante mientras la Secretaría Federal del Trabajo no se faje los pantalones y actúe conforme a la ley.

Estos funestos hechos llevan años repitiéndose frecuentemente en la Región Carbonífera de la Entidad, enlutando los hogares de esforzados trabajadores y seguirán sucediendo mientras no apliquen medidas disciplinarias apegadas a la ley.

En la Región Carbonífera es común que se cometan las triquiñuelas y corruptelas que existen entre las empresas mineras y los inspectores del Trabajo, afirmándose que a éstos les pagan su disimulo, tolerancia y “ceguera” para que no “moleste” a los patrones mineros y más tratándose de extranjeros, al menos es un secreto a voces sobre la existencia de esa existente complicidad, sin importar las víctimas o mineros que pagan por esa indiferencia.

Sin que ello sea un justificante, hay que sumar el hecho de que a la Delegación Federal en Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se le tiene restringido el número de inspectores, lo que motiva que éstos trabajen con las uñas y se “dejen” corromper aunque vaya de por medio la vida humana, lo que no es justo ni correcto, pero así son las cosas.

Mientras no se corrijan esas irregularidades, la tragedia seguirá en la Región Carbonífera, por tanto, no esperemos milagros ni esperanzas por la titular nacional de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuyos mineros coahuilenses no la conocen.  (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México).  www.intersip.org