La ilegalidad de Saltillo
El uso de foto-multas, será aplicado a partir del próximo 2015 como un proyecto en donde la capital de Coahuila utilizará la tecnología para multar a los conductores que se pasen el semáforo en rojo y exceso de velocidad.
Aunque solamente se han instalado diez cámaras en lugares estratégicos considerados como vialidades conflictivas en el municipio de Saltillo, Coahuila, para fotografiar las placas de aquellos vehículos que comentan algún tipo de infracción y se encuentran en una etapa de prueba al igual que las pláticas para la firma de convenio con la Secretaría de Finanzas para compartir el padrón vehicular, es decir, los datos personales de cada uno de los ciudadanos que tengan como propiedad cualquier medio de transporte que haya pagado tenencia.
La connotación de la necesidad de implementar éste tipo de herramientas a un procedimiento administrativo municipal que se encuentra debidamente instituido en el Reglamento de Tránsito, nos pueden decir tres cosas, la primera significativo a la modernidad y la otra algo preocupante es la carencia de presencia de policía de tránsito y la tercera que éstos elementos de seguridad vial no están haciendo bien su trabajo.
En la actualidad solamente existen cinco Estados que utilizan éste tipo de medidas: Puebla, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Chihuahua. Aunque el uso de la foto multa en éstos estados continúan en alguno de ellos la falta de legalidad por no encontrarse debidamente bien legislado para la implementación o que continua en discusión su aprobación en el Congreso.
Al día de hoy a lo que concierne al Congreso del Estado de Coahuila es un tema que ni siquiera ha entrado en materia a discusión, es decir, nadie ha solicitado ni siquiera el Ayuntamiento de Saltillo la incorporación a las leyes de Coahuila, el uso de la foto multa.
Aunque existe una buena relación entre el Gobierno de Rubén Moreira Valdés y los 38 ayuntamientos de Coahuila, la pretensión de la cabecera municipal de Saltillo de hacer uso de esta medida con el pleno conocimiento de no estar legislado, continua siendo un misterio e incluso una ilegalidad en el supuesto convenio a firmar por parte de la Secretaría de Finanzas para compartir el padrón vehicular en donde se violente el derecho de la privacidad de datos personales al no tener ni siquiera conocimiento de quienes o qué empresa particular será la encargada del monitoreo de las cámaras y emisión de multas a domicilio.
El uso de la tecnología para multar a todo aquel mal conductor son con las mejores intenciones para poder bajar el alto índice de accidentes automovilísticos que andan en exceso de velocidad, que no usan el cinturón de seguridad y aquellos que se encuentran no solamente distraídos con las llamadas de celulares sino lo que cada vez es más frecuente el “Whatsappeo” de los conductores mientras el vehículo está en movimiento o en el intercambio de la luz verde de los semáforos.
Más no obstante, ésta medida que pretende implementar el Ayuntamiento de Saltillo, viola las garantías individuales en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política Mexicana, en donde seguramente cualquier ciudadano quien reciba una multa en su domicilio por ésta causa tendrá todo el derecho de demandar un amparo y evidentemente la consta de gastos generados por ello.
La ilegalidad de Saltillo para el 2015 en donde las arcas municipales ya se están frotando las manos será una de las peores decisiones tomadas a la ligera sin sustento legal, más que el tradicional estilo mexicano, es decir, a la malagueña. Se desconoce su logística de quiénes estarán detrás del monitoreo y de ser una empresa privada quien tendrá nuestros datos personales es otro derecho pasado por el arco del triunfo y tampoco se sabe el mecanismo con validez legal para hacer llegar las notificaciones ya que éstas también deben de cumplir su cuerpo y forma legal, ya que carecerá de validez la notificación electrónica, correo certificado o cualquier otro tipo de vía en la que no se tenga por notificado en el domicilio del propietario en donde la anulación de la multa es seguro ante cualquier juzgado en materia de lo civil en donde el mismo Ayuntamiento de Saltillo podría incurrir en una ilegalidad de atribución arbitraria de responsabilidad.
La carencia de un representante de la ley en éste caso un agente de tránsito que ratifique la multa a declarar será otra de sus debilidades ya que es muy necesario para aclarar los hechos en los casos que se presente una confusión como es la falta de claridad de la imagen o el cómo comprobar que efectivamente la fotografía demuestre el ángulo correcto en donde se cometió la falta como es el pasarte un rojo de semáforo porque pudiera ser que se dispare por error en un verde sin haber cometido ninguna falta, y la otra será demostrar la alta velocidad con los datos indispensables del radar que determinará la rapidez del vehículo.
En el caso contrario de carecer cada uno de éstos elementos será simplemente un atropello a los derechos y garantías de los saltillenses. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013) www.intersip.org
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