Son necesarias algunas reflexiones ante el alboroto producido por la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, veinte años después de ser juzgado culpable de asesinar a un agente policíaco en la ciudad norteamericana de Houston.

Periodistas, legisladores y líderes de opinión de todo el mundo han reclamado airadamente por la debilidad con que el gobierno de nuestro país defendió al paisano, y alegando que se incumplieron algunas formalidades consulares previstas en diversos tratados internacionales. Probablemente tengan razón, pero el fondo del asunto debiera ser el respeto a toda vida humana, independiente de nacionalidades y legalismos locales.

Estados Unidos de Norteamérica, el imperio más poderoso de la historia, autoerigido gendarme y juez de todo el planeta, hipócritamente defensor del medio ambiente y de todas las causas nobles, junto con Canadá se niega sistemáticamente a cumplir con el acuerdo mundial firmado en 1997 en la ciudad de Kyoto para evitar la emisión de gases industriales contaminantes, comete espeluznantes actos de tortura en prisiones como Guantánamo y Abu Ghraib, y mantiene vigente la pena de muerte en su legislación. Pero los escandalizados por la ejecución del convicto Tamayo no levantan su voz para denunciar esas atrocidades, verdaderos crímenes de lesa humanidad, generalizados y sistemáticos, perpetrados por las autoridades de ese país contra población civil por motivos políticos, económicos y raciales.

La Constitución Política de 1917, una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo social universal, fue la primera en incluir los derechos sociales en la legislación laboral, seguida por la República de Weimar en 1919 y por España en 1931 y, para fortuna y honor de nuestro país, sigue siendo modelo ejemplar al prohibir la pena de muerte gracias a la iniciativa del diputado federal Martí Batres Guadarrama, presentada al Congreso de la Unión en febrero de 2002 y publicada por Vicente Fox en diciembre de 2005.

En tal sentido, sería bueno aprovechar la pasajera indignación pública que provocó una de las muchas sentencias mortales que se cumplen anualmente en el estado de Texas para evitar que se conserve esa aberrante tradición. Dadas las circunstancias bélicas militares y civiles que se viven en diversas regiones de México, y ante el bizarro frenesí reformador de nuestros legisladores, sospechosamente dedicados a controvertir y subvertir el contenido y el sentido original de nuestra máxima ley, la sociedad en su conjunto, con el concurso de sus intelectuales y académicos más progresistas y liberales, debe permanecer atenta para evitar una posible pero peligrosa retrogradación que nos llevara a las condiciones previas a la revolución de 1910.