El 5 de febrero, se celebra el 162 aniversario de la constitución de 1857 y el 102 de la de 1917.

Ambas constituciones, resultado de movimientos revolucionarios, plasmaron las exigencias de una sociedad emergente que pedía para sí, en un nuevo contrato social, mayores garantías de justicia.

A más de un siglo de su promulgación, es preciso reflexionar sobre el estado que guarda la constitución de 1917 después de haber sufrido el embate de las diversas fuerzas políticas y económicas del país y del mundo.

La constitución de 1857 fue el resultado de la lucha que impulsó un conjunto de brillantes hombres liberales los cuales tuvieron en todo momento la visión de un México honroso y justo.

Después de haber enfrentado a la poderosa clase conservadora, los liberales logran imponer una constitución de avanzada.

El constituyente de 1857 entre otras cosas, impulsó la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, propuso la educación laica e impulsó el derecho de amparo.

El conjunto de leyes del nuevo constituyente, vinieron a trastocar los privilegios de la clase dominante, además del clero y la milicia.

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, se soslayaron de forma burda, los principios fundamentales de la carta magna.

Con más de treinta años de derechos conculcados, la sociedad sufrió una serie de abusos impensables: la esclavitud, como un hecho normalizado se hizo presente en las haciendas henequeneras de Yucatán y Valle Nacional, Oaxaca; el despojo de tierras a través de la ley de ocupación y enajenación de terrenos baldíos, dio paso al despojo; la paz impuesta por la bayoneta, creó un auténtico estado de terror en la nación; la violación de los derechos político electorales de los ciudadanos y un sinnúmero de abusos, crearon el caldo de cultivo para la revuelta social de 1910.

En 1917, después de la dimisión de Porfirio Díaz, la elección y asesinato de Madero, el derrocamiento de Victoriano Huerta por la fuerza del ejército constitucionalista, llegaría al poder, Venustiano Carranza y con él, la promulgación de un nuevo constituyente.

La nueva carta magna, incorpora en sus líneas, leyes sociales de gran trascendencia.

Destacan por su importancia el artículo tercero, el 27 y el 123, artículos en los que se definieron condiciones de avanzada sobre la educación, el trabajo, la propiedad de la tierra y las riquezas del subsuelo.

Difícil sería abarcar en este breve espacio lo señalado por cada artículo, baste decir que en cada uno de ellos, se plasmaron de forma fiel, las exigencias de las fuerzas políticas y sociales presentes en el movimiento armado, conocido como Revolución Mexicana.

A 102 años de la promulgación de la constitución de 1917, poco o nada queda de ella.

Cierto es que las leyes y sus modificaciones, deben responder a las circunstancias y exigencias sociales del momento, sin embargo, la mayoría de los cambios legislativos que ha sufrido la constitución han obedecido a los intereses y exigencias aviesas de los sectores que tienen el dominio económico de la nación.

Las modificaciones, en estas circunstancias, han tenido un efecto negativo en la sociedad: El despojo de la tierra se ha hecho moneda corriente y las jornadas y condiciones laborales se han modificado a grado tal, de visibilizar a la vida decorosa, producto del trabajo, como una opción lejana de poderla hacer objetiva.

Lejanos quedaron las pretensiones de justicia social, plasmados en la constitución de 1917.

Bajo la serie de condiciones que prevalecen en la sociedad, hoy más que nunca, se precisa de un nuevo contrato social, de un constituyente que incorpore las exigencias de justicia y rehaga un conjunto de leyes que respondan a los intereses de la sociedad y no a un sector privilegiado.

La justicia social es un pendiente que las fuerzas políticas tendrán que atender con denuedo.

Con la misma fuerza requerida para imponer condiciones de justicia social, este columnista se suma a la exigencia de justicia para el profesor José Manuel Fernando Moreno Vera, catedrático de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), quien ha sufrido la agresión de las autoridades de la institución por el simple hecho de exigir que no se siga obligando a los alumnos a asistir a actos políticos.

Las prácticas del corporativismo deben abrir paso a la cultura democrática. ¡Justicia para el maestro Fernando Moreno Vera!

También puede interesarte: RICARDO MONREAL AÚN IMPULSA AL SENADOR ARMENTA PARA PUEBLA