Las y los jóvenes indígenas del Valle del Mezquital (región montañosa del estado de Hidalgo) ven cómo desde 2011 cuando llegó el PAN al gobierno municipal de Ixmiquilpan, se mueve la balanza para que la sociedad se incline “a favor de la vida” y niegue derechos a las mujeres.

Areli tiene 20 años de edad y es promotora otomí de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el municipio de El Cardenal. Afirma que si de ella dependiera despenalizar el aborto no dudaría en hacerlo, ya que muchas jóvenes han puesto fin a sus embarazos no deseados a costa de arriesgar sus vidas.

En 2013, el 17 por ciento de las niñas y adolescentes hidalguenses de 10 a 19 años de edad presentó un embarazo; además, ese mismo año la entidad presentó un aumento de 7 por ciento en embarazos tempranos con respecto a 2012, según el Inegi.

A decir de Areli, las jóvenes interrumpen un embarazo para seguir estudiando, buscar empleos bien remunerados y aumentar sus posibilidades de desarrollo. “Compran pastillas por internet, van a clínicas clandestinas o toman tés de hierbas para que su embarazo no continúe”, asegura.

Así sucede en comunidades como Capula, que registra el mayor número de embarazos prematuros de toda la región, ya que de 15 mujeres gestantes que van a la Unidad Médica Rural, ocho son menores de edad.

Rosa es una mujer de Capula que prepara un té con una planta que sólo se consigue en los montes del Valle, “para que baje la regla”. De 53 años, cuenta que las jóvenes (la mayoría víctimas de violencia sexual) la buscan para interrumpir embarazos no deseados.

De acuerdo con el Observatorio de Mortalidad Materna, los abortos inseguros y los embarazos en adolescentes son de los principales riesgos de muerte materna. Si bien no hay datos sobre la región, el Inegi registró que en 2010 se presentaron en Hidalgo 25 defunciones por complicaciones del embarazo (4 por ciento por abortos inducidos).

El artículo 158 del Código Penal estatal condena a las mujeres por abortar. De 2008 a 2012 cuatro adolescentes fueron denunciadas y otras 16 mujeres enfrentan juicios por haberse realizado abortos inducidos entre 2010 y 2012.

Hace dos años, el PRD impulsó un proyecto de reforma a ese código para despenalizar el aborto en la entidad. Pero apenas un año antes, legisladores del PAN plantearon una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción-fecundación”. Ambas propuestas están “congeladas” en el Congreso local.

Según la organización Ipas-México, las leyes que penalizan el aborto lejos de disminuir su práctica, lo disparan y aumentan los riesgos de muerte materna.

Eduardo y Maciel son otros promotores jóvenes, de 19 y 21 años, respectivamente, que consideran que se deberían promover más acciones para que en la educación primaria se hable de derechos sexuales, ya que las y los adolescentes del municipio de Ixmiquilpan inician su vida sexual sin información.

Los jóvenes observan que en la región, con amplia tradición migratoria, muchos adolescentes varones que van a ser padres emigran a Estados Unidos para huir de sus responsabilidades.

Otra promotora en Capula, de 29 años, y que omitió su nombre ante los riesgos que enfrenta por su labor, dice que una de las principales inquietudes de las jóvenes de la región es conocer sus derechos sobre el aborto.

La promotora relata que ella brinda información sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF y sobre los procedimientos para llevarlo a cabo. También vincula a algunas jóvenes con organizaciones civiles para que puedan acceder a la ILE en la Ciudad de México.

A la par, da talleres, reparte folletos en las calles y organiza actividades artísticas (teatro, murales o danza) para informar a las y los adolescentes de este derecho.

La joven explica que en meses pasados recibió amenazas telefónicas llamándola “abortista” o “asesina”, por lo que teme ser acusada de “contribuir” a que las jóvenes se realicen abortos de manera segura.

CONSERVADURISMO

El Valle de Mezquital concentra 302 mil habitantes de habla indígena. Juan Carlos Pérez Aguilar, titular de la Instancia Municipal de la Juventud en Santiago de Anaya (municipio colindante a Ixmiquilpan), quien también fue promotor de derechos sexuales y reproductivos, advierte que en las comunidades indígenas es muy difícil que se reconozcan derechos a las mujeres.

Detalla que cuando una pareja adolescente enfrenta un embarazo, la comunidad apoya para que ella pueda llevar a término la gestación y se consolide una nueva familia.

Si el varón abandona a la joven, entonces la madre y el padre asumen los gastos de la maternidad. Esta situación, lejos de mejorar las condiciones de vida de la adolescente, envuelve en un círculo de pobreza a las comunidades y les niega a las jóvenes alternativas de desarrollo, apunta.

En la región impera la religión católica y hay entre dos y tres iglesias por localidad. A la puerta de cada templo puede leerse en un letrero: “Aquí promovemos la cultura a la vida ¿Y tú? En Hidalgo decimos sí a la vida.”.

Un mando médico de la Clínica Número 33 del IMSS en Ixmiquilpan (que pidió el anonimato) asegura que él enseña a las y los adolescentes que el mejor anticonceptivo no es el preservativo, sino la abstinencia porque “no tienen por qué saber de eso”.

Cuenta que en la clínica hay muy pocos abortos inducidos, ya que las adolescentes “casi siempre pueden soportar la carga” de tener un embarazo y parir.

Etzuli Mejía Licona, coordinadora de los Centros de Atención Rural de Adolescentes, de la Secretaría de Salud federal, en Ixmiquilpan, detalla que a las jóvenes se les informa en salud sexual y reproductiva, y orienta sobre el derecho a decidir sobre cuántas hijas o hijos tener.

Sin embargo, la psicóloga señala que sólo se apoya a las mujeres para interrumpir un embarazo cuando representa un riesgo a la salud, pero subraya que “el abandono de la pareja o la pobreza” no son motivos para que la adolescente no continúe con la gestación.

Fuente: Cimacnoticias