En el cumplimiento de su facultad constitucional de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Nación, el Congreso Mexicano está siendo objeto de una campaña por parte de la élite empresarial del país, que insiste en defender los privilegios que han gozado por décadas en materia fiscal y hacendaria, y que se resiste a pagar los impuestos a los que todos estamos obligados.

Esta campaña no es compartida por todos los empresarios, puesto que la mayor parte entiende la necesidad de ampliar la base contributiva, de que los impuestos sean justos y equitativos; y de que se necesitan más recursos para apuntalar la inversión pública y crear más y mejores empleos; para fortalecer, entre otros, al sector productivo integrado por una gran diversidad de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Quienes se empeñan en presionar son los grupos y consorcios empresariales históricamente privilegiados del país, aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial, junto con el Partido Acción Nacional que defiende sus propuestas; que han emprendido una jornada mediática no sólo en contra de la soberanía del Congreso, sino también de los legisladores federales que impulsamos las reformas; y que tiene como objetivo desinformar a la ciudadanía.

Por eso, considero importante insistir que la mayoría de las modificaciones al proyecto original del Ejecutivo Federal que promovió el Grupo Parlamentario del PRD, constituyen avances significativos en el propósito de hacer cumplir el principio constitucional de un régimen de contribución proporcional y equitativo, proteger los intereses de las clases medias y populares, terminar con los privilegios fiscales, distribuir más equitativamente los recursos entre las entidades federativas, incrementar los recursos fiscales, e implementar mejores prácticas para fomentar un gasto eficiente, austero y transparente de los recursos públicos.

En mi colaboración del domingo pasado comenté ampliamente el contenido de las reformas, por lo que ahora sólo abordaré de manera muy puntual algunos temas que han sido cuestionados por la élite empresarial; para argumentar las razones por las cuales el PRD respaldó, propuso y aprobó estos cambios.

Una de las reformas que se aprobaron fue reducir del 100% a 47%  la deducibilidad a favor de los patrones por concepto de prestaciones en especie a sus trabajadores como los vales de despensa, vales de comida, y ayuda para transporte, con el objetivo de fortalecer el salario directo, el salario monetario, a favor de todos los trabajadores.

La  medida vigente que con tanto firmeza defienden los grandes empresarios, ha permitido a los patrones reducir más que proporcionalmente  el salario directo monetario y aumentar el “salario indirecto” (prestaciones en especie), para verse favorecidos con la devolución de impuestos al 100% por este concepto, por lo tanto, quien paga estas prestaciones o este “salario indirecto” en realidad son las finanzas nacionales.

El PRD ha impulsado durante años  la demanda de incrementar los ingresos monetarios de los trabajadores, en virtud de que México es el país de América Latina con el más bajo crecimiento salarial en los últimos 12 años, lo que se ha convertido en una de las principales causas de la marginación, la desigualdad y la pobreza alimentaria en la que se encuentran millones de familias.

Otra decisión histórica fundamental que se aprobó fue aplicar una tasa de 7.5% a los ingresos de las empresas mineras por la enajenación o venta de la actividad extractiva, en su mayoría extranjeras y que al día de hoy sólo pagan un ridículo derecho de 35 centavos por hectárea.

Asimismo, pagarán un impuesto extraordinario del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino. De los recursos que se obtengan, 40% se destinarán a la Federación, 30% a las entidades federativas y 30% a los municipios mineros.

Grupo México (GMéxico), propiedad de Germán Larrea, amenazó con dejar de invertir en México 5,388 mdd, y llevárselos a otros países, si el Congreso aprueba el nuevo impuesto de 7.5 por ciento a las regalías de la minería. GMéxico, es una de las principales empresas mineras explotadora de Cobre, Zinc, Plata, Oro, Plomo y Molibdeno, en México.

De acuerdo con el INEGI, nuestro país es uno de los principales productores de oro y plata en el mundo; en los últimos 12 años la producción de oro aumentó en 277%, de 23.5 a 88.6 toneladas, mientras que la de plata se incrementó 84 por ciento. El precio de las acciones mineras que estuvieron presentes en todo ese lapso tuvieron un aumento de 3,586% en Industrias Peñoles y de 1,405% en Grupo México. (Economista, 01/08/2013)

Tan sólo en el tercer trimestre de 2013, GMéxico reportó que sus ganancias “se incrementaron 40.2 por ciento respecto a igual periodo del año pasado, al pasar de 319 millones 592 mil dólares a 448 millones 172 mil dólares, pese a que sus ventas cayeron 3 por ciento y su margen de beneficios antes del pago de intereses impuestos, depreciaciones y amortizaciones (La Jornada, 26/10/13).

El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país y que las comunidades se beneficien de esta explotación ha sido una demanda histórica del PRD. Sobre este tema, senadores perredistas y del Movimiento Ciudadano ya habían presentado una  Iniciativa de Proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera.

La iniciativa establece que “actualmente el 30 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, existen más de 850 proyectos mineros registrados para diciembre de 2012 en manos de 285 empresas la mayoría canadienses. Empresas mineras que prácticamente no pagan regalías sobre los recursos de la nación. Proyectos en su mayoría de tajo a cielo abierto que utilizan enormes cantidades de productos químicos contaminantes y que dejan enormes pasivos ambientales. La minería a cielo abierto es vorazmente destructora, el daño que provoca es irreversible y permanente…” (Gaceta del Senado 19/09/2013).

En este sentido, las nuevas medidas fiscales que se proponen para las empresas mineras, deberán ser acompañadas en adelante con el impulso de acciones efectivas que frenen la explotación irracional de los recursos mineros, el grave deterioro y contaminación del medio ambiente y el patrimonio natural e intangible de las comunidades en donde operan las concesiones mineras.

Esta campaña de desinformación se ha ampliado a los estados del país, descalificando a quienes apoyamos las reformas. En estos esfuerzos se enmarcan los agravios que han promovido en contra del PRD y sus legisladores federales, los diputados panistas en Guanajuato.

Sin embargo, más allá de una férrea defensa de los intereses de la cúpula empresarial, los diputados del PAN no tienen argumentos sólidos para cuestionar una reforma cuyo objetivo principal es favorecer a los que menos tienen.

La reforma permitiría aumentar los ingresos y distribuir más equitativamente los recursos entre las entidades federativas. Sin embargo, empeñados en descalificar estos avances, los legisladores del PAN no reconocen incluso lo que el propio gobierno panista, en voz de Juan Ignacio Martín Solís, secretario de Finanzas estatal, considera “buenas noticias”, al informar que el próximo año, Guanajuato recibirá mil 119 millones de pesos más de participaciones federales, que representa el 9% en la Ley de Ingresos estatal, “gracias a la reforma hacendaria”.

Exhorto al Congreso de la Unión a no ceder a las presiones, amenazas y chantajes de la élite empresarial de país, convertida en un poder fáctico que defiende con insistencia privilegios y excepciones; y a ejercer plenamente su facultad constitucional en materia contributiva y de ingresos con sentido proporcional y equitativo; para luego aprobar un presupuesto de egresos que tienda a la construcción de un piso más parejo para todos.