Por Guillermo Robles Ramírez

Cuando en México se habla de corruptelas, inmediatamente alardeamos que somos número uno en el Mundo, lo que carece de veracidad, pues para aliento de nosotros, hay otros que están arriba y no hay comparación por lo que se llevan estos últimos.

En común que pretendamos compararnos con los vecinos más cercanos y que en el caso de México, son los Estados Unidos a cuyos habitantes les “colgamos el santo” de que son muy “derechos” y a veces hasta les agregamos la “etiqueta” de incorruptos lo que es toda una real y verdadera mentira.

No precisamente como consuelo para los mexicanos, pero nuestros “primos güeros”, no cantan mal las rancheras por lo que hace a engaños, trampas y fraudes para ganar más dinero.

Lo más reciente que nos da una clara idea de que hemos satanizado fuera de la verdad a los estadounidenses sobre actividades ilícitas, las está viviendo el gobierno mexicano con las normas que se instituyó para permitir el paso de vehículos automotrices bajo reglas más estrictas en renglones importantes como la contaminación, fiscales y legales de estancia en territorio nacional.

Al menos por la denuncia pública hecha por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, en la que da a conocer algunos aspectos que los exportadores de vehículos usados establecidos en los Estados Unidos están falseando al “facturar” precios muy debajo de los reales, así como extender documentos alterados sobre el grado de contaminación que emiten esas unidades motrices y que las alteran para que no tengan problema al pasar por la frontera protegidos con leyes en las que son mínimas las obligaciones fiscales.

La ADMA asevera que muchas empresas estadounidenses se están pasando por el arco del triunfo, las reglas de regularización establecida por la Administración General de Aduanas para los vehículos usados provenientes de los Estados Unidos y Canadá.

Entre esas reglas u obligaciones, figuran el requisito de presentar un certificado de origen para pasar la frontera el o los vehículos; certificado de emisiones contaminantes y la lista de precios estimados en la aduana fronteriza mexicana.

Esas tres condiciones, al menos el gobierno mexicano pretende que sean cumplidos bajo cualquier circunstancia, son los que están violando y falsificando con documentos apócrifos las empresas americanas dedicadas a la compra en su país de vehículos usados.

Las normativas mencionadas fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero las artimañas, entre otras, de los “comerciantes” del Tío Sam, figura la alteración de los componentes de la unidad a importarse y que no puede ser menor al 62 por ciento, porque de lo contrario no puede pasar la frontera, lo que se está falseando entre otros datos para logar su paso.

Todavía en el mes de octubre del presente año el Presidente, Guillermo Falomir Russek, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, hace un llamado a la actual Administración de López Obrador a que el delito de contrabando debe de ser castigado y no lo contrario con el insistente anuncio de AMLO, sobre la legalización de autos de procedencia extranjera, refiriéndose más a los de Estados Unidos.

Tan solo del año anterior al 2021 se ha incrementado un poco más del 30 por ciento, el ingreso a nuestro país vehículos extranjeros representando esto una perdida aproximadamente de 400 mil unidades para las agencias automotrices establecidas de manera legal en México.

Que este ejemplo de que igual que los mexicas, allá en la tierra de los güeros en donde manda el Tío Sam, son igual o más de “tranceros” o corruptos que muchos mexicanos que no se cansan de repetir que inventaron el agua caliente. Lo dicho sobre estas triquiñuelas, los más perjuicios están recibiendo es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org