La negligencia absoluta como fiscalizadoras de bancos e instituciones de crédito, el ocultamiento del resultado de investigaciones por fraude, la desinformación y la impunidad eterna son algunas de las graves fallas de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en relación a la Sociedad Financiera Popular Ficrea, cuyos dineros no han sido recuperados: pésimo ejemplo en un sector financiero en donde trabajan 49 Sofipos, en peligro inminente de ser desvalijadas por cualquiera de sus directivos con el apoyo de los fiscalizadores aludidos. ¿Qué relación ha tenido durante los dos últimos años con Ficrea Alberto Bazbaz, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda?¿Por qué el legislativo no se ha abocado a fondo, aprovechando el fraude de Ficrea, a la investigación de la colusión de entidades y funcionarios hacendarios que han permitido conscientemente el desvalijamiento del ahorrador popular, convirtiéndose en cómplices y beneficiarios de éste tipo de robos descarados? ¿Porqué la comisión bicameral formada para esclarecer las actuaciones de los fiscalizadores en el caso Ficrea, no ha informado a la Nación de la mecánica tramposa utilizada en el saqueo de los ahorros a lo largo de dos años, es decir, desde el inicio del gobierno priista de Peña?
¿Porqué esta comisión bicameral ha querido aprobar en el transcurso de diez días una nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, sin debates y sin consenso, dejando de lado los intereses de Sofipos y de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo – las Socaps- ? Imponer una nueva Ley cocinada autoritariamente por el sector hacendario, revela la ineptitud y la subordinación de la comisión bicameral que, en lugar de defender los intereses del ahorrador popular, se colude cínicamente con los fiscalizadores hacendarios y se empeña en la promulgación alevosa de otro engendro legaloide, tratando de soterrar con precipitación el caso grave de un fraude aún no resuelto. El intento de legislar autoritaria y mañosamente al vapor, lejos de ser solución responsable, revela que la división de poderes no existe y que se practica la modalidad de la llamada presidencia imperial, en la que el poder ejecutivo se impone, desconociendo la soberanía del legislativo y del judicial. Meramente, por víua de contraste entre nuestros entes reguladores bancarios y los de los EE.U
Benjamín Lawsky, al frente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, ha sido capáz en los últimos tres años de multar a bancos, tanto extranjeros como locales, extrayéndoles cinco mil millones de dólares por abusos e incumplimiento de la legalidad. Los bancos sancionados a nivel estatal son el Standard Chartered, el de Tokio Mitsubishi, el Credit Suisse, el Bnp Paribas y el Commerzbank. A punto de ser sancionado por manipulación de la tasa de interés Libor se encuentra el Deutsche Bank. También ha sancionado el abogado Lawsky a un buen número de bancos locales por abusos diversos. En los arreglos con Bnp, Commerzbank, Credit Suisse y el Royal Bank of Scotland, Lawsky consiguió que los directivos principales fueran destituidos. A nivel federal, la Federal Reserve, la Corporación Federal de Seguro
de Depósitos y la Comisión de Futuros han multado a casi todos los bancos ya mencionados, entre otros al HSBC y a la UBS, sin olvidarse de sus bancos principales como el J.P.Morgan, el Citibank y el Bank of America. En el Estado de Nueva York han confrontado a la banca Andrew Cuomo-gobernador actual-, el exgobernador Eliot Spitzer y el exalcalde Rudolph Giuliani. Le preguntamos a Luis Videgaray y a Jaime Gonzalez de SH y de laCNBV, respectivamente, porqué no copian la actitud de sus pares gringos y se ponen a trabajar con honradez. Las multas bien calculadas-no de a mentiritas- servirían para acumular y luego distribuir dineros a quienes fuesen defraudados por bancos y financieras y así, ver que la responsabilidad patrimonial del Estado, acatando el 113 Constitucional, se cumple y la impunidad desaparece.