La  Diputada de Nueva  Alianza, María Sanjuana Cerda Franco,  recomienda fortalecer la economía financiera del ahorrador potencial y modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular para evitar el manejo fraudulento  de los recursos de los ahorradores.

No es el ahorrador quien carece de información precisa para colocar sus ahorros, pues se guía por una tasa de interés que está claramente determinada.

De lo que se carece es de información específica sobre la seguridad operativa y la eficiencia de cada caja de ahorro autorizada legalmente en el país.

Antes de ahorrar el interesado debería ser obligado por ley a pedir a un órgano contralor del Estado informes sobre los parámetros pertinentes de cada caja de ahorro seleccionada, legalmente establecida.

Las cajas de ahorro deberán limitarse en número por regiones, dividiendo el país en 8 o 10 regiones, prohibiendo que sus transacciones rebasen los límites territoriales fijados. En consecuencia, las operaciones de ahorro y préstamo se mantendrán dentro de la región específica, excluyendo cualquier transferencia de recursos de la caja a empresas financieras locales y, mucho menos, a empresas financieras en el exterior.

Cada caja, suponiendo que existieran de 24 a 30 en el país, deberá ser vigilada día a día por un interventor de la Secretaría de Hacienda, quienes emitirán un informe sobre cada caja una vez al mes en periódicos de circulación nacional.

Las cajas autorizadas deberán mantener un fondo equivalente al 50% de sus recursos como garantía contra cualquier falla operativa.

Cualquier banco que se prestara a transferir los recursos de las cajas de ahorro deberá ser multado al momento de la detección, al igual que a los directivos de la caja de ahorro. En caso de reincidencia, se disolverá la caja involucrada.

La Secretaria de Hacienda responderá de las fallas o prevaricaciones de sus interventores, aplicando penas de privación de la libertad sin derecho a fianza.

La pretensión o intención educativa sería costosa además de innecesaria. La falla está en la falta de supervisión contínua de entidades que, hasta ahora,  nunca han garantizado con capitales colaterales sus operaciones que, como se ha podido observar, han resultado de alto riesgo. La Secretaría de Hacienda está obligada a devolver peso por peso escamoteado a cada uno de los defraudados. De manera que, ahora sí, es necesaria la Reforma, para que el Estado, en tratándose de ahorro, pague al ahorrador defraudado, sin olvidar el pago de intereses moratorios por retrasos administrativos en la recuperación del haber patrimonial.

Es hora de echar a andar la Unidad de Inteligencia Financiera “dirigida” por Alberto BazBaz. ¿ Acaso esperan que la SEC ( Securities and Exchange Commission de los EE.UU. ) o el Sr. David S. Cohen, Secretario de la Tesorería se encarguen de la realización de las investigaciones y acciones reparadoras que la Secretaría de Hacienda no quiere ejecutar en relación  a la indemnización de los ahorradores de Ficrea?