La Habana (PL) Nada parece ser ajeno al ojo espía del gobierno de Estados Unidos, desnudado por revelaciones que empequeñecen las recreaciones orwellianas sobre el ubicuo Gran Hermano que todo lo sabe y de cuya mirada escrutadora jamás se puede escapar.
Reiteradas sospechas y acusaciones de intelectuales y periodistas pudieron sustentarse cuando el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, comenzó a ventilar en junio de 2013 cientos de miles de documentos sobre masivos programas de vigilancia de comunicaciones por parte de Washington.
El denominado topo de la NSA demostró al mundo cómo la administración estadounidense auscultó de manera premeditada las comunicaciones telefónicas y por Internet de ciudadanos, empresas y jefes de Estado de unas 35 naciones.
Desde entonces, resulta extraño el día en que medios de prensa no agreguen un nuevo capítulo al entramado de revelaciones sobre los alcances, al parecer sin límites, de los tentáculos de la inteligencia norteamericana.
Los ciudadanos estadounidenses han sido objeto central de la vigilancia gubernamental. James Clapper, director Nacional de Inteligencia, reconoció por primera vez el 1 de abril que la NSA espió de manera intencional las comunicaciones de nacionales, al amparo de una ley aplicable solo a extranjeros.
La agencia se entrometió sin orden judicial en los contenidos de las comunicaciones y no solo los denominados «metadatos», que incluyen la duración de las llamadas y los números a los cuáles se conecta un usuario, respondió Clapper en una carta a preguntas del senador demócrata por Oregon, Ron Wyden.
Tanto Wyden como su correligionario por Colorado, Mark Udall, argumentaron en un comunicado que tal procedimiento resultaba inaceptable y planteaba graves cuestiones constitucionales que representan una amenaza real a los derechos de privacidad de los estadounidenses.
En su declaración, ambos legisladores urgieron al Congreso a asegurarse de atajar cualquier vacío legal, a fin de exigir a la NSA que demuestre primero una causa probable de delito antes de focalizarse en escudriñar las comunicaciones de nacionales.
Adicionalmente, los parlamentarios infligieron un golpe bajo al presidente Barack Obama, quien aseguró a los estadounidenses que «nadie escuchaba sus llamadas telefónicas».
También trascendió que Gogo, uno de los más grandes proveedores de Internet para las aerolíneas nacionales en Estados Unidos, admitió haber violado la ley de privacidad de datos personales y colaborado con la NSA.
Gogo trabajó de manera estrecha con las autoridades para incorporar funcionalidades y garantías que estuvieran al servicio de la seguridad pública y nacional, reconoció el abogado de la entidad Karis Hastings a la Comisión Federal de Comunicaciones, en una carta filtrada por la revista The Wired.
De acuerdo con la publicación, Panasonic Avionics, otro proveedor de
WiFi (conexiones inalámbricas) en los aviones, también amplió sus capacidades técnicas y agregó una funcionalidad especial para que la agencia de espionaje vigilara el tráfico en la red de redes.
Pero la voracidad «informativa» de la NSA quedó aún más en evidencia cuando la publicación estadounidense Bloomberg reveló el 11 de abril que la entidad conocía de una falla masiva de seguridad que afectó a sitios de Internet y la utilizó para obtener contraseñas y otros datos de los usuarios.
De acuerdo con el reporte, basado en el testimonio de dos informantes anónimos, la controvertida agencia estaba al tanto del llamado Heartbleed desde finales de 2011, provocada por una programación deficiente que explotó a su antojo para actividades de espionaje durante al menos dos años.
Heartbleed es una falla que afecta a OpenSSL, el software más popular que las compañías de Internet utilizan para proteger datos personales de sus usuarios.
El fenómeno se considera una de las mayores grietas de seguridad en la historia de la red de redes debido a que expuso cerca de un tercio de los servidores mundiales al robo de información encriptada.
Pero ni siquiera el Capitolio ha podido salvarse del intrusismo de la NSA que fisgoneó las comunicaciones de senadores y representantes contraviniendo la independencia de poderes entre el Ejecutivo -que incluye a la NSA- y la rama legislativa (Congreso), según ampara la Constitución.
El sitio digital canadiense Global Research cuestionó el objetivo de dicha vigilancia barajando la posibilidad de que los datos sean usados para chantajear a los miembros del órgano legislativo, si bien evitó confirmar esta hipótesis.
El escándalo más notorio detonó en marzo cuando la senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, acusó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de espiar las computadoras de los legisladores, mentir y robar para bloquear un informe sobre las cárceles y los métodos de tortura de ese organismo.
A propósito, el diario The Washington Post aseveró que la comunidad de inteligencia estadounidense es la peor enemiga de sí misma, porque su accionar daña intereses nacionales claves.
La CIA y entidades similares operan bajo la compulsión de obtener la mayor cantidad de información posible, algo necesario para contrarrestar las amenazas del adversario, pero a la vez ejercen su poder mucho más allá de las atribuciones legales, añadió el texto firmado por la periodista Ruth Marcus.
Senadores como el republicano por Kentucky, Rand Paul, explicitan su temor de que la comunidad de inteligencia se encuentre ebria de poder y se preguntó quién en realidad está a cargo del Gobierno, tras conocerse el espionaje contra miembros de la Cámara alta.
Si la CIA está espiando en el Congreso, ¿qué o quién puede detener esta situación?, inquirió durante un discurso en la Universidad de California el legislador devenido uno de los más fuertes críticos de los masivos programas de vigilancia de la NSA.
Si bien dicho programa es justificado por la ley Patriota, aprobada tras los ataques terroristas de septiembre de 2001 y que ofrece carta blanca para acopiar los metadatos, varias voces a nivel nacional cuestionan los magros dividendos que las controversiales prácticas ofrecen al país.
El directorio de Supervisión de Libertades Civiles y de Privacidad, creado por el Congreso en 2007 como agencia independiente, sostuvo a fines de enero que no identificó «una sola instancia que involucre una amenaza a Estados Unidos en la que el programa de registros telefónicos haya hecho una diferencia concreta en el resultado de una investigación de contraterrorismo».
La entidad recordó una sentencia del juez federal de distrito Richard Leon, el 16 de diciembre, quien planteó que el programa de espionaje es «casi seguro» inconstitucional, mientras recalcó que atenta contra la libertad de expresión, asociación y privacidad de los ciudadanos.
En igual sintonía, un editorial del diario The New York Times mostró preocupación por la inutilidad de recopilar datos para enfrentar acciones terroristas, justificación usada por el gobierno.
El rotativo igualmente criticó la insistencia de la administración demócrata en la continuación de un programa caro y legalmente dudoso, cuando sus propios asesores concluyeron de forma reiterada que el acopio de información de los teléfonos no era esencial para la prevención de ataques ni funcionaba.
Sin embargo el gobierno de Obama parece navegar contra la corriente y no oculta sus intenciones de continuar husmeando en la vida de los estadounidenses y del mundo.
Tras dictar cambios en las normas para el acceso y recopilación de informaciones, calificadas por muchos analistas como cosméticas, Obama aseguró el 17 de enero que Washington se arrogaba el derecho de continuar vigilando en nombre de la seguridad nacional.
Incluso, funcionarios del departamento de Justicia admitieron a mediados de enero que mantendrían «cierta cantidad» de registros de comunicaciones como material clasificado, pese a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
La decisión resulta, de acuerdo con miembros de la entidad, una confirmación de que el Gobierno continuará empleando de manera clandestina programas de escucha de conversaciones telefónicas y seguimiento de comunicaciones por Internet.
Ante las amenazas del Gran Hermano estadounidense, Snowden reclamó a la comunidad tecnológica reunida semanas atrás en Austin, Texas, que desarrollen herramientas para proteger al público del espionaje masivo.
Para  Snowden, asilado en Rusia, la solución pasa por desarrollar herramientas a fin de encriptar las interacciones a través de la web lo que, a su juicio, impediría a la NSA efectuar un espionaje indiscriminado.