Albert Camus decía: «El mal que hay en el mundo generalmente nace de la ignorancia, y la buena voluntad sin conocimiento puede producir tantos desastres como la maldad».

Mucha razón tiene lo anterior y eso lo notamos al pensar en la realidad de nuestro país. Al tratar de entender si nuestros gobernantes son de verdad unos malvados o solo unos idiotas bien intencionados.

Entramos en los últimos días de un 2015 que no dejó de dar sorpresas, y aunque el gobierno nos hable de una nación imparable, con instituciones fuertes y una economía que crece de manera sostenida, la realidad es que nuestra nación está en una profunda crisis. Dijera López Velarde: «Como la sota moza, Patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagro, como la lotería».

En días recientes, hemos tenido noticias de sucesos y cifras que nos hacen ver que el país anda mal, aunque parece que incluso en el gobierno muchos se niegan a ver la realidad de nuestra situación.

En el país impera la impunidad.

La negativa de una juez federal para librar una orden de captura en contra de Arturo Escobar y Vega tiene dos ópticas que hacen evidentes las deficiencias en nuestros sistemas de procuración y de impartición de justicia.

El fiscal de delitos electorales, que cuenta con muchos hechos para indagar, integra su averiguación por la suscripción de un contrato que preveía la elaboración y distribución de miles de tarjetas de descuento, imputándole al exsubsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, el delito de destinar o recibir aportaciones de dinero en favor de un candidato o partido político.

La diferencia entre lo que se investigó y el delito que se imputó fue la deficiencia que la jueza sustentó para negar la orden solicitada al argumentar falta de pruebas, hecho comprensible porque el delito por el que se acusó a Escobar no corresponde a aquel que se investigó y deja en evidencia a esos otros juzgadores federales que presumen de tener más de cien detenidos que están siendo procesados por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, cuyos hechos se sustentan en una teoría que ya se ha caído a pedazos.

La jueza, al hacer de lado la máxima que debería regir el justo actuar de todo juzgador: «Dadme los hechos, que yo te daré el derecho» y olvidar que en esa fase procesal se puede perfeccionar la acusación y librar la orden por el delito que aparezca efectivamente probado, pasa como un instrumento de una autoridad superior que vulnera su independencia y dirige su actuación al ritmo del principio juarista de que: «A los amigos justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas».

Indigna que lo que parecía ser un acto de valentía e independencia de la fiscalía y el poder judicial, termine como una farsa en un país en el que no se puede esperar otra cosa de una autoridad sometida por poderes no constituidos.

No podemos esperar que se sancione a un gran delincuente cuando la autoridad cae en la vergüenza y la indignidad de un burdo intercambio de prisioneros con los amafiados maestros de la disidencia chiapaneca.

Los hechos ya los conocemos. No hay nada nuevo y eso es lo que desilusiona. El manejo político de la justicia no es nuevo, pero es algo de lo que los mexicanos estamos cansados y es, también, algo que los extranjeros ven con recelo y que los desanima para invertir en un país que no les garantiza certeza jurídica, pues la justicia depende de otros factores que nada tienen que ver con la ley.

En el aspecto económico, el gobierno del presidente Peña Nieto continúa con la idea de promover logros que poco le corresponden, al sustentarlo en números que no serán constantes y que son producto de una coyuntura en la que influye en muy poco el actuar de esta administración.

La inflación reportada para el mes de noviembre de 2015 fue de 2.2 por ciento a tasa anual. El número es bajo y se queda muy cerca del piso de la meta gubernamental de un 3 por ciento +/- 1 punto porcentual.

Sin embargo, la temporada de baja inflación se acerca a su final ya que a las cifras reportadas a lo largo de este año influyen mucho: las gasolinas que no subieron, la energía eléctrica que bajó de precio y los paquetes de telecomunicaciones que se abarataron al desaparecer el cobro de larga distancia nacional.

Cuando a partir de enero próximo los comparativos inflacionarios se hagan con respecto a 2015 y todos los efectos mencionados desaparezcan de la estadística, los niveles volverán a estar entre el 3 y el 4 por ciento. Ahí es donde se resentirá una alza de las gasolinas en el país, cuando en el mundo van a bajar.

Ante el casi seguro incremento las tasas de referencia en Estados Unidos, es de esperarse una depreciación mayor de nuestra moneda.

Aún cuando a lo largo del año la repercusión de la devaluación del peso en los niveles de inflación ha sido mínima, esto se debe en gran parte al mediocre desempeño de nuestra economía. Paradójicamente, si esta se dinamiza, el riesgo de que la inflación aumente de manera importante se hace latente.

Absurdo como es, pero característico de los gobiernos priistas, se presume de la baja inflación y la escasa repercusión del fortalecimiento del dólar, aunque sea consecuencia de su incapacidad para impulsar el crecimiento de la economía.

Por otro lado, la falta de contención de la devaluación del peso ha tenido repercusiones de otro tipo. La principal es el aumento en la deuda de las empresas que contrataron créditos en dólares. ICA, la mayor constructora mexicana, ha visto aumentar su deuda, solo por efectos cambiarios, en 4,242 millones de pesos, lo que al conjugarse con el recorte al gasto en infraestructura del gobierno federal -su principal cliente- y los retrasos en los pagos que los gobiernos tienen pendientes con esta, la están llevando a una crisis que amenaza con arrastrar a un gran número de pequeñas y medianas empresas que son sus proveedoras.

Curioso, pero una economía estancada ha generado unos indicadores que son el burdo argumento de la autoridad para que el incremento al salario mínimo sea marginal.

El minisalario, que se incrementa en 2.94 pesos (4.2 por ciento) al pasar de 70.10 en 2015 a 73.04 pesos para 2016, no fortalece el poder adquisitivo de quien lo gana, pues ni siquiera le alcanza para darle de comer a su familia, según los parámetros del CONEVAL.

Al hacer parecer una pantomima la reforma constitucional para quitar al salario mínimo su función de parámetro de multas y otras cuotas, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) le dio a este salario un raquítico aumento que no lo lleva a cumplir con su función constitucional, pues se olvida de que, como leí hace poco en un texto de cuyo autor no me acuerdo y ofrezco disculpas por ello, «El salario mínimo no es un salario determinado por la ‘competitividad’ ni por la ‘productividad’. El mínimo es otra cosa: es el valor que la sociedad le ofrece a quien viene de más abajo, al peor calificado, al menos preparado, pero que opta por un trabajo honesto para salir adelante.»

Como se ve, el año 2015 no fue muy distinto a otros años: las políticas son las mismas, la ineficacia es la misma, la ineficiencia es la misma, los pretextos y los falsos logros serán algo que no cambiará. La realidad actual es una película ya vista; si México se movió seguro que fue muy poquito. Queda claro que, como dijo alguna vez Harry S. Truman: “Lo único nuevo en la vida es la historia que no hemos leído».

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