Hace ya unos cientos de años, que Napoleón Bonaparte dijo, que “Nada va bien, en un sistema político en que las palabras contradicen a los hechos” y cuánta razón tienen sus palabras.

Basta ver la dura realidad del país y del gobierno, y nos damos cuenta de que, en realidad, estamos hundidos.

En la semana que pasó, nos pudimos dar cuenta de la situación actual del país y la penosa actuación del gobierno del Presidente Peña Nieto.

Y es que tres fueron los sucesos más sobresalientes del recuento semanal.

Michoacán, con sus muertos y sus puertos, la CNTE y Venezuela, son los agentes reactivos que sirven para conocer de que esta hecho el gobierno.

Primero la sangre. Michoacán se ha convertido en la zona más sangrienta del país, muertos y más muertos son la nota de todos los días; es un estado donde el crimen organizado ha sentado sus reales y ya no solo controlan o buscan controlar el trasiego de drogas, sino que han incursionado en la producción de las mismas, la extorsión, el secuestro, incluso el despojo de tierras mineras y la asignación de obra pública.

Ante la lejana posibilidad de que el gobierno intervenga, los ciudadanos han formado grupos de autodefensa, que se han visto infiltrados por el crimen organizado, pero muchos, fueron en un principio perseguidos por la autoridad, al punto en que los dejaron exhibidos, desarmados y a merced de los grupos criminales que han realizado verdaderas cacerías, sin que los cuerpos policiacos, ya no digamos las eviten, siquiera las investiguen.

Ante estos hechos, el gobierno se convierte en criminal, pues como dijo el ensayista José Ortega y Gasset: “El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan, pero dejan matar”.

Así sucedió en el caso del edil michoacano asesinado esta semana y que había ventilado, en parte, la dramática situación de la entidad, asesinato que tuvo por respuesta la cínica aceptación de la realidad por parte del, hasta ahora, menos ineficaz de los secretarios de Estado, Miguel Ángel Osorio Chong, que dijo “No podemos garantizar la seguridad de todos los presidentes municipales”. Tiene razón, por lo visto, ni la de ellos, ni la de nadie.

Llevaron a la marina a administrar el puerto de Lázaro Cárdenas ante la serie de corruptelas en el recinto portuario, que propiciaban diversos delitos y eso lo presentan como una gran decisión de la administración de Peña Nieto. Se olvidan que cuando en un régimen democrático hace su aparición la fuerza militar, esto supone el fracaso del gobierno civil.

Máxime si, quien era el coordinador de puertos de marina mercante en el sexenio pasado (para este gobierno todo es culpa del sexenio pasado) es hoy el administrador general de aduanas en la administración federal.

El gobierno ha caído en el absurdo de tener que legislar para corregir los errores de la judicatura. El indulto a Patishtán es una vergüenza nacional. El congreso tuvo que expedir una ley para que el ejecutivo liberara a un inocente, porque el judicial actuó de manera injusta, o peor, porque un movimiento de activistas, pudo doblegar a la autoridad.

El poder judicial ya tiene una peligrosa cercanía al ejecutivo. Los casos Cassez, Caro Quintero y Raúl Salinas tuvieron que esperar la llegada de un presidente priísta para resolverse en favor de los inculpados, mientras que, a Maude Versini se le niega la justicia, en el justo reclamo de la custodia de sus hijos, que fue ilegalmente interrumpida por el tío del presidente.

El supuesto conflicto por el amparo concedido a Elba Esther Gordillo, sólo es parte de la pantalla tras la que se ocultan los turbios acuerdos y las líneas dictadas desde Los Pinos.

Y es que nuestro gobierno, anda viendo donde pega, y no pega en ningún lado.

Sus grandes reformas, de las que se hizo tanto alarde en el primer semestre de 2013, se están derrumbando. Mueren antes de nacer.

La reforma educativa, en los hechos, no existe, desde el mismo momento en que cientos de maestros faltan a sus labores sin ser sancionados, se ve la incapacidad gubernamental para marcar el paso en la implementación de los nuevos mandatos legales. Todo empieza en dar falsos nombres.

La reforma educativa fue una reforma laboral, no cambió sistemas educativos, planes de estudio y por ningún lado se ve un fortalecimiento de la educación pública como instrumento igualitario.

Los estudiantes de Oaxaca seguirán con las mismas carencias y deficiencias educativas en comparación con Nuevo León o Coahuila.

Solamente se establecieron nuevas (y algunas viejas) condiciones para la evaluación, ingreso, ascensos y permanencia de los docentes, por ello, en una franca falta de respeto al pueblo y a la ley, el gobierno fácilmente cede a los chantajes de la disidencia magisterial.

Una disidencia que ha exprimido al gobierno, tanto como ha querido, ha desquiciado la capital de la República y ha obtenido prebendas, recursos, audiencias y ahora que les han comprometido la no aplicación de las leyes de la llamada Reforma Educativa, tienen el descaro de pedir la cancelación de los procesos penales a unos presuntos secuestradores miembros de la CNTE.

Que lo pidan ya es malo, la posibilidad de que lo concedan, es peor.

La CNTE, se ha convertido en un poder factico, más peligroso incluso de los que ya conocimos y ha crecido ante los ojos de un gobierno, no timorato, sino cobarde.

Este gobierno no nos lleva a ningún lado. Y los secretarios de Estado no pueden defender las reformas, porque ni les consultan antes de proponerlas. En el colmo del regreso al pasado, dicen los informados, que bien se podría colgar en uno de los costados de la casa familiar del presidente y con vista a otra residencia del complejo, un letrero que diga, como en los viejos tiempos: «Aquí vive el presidente; el que manda, vive enfrente.»

Se dice que la mesa del Pacto por México es el espacio de discusión de las reformas estructurales, nada más falso. Esa mesa es, como lo dice Jesús Silva-Herzog Márquez, el «espacio fuera del congreso, donde el gobierno puede operar políticamente, sin necesidad de dar razones públicas de los actos públicos.»

Lo más grave es que ese espacio se legitima con la participación de los líderes del PAN y PRD, a los que el gobierno absorbió, engañó o, tal vez, compró.

Y si hacia adentro del país, los ciudadanos estamos desprotegidos, lo peor es que lo mismo sucede hacia afuera.

El derribo de un avión con matricula mexicana por parte del ejército venezolano, no es una situación menor, como tampoco lo es la escueta respuesta de Nicolás Maduro al tímido requerimiento de explicaciones de la cancillería mexicana.

No importa si se dice que el avión llevaba droga ni si los tripulantes y pasajeros, pudieran haber sido narcotraficantes. Ante todo, de momento solo son presunciones, y no se han mostrado evidencias de lo que se dice, lo único cierto es que hay siete personas, probablemente mexicanos, que no se sabe su paradero. Todo lo demás son especulaciones y mal hace el gobierno mexicano en conformarse con tan poco sustentadas explicaciones.

Aun y cuando fueran narcotraficantes, tienen derecho a un juicio y la función de la representación diplomática es velar por la protección de sus vidas, sus derechos y sus propiedades, como lo es el mismo avión.

Hace una semana le decía que no se entendía por qué, si todo está tan bien, todo está tan mal. Hoy vemos que la realidad empieza a permear en el discurso y que cayó la farsa del gobierno de resultados, porque del dicho al hecho, hubo un enorme trecho.

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