Por Guillermo Robles Ramírez

Las lluvias se atrasaron en este año, alcanzando las falsas promesas de las autoridades locales, estatales y federales del país. Ese problema que solo es recordado por los ciudadanos que lo padecen las inundaciones dentro de sus hogares y los conductores que se quedan varados en las calles porque el drenaje pluvial fue insuficiente.

En estos momentos conforme está leyendo esta columna seguramente se está imaginando que me refiero a su comunidad, municipio o ciudad. Aunque para ser sincero es una situación que se presenta en cada cabecera municipal de México, principalmente aquellas de la zona urbana.

Un problema causado por dos partes, es decir, los ciudadanos sucios que siguen arrojando la basura en las calles tapando las rejas del drenaje pluvial, y aquellos que se encuentran viviendo de manera irregular cercano o literalmente dentro del cause de los ríos y arroyos, utilizando estos espacios no solo para vivir sino también como basurero.

Por otro lado, las autoridades locales, es decir, los Ayuntamientos que siempre piensan de manera mediocre cada vez que va creciendo la mancha urbana nunca proyectan un drenaje pluvial a largo plazo para evitar los problemas que se presentan actualmente en cada municipio del país.

En aquellos sectores destinados como área comercial es muy concurrente que el drenaje pluvial nunca se piensa o se considera cuando esa área es ocupada por el sector restaurantero siendo los primeros causantes de saturarlo con la grasa y comida que terminan en las descargas de agua siendo también un nido de cucarachas y ratas para los vecinos o zonas de vivienda.

Lo mismo sucede en colonias en donde está un taller mecánico de manera improvisada siendo ellos quienes utilizan la misma descarga del drenaje pluvial para verter el aceite quemado de los vehículos de sus clientes, y no hay autoridad, ni personal para la supervisión y verificación de estos negocios para que contraten el servicio de empresas que recojan los materiales tóxicos.

Un ejemplo al norte del país se encuentra Coahuila, en donde se puede decir que existen estudios realizados de alto riesgo por inundación e investigaciones realizadas conjuntamente por la Comisión Nacional de Agua y la Dirección de Protección Civil del Estado, siguen siendo papeles guardados y empolvados en los archiveros de las diferentes instituciones y sobre todo por nuestras autoridades que hacen caso omiso a ellos ya que dentro de las agendas políticas no se consideran de alta prioridad con el cuento de que en Coahuila casi no llueve y por otra parte porque, son obras que no se ven quedando en el olvido si  alguna vez se hizo alguna inauguración o banderazo de un proyecto pluvial.

Hay arriba de 13 ríos o arroyos en nueve municipios de Coahuila que potencialmente pueden significar desastres por inundaciones. Dentro de los cauces de éstos o en sus orillas existe un promedio de más de 90 asentamientos humanos; la mayoría de ellos nacidos por invasiones y, por ende, las viviendas son de frágiles materiales, cartón, lámina, maderas y otros objetos.

Quienes hacen los estudios no lo completaron con un censo de población en riesgo por lo que no se conoce con certeza el número de familias que habitan en dichas zonas; sin embargo, se sabe que para cuantificar es en decenas de miles de familias.

La Dirección de Protección Civil conoce perfectamente éstos datos, aunque, es poco o nada lo que pueden hacer. Cada año, en las zonas de potencial riesgo se destinan cuerpos de vigilancia y se realizan medidas preventivas a fin de tener oportunidad de rescatar a personas en riesgo.

En realidad el problema es tan complejo para responder con certeza a las siguientes preguntas: ¿Cómo se puede retirar de zonas de riesgo a miles de familias si no se tiene un lugar dónde puedan vivir, y si éstas, adicionalmente, no tienen el más mínimo interés de mudarse a sitios más seguros pese a conocer los riesgos.

Sólo retirando los asentamientos humanos de zonas de riesgo se puede decir que el problema de las inundaciones, y todo lo que ello significa, está terminando pero para aquello, estaríamos hablando de una titánica labor.

Empero, el problema es aún más complejo, porque las mismas autoridades, particularmente las municipales, han sido las generadoras de éste problema. Su responsabilidad no sólo es por omisión, al permitir que se invadan tierras inadecuadas para fraccionar y, eventualmente, construir casas; sino también por acción, al ceder a la presión de los invasores y realizar obras de servicios urbanos.

Pero la mayor culpa es de la Comisión Nacional del Agua, porque todas las tierras por donde pasan ríos y arroyos son de jurisdicción federal de acuerdo con la ley. Esto quiere decir que los permisos de uso de suelo en dichos lugares no los otorga el ayuntamiento, sino la propia CNA.

No hay que desconocer, primero que los mismos municipios son co-partícipes de un delito desde el momento en que permiten construir obras en zonas de alto peligro por inundaciones, incurriendo la misma autoridad municipal en la violación a la ley al realizarlas sin tener los permisos federales correspondientes, y con mayor razón porque la CNA, nunca ha dado permisos para construir nada en dichas zonas, e incluso ha advertido sobre los riesgos que significan asentamientos humanos allí, pero tampoco se ve una medida enérgica para retirarlos una vez ya construidas las viviendas.

El problema no es único en Coahuila, ya que todo el país padece del mismo mal pero mucho o poco lo que hagan las autoridades, todo es cuestión de enfoque de quien lo vea, lo que es cierto y una realidad es la falta de cultura de los mexicanos de aferrarnos a lo material, así como la ilegalidad de la población, en busca de encontrar en dónde vivir. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org