Corrupción en las minas
Por Guillermo Robles Ramírez
Las Autoridades y habitantes de la Región Carbonífera, que abarca y comprende los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez y Progreso, han basado su economía en la extracción de carbón de “Villa”, yacimientos que fueron descubiertos casi a finales del siglo XIX.
Con la extracción del carbón llegó un auge económico de grandes proporciones, que atrajo a gente de todo el país y también del extranjero. Todos deseosos de obtener un salario para sostener decorosamente a sus familias.
El energético era extraído de la manera más rudimentaria en ese entonces; y a la fecha en los llamados “pocitos” no ha cambiado mucho, pues siguen las mismas técnicas para su extracción.
Sin embargo, las minas cobran muy caro la riqueza que se extrae del subsuelo y por ello las tragedias mineras en las que han perdido la vida cientos de trabajadores se siguen registrando, ante la indiferencia de muchos y el dolor de los familiares.
Una de las peores tragedias que se recuerdan en la historia; es la registrada en San Felipe del Hondo, municipio de Sabinas, Coahuila; donde en 1902 perdieron la vida más de 200 mineros de origen asiático. Aunque la verdadera cifra, como en muchos otros casos no se conocerá jamás.
El gas grisú es el enemigo número uno de los mineros que, al bajar al interior de las minas de carbón, nunca saben si volverán a ver la luz del día.
En la actualidad, a pesar de que existen equipos muy avanzados para la detención del gas grisú, metano o de los pantanos; siguen ocurriendo explosiones y aquí es donde, habrá que preguntar quién falla. El equipo o los responsables de medir el porcentaje del gas.
Otra tragedia que cobró muchas vidas fue la ocurrida el 31 de marzo de 1969 en el mineral de Barroterán en la mina “Guadalupe”, subsidiaria de Altos Hornos de México; fueron 153 trabajadores los que entraron a laborar en el turno de segunda y al sobrevivir la explosión quedaron en el interior.
En 1987 una explosión en la Mina 4.5 de las Esperanzas, ocasionó la muerte de 37 mineros cuyo rescate se prolongó por varios días.
El 29 de septiembre del 2001 una explosión de gas metano, grisú o de los pantanos terminó con la vida de 12 mineros que cubrían el turno de primera en un pozo de carbón denominado “La Morita” ubicado en el ejido Santa Marías.
En febrero de 2006 ocurrió otra tragedia en la mina de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila; que mantuvo 65 muertos, nueve heridos y que aún siguen 63 cuerpos sepultados bajo 120 metros de profundidad.
Todavía en el presente año 2021 en este mes en curso; existen testimonio de la prensa escrita y los diferentes medios de comunicación de estos terribles accidentes y negligencia por parte de los dueños mineros. El reciente accidente registrado en la cabecera municipal de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; ante un derrumbe tras el reblandecimiento de uno de los túneles, causando por los mantos freáticos provocó el colapso de la mina perteneciente a la empresa Minera del Norte. Durante las primeras horas de rescate no se tenía el registro exacto se encontraban adentro cuando sucedió el lamentable accidente evidenciando una vez más las irregularidades que incurren las empresas dedicadas a la minería.
Como ocurre en estos casos, aún y cuando se habla de modernidad, el rescate de los cuerpos fue lento y la agonía de los familiares eterna, todo porque se carece del equipo necesario para hacer frente a un siniestro de esta naturaleza.
Aquí cabe mencionar una reflexión del trabajo que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; por qué un solo inspector tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de los pozos carboneros activos, y que en teoría tienen que inspeccionar personalmente para conocer el porcentaje de gas, que no debe pasar del 2 por ciento. Pero también en dónde está la supervisión para que estas minas cuenten con lo necesario para hacerle frente cuando suceda algún tipo de accidente, así como contar con el registro de cuántos mineros laboran diariamente.
En los llamados “pocitos” de carbón no se cuenta con el equipo necesario para detección del metano y los aparatos con los que lo miden, o bien, no están calibrados como debe ser; porque carecen de mantenimiento adecuado ya que en su mayoría el carbón es sacado de las empresas clandestinamente. Son dos cosas distintas en donde las empresas mineras pueden afirmar que sí tienen lo necesario, y otra diferente es que las utilicen realmente.
Las medidas de seguridad son sinónimos de corrupción porque al menos en la tragedia de la mina “La Morita” había voces de alerta desde días antes al igual que en otras tragedias, sin embargo; nadie hizo caso en su momento o no quisieron poner atención a lo que se veía venir. Y lo mismo ha sucedido en cada desgracia e incluso en la más reciente, en donde familiares de las víctimas aseguran haber reportado a alguna autoridad las negligencias, o malas condiciones de trabajo que existen; sin embargo, puede más la necesidad y el hambre de la gente, prefiriendo trabajar así.
Los pozos de carbón que en la región suman más de 150 entre registrados y clandestinos siguen siendo una bomba de tiempo ante la apatía y complacencia de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Gobierno Federal, y que tampoco tienen la preocupación de vigilar e inspeccionar las medidas de seguridad en las que laboran cientos de mineros que tienen necesidad de llevar a sus hogares el sustento diario.
Tan rudimentario es el equipo que utilizan los trabajadores para ingresar al interior de un pozo carbonero; que tan solo al visitar esos lugares parece que nada ha cambiado y seguimos en otro siglo donde no se conocían los avances de la tecnología.
Utilizan un “tambo” o tonel de los utilizados para almacenar aceite o petróleo, teniendo capacidad para meter a dos personas y bajan de un cable de acero que se mueve por medio de un motor de gasolina y conocido como malacate.
Los pozos carboneros tienen por lo regular un tiro vertical de hasta 60 metros y de ahí se arriban en túneles para la extracción del carbón que es sacado de la misma forma y amontado a un lado en espera del comprador.
Mientras los concesionarios siguen lucrando con la vida de las personas y las autoridades correspondientes no hagan nada; y solamente aparecen a la hora de los accidentes, seguirá sucediendo tragedias causadas por la negligencia de empresarios y autoridades, locales, estatales, pero sobre todo las federales. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org
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