Por Guillermo Robles Ramírez

En nuestra entidad se requiere una participación mayor ciudadana para combatir una serie de ilícitos que afecta directamente los derechos de la población más desprotegida y vulnerable: los niños.

Es común encontrar a personas adultas en el primer cuadro de los principales municipios acompañados de menores de edad que imploran la caridad pública para alimentos, regresar a su tierra natal o para el tan trillado la receta médica del pequeño.

Aunque son los casos más frecuentes visto a luz pública, existen otros, que pasan inadvertidos pero cuyas implicaciones van más allá de una simple ecuación matemática, de una explicación razonada.

La problemática se encuentra en aquellos sectores de las poblaciones a las que de pronto llegó la industrialización y cuando menos se pensaba en ella, se convirtieron en los cinturones de miseria.

Es ahí en las colonias que habitan familias de muy escasos recursos, pero con un gran número de menores necesitados de un ingreso, quienes se quedan en la barriada, y lo que es peor, presas fáciles para quienes no son tan menores para inducir a los demás a otros vicios.

Cerrando este vicio en las calles, afuera de los centros comerciales y cruceros; posiblemente para no tener una cruda moral o ser molestada, la ciudadanía da unas cuantas monedas de lo que sobró de alguna compra, es lo que mantiene y alientan este estilo de vida, sin percibir las causas de un problema social.

Comodidad, ignorancia y miseria son los motivos principales de la explotación de menores, fenómeno que se presenta cuando se desatienden sus derechos Constitucionales, Los Derechos De Los Niños, y por la Organización de las  Naciones  Unidas.

Agudizándose la explotación infantil, ante una situación generalizada paupérrima de la economía del país. Problema que no solo afecta a los niños de la ciudad sino también viaja a aquellos que se encuentran al otro lado del país y acompañan a las indígenas porque se encuentran en estado de abandono, son víctimas de maltratos y carecen de providencias siendo obligadas a vivir en las calles.

Este fenómeno es más frecuente en aquellos municipios más industrializados y más densamente poblados.

La mejor forma de evitar que se complete el círculo vicioso de la mendicidad es no dando limosna.

Para frenar la explotación infantil o este fenómeno social es indispensable la denuncia a las autoridades que respondan a los derechos de los niños, para que puedan intervenir para protegerlos.

Los menores tienen derechos igual que cualquier otra persona, y también se les debe respetar, empezando, obviamente, por las gentes que están más cerca de ellos, es decir, los papás y parientes más cercanos. Cuando ya salen de la esfera familiar toda la ciudadanía, en general debemos velar por esos derechos.

Es responsabilidad de toda la ciudadanía de no participar con sus donaciones porque alentaran a los pequeños a un estilo de vida fácil, cuando existen otras opciones.

El DIF municipal y estatal, es una institución viable cuando se tiene deseo de ayudar a un menor con donaciones que con las mejores intenciones del mundo se les da a manos llenas a éstos niños, es mejor preguntar sobre la existencia de patrocinio económico a la educación y manutención de un menor por un periodo largo de su infancia pero a través de una institución de gobierno para que las cosas se hagan correctamente y positivo. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org