Caracas (PL) El flagelo de las drogas, presente con sus ramificaciones en el más amplio espectro del escenario internacional, encuentra en la política venezolana de seguridad una sólida barrera dirigida a combatir el tráfico de estupefacientes.

Ubicado en una zona cercana a regiones productoras de Colombia y con salida hacia el Caribe, el territorio de Venezuela constituye para los narcotraficantes un punto ideal de tránsito de embarques hacia mercados de Europa y Norteamérica.

Frente a ello, la estrategia aplicada por las autoridades sirve de contención a ese tipo de delito, apoyadas en procesos que involucran a los diversos cuerpos de seguridad en el país.

Según la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), el balance de 2013 mostró de forma contundente los resultados de esa política, al incautar 46,8 toneladas de diferentes drogas en operativos activados en todo el territorio nacional.

La institución agregó que de ese volumen, ya se procedió a la incineración de 44,1 toneladas, a la vez que se superaron las cifras de 2012 en cuanto a la ocupación de sustancias ilícitas.

El titular de la ONA, Alejandro Keleris, señaló además que, como resultado de las acciones realizadas por las autoridades, nueve mil 130 personas quedaron detenidas por hechos de narcotráfico, entre venezolanos y extranjeros.

Unido a ello, 2013 dejó como saldo la realización de 11 operaciones militares, las cuales llevaron a la destrucción de 108 pistas clandestinas y 43 laboratorios utilizados para esa actividad, además de ocupar seis aeronaves e inutilizar 30 de ellas.

También las acciones llevaron al arresto en el país de 15 jefes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, con lo cual suman ya 111 los detenidos con solicitud de los organismos de seguridad nacionales e internacionales.

El resultado de esa política está a la vista, pues Venezuela fue catalogada durante los últimos ocho años como territorio libre de cultivos ilícitos gracias a las operaciones militares que realizan con los organismos de seguridad del Estado.

APUESTA POR LA PREVENCION

Unido a las acciones directas contra el narcotráfico, la estrategia integral tiene como componente esencial a la prevención, sustentada en 34 mil 045 actividades realizadas durante 2013, con alcance hasta 6,5 millones de personas.

Al respecto, Keleris aseveró que el tema debe ir más allá de una simple suma de los volúmenes de drogas incautados, para de esa forma incluir a los venezolanos hasta los cuales llegó el mensaje de las autoridades.

De manera paralela, Venezuela cuenta con el Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones (SNTA), donde el pasado año se contabilizaron 19 mil 156 acciones de atención a pacientes que presentaron problemas con adicción a drogas lícitas e ilícitas.

Para ello, el país dispone de 152 centros especializados, de ellos 29 de Orientación Familiar, 10 de Prevención y Atención Integral, seis Comunidades Terapéuticas Socialistas, unido a tres de Atención para Adultos y Ancianos, entre otras estructuras.

De manera complementaria, las autoridades asumieron la realización de 27 mil 665 pruebas de toxicología en los diferentes puntos desplegados en todo el país, dirigidas en lo fundamental a conductores de vehículos particulares o privados.

En esas funciones de combate al narcotráfico, Venezuela se apoya en los convenios existentes con cuatro decenas de países, entre ellos Reino Unido, Rusia, Francia, España, Holanda, Argentina, Perú y Colombia.

Como elemento a destacar, la ocupación de drogas por las autoridades venezolanas ha crecido después de la decisión tomada en el 2005 de suspender la cooperación con la Oficina Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

De hecho, el volumen durante los últimos tres años del convenio con la DEA (2002-2004) es menor (125 toneladas) que el concretado por autoridades venezolanas en el lapso 2006-2008, desde que se dejó sin efecto la colaboración con esa entidad (172,8 toneladas).

De esa forma, el país aplica un esquema antidrogas integral, el cual incluye prevención, incautación de drogas, arrestos y extradición de criminales, destrucción de pistas clandestinas y el monitoreo de posibles rutas de tráfico de drogas.