Una falta de transparencia resulta en desconfianza

 y un profundo sentido de inseguridad

Dalai Lama

La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz, confirmó que la verificación vehicular se aplicará en Quintana Roo, y aunque ya se aplica en 15 entidades de la República, la puesta en marcha en Quintana Roo en esta ocasión dista mucho de ser una medida eminentemente “extractiva” como se planteó en la administración anterior, pues contempla la instrumentación de programas específicos de sanidad ambiental.

Hay aun cuestionamientos de fondo sobre los concesionarios que operarán los 16 establecimientos en Quintana Roo, pero aun así el proceso, por lo menos lo que se ha mostrado hasta ahora, ha sido cuidado, sentando las bases primero de los beneficios ambientales que se buscan, faltará conocer las acciones concretas.

La discordia social surgirá seguramente en del pago que debe realizarse y en que se aplica de manera inversa a la tenencia vehicular por ahora suspendida; esto porque en la tenencia pagaban más los vehículos más caros y en la verificación pagan los más antiguos que se supone tienen las personas con menor capacidad económica, pero esas unidades son las más contaminantes.

Además, en entidades como Quintana Roo, aparentemente no es necesaria la verificación, pero del medio millón de unidades móviles, se estima que por lo menos la mitad tiene más de diez años de antigüedad, y que no se acumulen en las ciudades los gases no implica que no se emitan a la atmósfera; pero además, los recursos generados pueden servir para aminorar los impactos negativos de otro tipo de problemáticas ambientales: el arribo atípico de sargazo, la contaminación de la bahía de Chetumal, la invasión de la llamada lechuga de agua en la sabana de la capital de la entidad; sólo por mencionar algunos.

Ahora bien, a los trabajos que la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo realiza en los foros ciudadanos y la organización administrativa que lleva a cabo la Sefiplan, e incluso la valoración que debe hacer la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) para mantener o revocar las actuales concesiones, falta el compromiso de la administración pública en general para con el ciudadano, para que conozca específicamente el destino de los recursos, para que se brinde garantía de que no será un impuesto más que se diluye en las arcas y que de ahí se pierde su utilización específica.

Son tiempos difíciles, la economía del gobierno no marcha bien, pero tampoco la de los ciudadanos, por ello es que las promesas de no crear más impuestos – faltará ver si se cumplen- por parte del futuro gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador conquistó a la masa social que le brindó el voto; por ello la transparencia puede legitimar un cobro como la verificación, estamos todos atentos que se cumpla.

COMENTARIO MORBOSO

Quintana Roo, por su éxito turístico, siempre ha padecido problemáticas asociadas con el movimiento de grandes cantidades de personas, desde la enorme inmigración interna, hasta factores de inseguridad y trata de personas; y así como en los últimos días las autoridades estatales han logrado dar golpes precisos a la delincuencia organizada, cuya acción reporta más de 300 ejecutados tan sólo en lo que va del año; las acciones que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) dan muestra de una problemática existente que pudiera ser mucho más grave de lo que hasta ahora se ha percibido.

Harley Sosa Guillén, que hasta principios de 2018 encabezó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Quintana Roo, está ahora al frente del INM y en los últimos días, en operativos en que participaron unos 150 elementos de corporaciones policiacas federales y estatales, se logró la detención de nueve mujeres entre Cancún y Chetumal, siete de ellas venezolanas y dos colombianas, todas trabajadoras de bares con espectáculos de desnudos, todas ilegales.

La cantidad puede parecer modesta, si se precisa que se utilizaron en los operativos unos 35 vehículos y los elementos que participaron, pero lo que destaca no es eso, sino el “botón de muestra” de las nacionalidades de las trabajadoras ¿Será que, derivado de los problemas que hay en su país, las mafias de trata de personas se han enfocado en trasladar venezolanas a Quintana Roo, como en su momento fueron las de origen argentino? Cuidado, esa es también delincuencia organizada y genera violencia y mucho dinero; bien por el trabajo de Sosa Guillén que ha permitido identificar el fenómeno; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.