Lo que las leyes no prohíben,
puede prohibirlo la honestidad
Séneca

Por Julian Santiesteban

Yucatán inició el viernes con la entrega de uniformes escolares a 247 mil 619 alumnos, para ello invirtió 92.5 millones de pesos; en contraparte, en Quintana Roo se entregarán 236 mil 635 uniformes, para lo cual se invertirán casi 128 millones de pesos; ¿existe alguna lógica que explique porqué los quintanarroenses tendrán que invertir más de treinta y cinco millones de pesos adicionales, por recibir casi once mil uniformes menos? ¿Es acaso producto de la corrupción? ¿hay alguien que sancione la “diferencia de precios?

En la entrega de uniformes escolares en todo el país hay una enorme discrepancia en los millones que los estados invierten y la diferencia no radica sólo por la cantidad de alumnos que son atendidos o la cantidad de materiales entregados, es más un asunto de precios de sobre precio por parte de los proveedores, a petición evidentemente del adquiriente (hay amplia información sobre el caso de Sonora, en la administración de Guillermo Padrés se gastaron 600 millones de pesos más en el programa, por uniformes adquiridos en China); de hecho, desde 2010 en que inició el programa a nivel nacional con el objetivo de incentivar la industria textilera mexicana, las deformaciones fueron casi inmediatas, según muestra un estudio de 2014 realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el estudio se señala que las telas utilizadas para la elaboración de las prendas de vestir provienen de países como China, Taiwan, India, Pakistán o Colombia, lo que genera una enorme diferencia de costos; pero además, como el caso de Sonora, hubo momentos en que las prendas se importaron ya confeccionadas, e información extraoficial apunta a que, en la administración de Roberto Borge Angulo, hoy preso en el estado de Morelos, se hizo lo mismo, importando contenedores vía la zona libre del vecino país de Belice.

Por lo anterior y ante la evidente diferencia, el escribiente hizo una rápida investigación, encontrando sin embargo datos que resultan aún menos explicables, por ejemplo, Yucatán entrega por un costo promedio de 373.5 pesos por estudiante, uniformes y zapatos; mientras que el costo en Quintana Roo ronda los 541 pesos y los paquetes no tienen zapatos; en Sinaloa se invierten 280 millones de pesos, con un costo promedio por alumno de 600 pesos y tampoco cuenta con zapatos, pero ya se incluyen los útiles escolares (el valor a mercado, según explica la información de aquella entidad, es de mil pesos, pero reconocen que el difundido es el precio adquirido por mayoreo).

Más datos, en Querétaro se apoyarán a 950 mil estudiantes con un costo promedio de 345 pesos, que incluyen uniformes, sólo a 370 mil se entregan útiles escolares, a 130 mil tenis deportivos y a todos un vale por cincuenta pesos para materiales adicionales que les pidan las escuelas; mientras que en Chihuahua se beneficia a 218 mil 231 estudiantes con la entrega de uniformes y útiles escolares –no se especifica si incluyen zapatos o sudaderas, como el caso del Estado de Durango-, con una inversión de 76 millones 409 mil 237 pesos; con un costo promedio de 350 pesos por estudiante.

En la muestra tomada el rango de inversión va de los 350 a los 600 pesos por alumno, y como la información publicada no está desglosada sobre los artículos entregados, para la comparación el escribiente toma los datos de Yucatán y Quintana Roo que muestran mayor similitud, entre ambas entidades puede decirse que el vecino estado entrega, con un costo menor en casi 168 pesos mayor cantidad de artículos, pues en el beneficio otorgado incluye los zapatos; ahora bien, el cuestionamiento de fondo subyace, ¿por qué se tolera tanta disparidad en la comprobación si se trata de recursos federales provenientes, por ejemplo del Ramo 28?

Como se observa, no se trata de hacer señalamientos frívolos, la comparación es de fondo, la disparidad evidente y la permisividad normativa manifiesta, pues el programa que tiene por lo menos ocho años en todo el país muestra una amplia discrecionalidad en la aplicación de los recursos y, si el lector desea pensar mal, puede porque “alguien” está obteniendo evidentes ganancias, simulando incentivar la industria nacional de telas; de nuevo, baste comparar Yucatán y Quintana Roo. Por cierto, la titular de Educación en Quintana Roo, Ana Vázquez Jiménez, aseveró que tres mil 500 estudiantes inscritos de último momento se quedarían sin uniforme, pero eso ya ni cómo subsanarlo, ¿o sí?

COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de temas que faltan por explicar, la semana anterior, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González pidió a la Secretaría de la Contraloría estatal que investigue los “extraños” contratos de proveeduría otorgados por el Instituto Quintanarroense de la Juventud a tiendas de abarrotes, para vender alimentos para el albergue estudiantil, determinación tomada por el titular de la instancia, Fernando Méndez Santiago, aspirante en 2016 a la candidatura a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN).

Hoy, 12 de agosto, es el Día Internacional de la Juventud, ¿ya tendrá algo de avance la Contraloría en las investigaciones que, se supone, está realizando? ¿Los indicadores de la juventud han mejorado en algo desde la creación de dicha instancia estatal? ¿Ya son menos pobres, con mejores trabajos, más instruidos académicamente? ¿Si; cuánto? No, tampoco lo creemos; aunque eso sí, habrá muchos eventos para “conmemorar” tan importante fecha, ¿habrá alguna frase que rece algo así como: “No te preocupes, Fernando”? parafraseando al pasado; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.