Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo

Sófocles

Julian Santiesteban

Apoyado por viejos y nuevos actores políticos, un oscuro personaje recorre la Costa Maya quintanarroense, apropiándose ilegalmente de predios y revendiéndolos, es Juan Carlos Ortega Prado, quien desde hace más de una década ha encontrado en la extorsión y colusión con autoridades diversas, la manera más efectiva de obtener millones de pesos en ganancias.

Majahual, donde se ubica Puerto Costa Maya, es el segundo sitio más importante de México en arribo de cruceros y sus tierras valen millones de dólares. Según relatan pobladores afectados por Ortega Prado, este llegó a ese sitio hace casi dos décadas, y apoyado por actores políticos como el ex gobernador del estado, Joaquín Hendricks Díaz; funcionarios de la actual Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) –a quienes no señalan por sus nombres, y sobre todo, con el apoyo de policías ministeriales, estatales y municipales, se ha apropiado de infinidad de terrenos nacionales, ejidales y algunos incluso titulados, para lo cual contrata invasores a quienes promete también parte de las tierras despojadas.

Denuncias públicas en medios locales existes desde 2007 en contra de Ortega Prado, su predio denominado “El Moscón” ha sido modificado con las invasiones logradas y, lo preocupante, es que la Agepro ha validado el plano alterado, según relatan denunciantes que entregaron por cierto imágenes, videos y documentos al escribiente, en donde se demuestra la alteración del documento original. Pero además de la invasión descarada y la alteración de documentos, los invasores de Ortega Prado entran a los predios y arrasan con la vegetación del lugar, incluso los sistemas de manglar, protegidos por normas federales, sin que por el lugar llegue inspector alguno de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El escribiente recorrió en días pasados el sitio y constató la participación de elementos de la Policía Rural resguardando predios invadidos que estaban siendo cercados en ese momento, pero además hay en poder del redactor, videos en donde Ortega Prado asegura a un grupo de personas a las que alienta para tomar predios y asegura tener “el apoyo del gobierno” –sin especificar el nivel- para hacerse de las tierras; les promete subdivisión en breña y asegura que luego de tomados los terrenos solicitarán la regularización.

Si se revisa la información disponible en Internet, Juan Carlos Ortega Prado aparece tanto como invasor como denunciante de despojo, mientras que al final del 2019 alentaba la invasión de los terrenos aledaños a El Moscón, en mayo de 2019, junto con otros posesionarios de la Costa Maya hizo una conferencia de prensa en la que denunciaba la invasión de unas 200 hectáreas en la región sur de Majahual, por lo cual aseguró que denunció ante la Fiscalía General del Estado y se abrió la carpeta administrativa MAH/ATP/05/6072019, por el delito de allanamiento de morada y amenazas.

Sin embargo, desde el 20 de octubre de 2018, el procurador estatal de Protección al Ambiente, Miguel Ángel Nadal Novelo, reveló que tiene investigaciones abiertas en contra del señalado personaje por devastar manglar y rellenar terrenos aledaños al hotel Blue Kay –propiedad de Ortega Prado y que, por cierto, está operando a pesar de las restricciones establecidas por la pandemia de Covid-19-; y la Profepa, de acuerdo con el oficio PFPA/29.7/2C.28.2/1020/17 desde el 26 de abril de 2017 recibió una denuncia ciudadana por el mismo delito, y generó el expediente PFPA/29.7/2C.28.2/0102-17; pero hasta ahora las investigaciones no han avanzado.

Luego entonces, ¿quién protege a Juan Carlos Ortega Prado? ¿A qué funcionarios actuales está “beneficiando”? ¿No tiene nada qué investigar la Secretaría de Seguridad Pública por la actuación de sus elementos? ¿A qué funcionarios de la Agepro “benefició” el señalado personaje para validar los planos de sus invasiones?

El Código Penal federal, en su artículo 395, contempla penas de hasta cinco años de prisión por para quien ocupe un inmueble ajeno; y el Código estatal, en el artículo 158, establece penas de hasta seis años de cárcel, y la necesidad de vivienda no justifica el hecho, así que, por lo pronto, fundamento legal para proceder, si tienen las autoridades estatales y federales, ¿tendrán ganas de hacerlo?

COMENTARIO MORBOSO

El ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz no es el único que, a lo largo de los años, ha sido señalado por incitar y proteger los despojos de predios, utilizó durante su administración a otro oscuro personaje de nombre Javier Rivera Bonilla, alias “El Frijol”; que actuó también para su sucesor, Félix González Canto.

Ya en la administración de Roberto Borge Angulo, grupos de invasores, y supuestos empleados de 23 hoteles, coludidos con el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde despachaba Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, orquestaron el despojo de los hoteles, que según rumores no regresaron muchos de ellos a sus originales dueños, como se difundió al inicio de la actual administración estatal.

Diputados, presidentes municipales, políticos de todos niveles y partidos han participado, a lo largo de la historia estatal, en múltiples despojos de tierras… Juan Carlos Pereyra Escudero, Gregorio Sánchez Martínez, entre otros muchos, han sido señalados ¿Será que Ortega Prado es entonces un protegido de esa larga red de invasores y despojadores de predios? Por lo pronto, el escribiente difundirá por partes todo el material obtenido, la actuación de la autoridades es posible…si quieren hacer algo; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

Pd. Le dejo el link para un buen reportaje realizado en 2016 por Lydia Cacho, a propósito de despojos en Quintana Roo. “Puerto Morelos: otra tierra de ambiciones” https://aristeguinoticias.com/2407/mexico/puerto-morelos-otra-tierra-de-ambiciones/