Las honestas palabras nos dan un claro indicio de
la honestidad del que las pronuncia o las escribe
Miguel de Cervantes

Por Julian Santiesteban

Esta semana llega el mes de agosto, el noveno mes de gobierno de la cuarta transformación, muy pronto para evaluar, pero no para dejar de exigir resultados, porque desde mayo se despidió a todos los delegados federales, se desaparecieron 18 programas sociales y las representaciones de la federación operan “a medias”, construyendo además un padrón de beneficiarios que no están adscritos a dependencia alguna, y en el que el “clientelismo” de siempre aflora, mientras se asegura que los “beneficios llegan directo al pueblo”, sin la ingerencia de funcionarios corruptos del pasado.

Para mayo del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se tenían ya en funcionamiento 83 de las 100 universidades Benito Juárez –aunque de las dos a construirse en Quintana Roo nada se sabe-; que, en el caso de los apoyos que sustituyeron a los destinados para estancias infantiles, se ha alcanzado una meta de 92.6% (aunque amparos han posibilitado que cada vez más estancias sigan funcionando), y que las becas otorgadas por la SEP llevan un avance de 49.3% al 82% que ya han sido cobradas, aunque esta misma semana se evidenciaron lamentables deformaciones en la otra modalidad, la de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues a nivel nacional se difundió que algunos empleadores han despedido a sus trabajadores, sólo para darlos de alta como becarios, ahorrándose así el sueldo, pero manteniendo al empleado… ¿y el pueblo bueno que ya no robaría? Le anda fallando al presidente.

Sin embargo, suponiendo sin conceder –dirían los abogados-, que el avance expresado por el mandatario federal sea cierto, los avances en la reestructuración administrativa no ocurren con la misma celeridad, será por las resistencias de su mismo gabinete a acabar con prácticas de corrupción, tal cual lo afirmó el mismo senador morenista José Luis Pech Varguez, quien dijo que los actuales secretarios de Estado han pretendido utilizar las “mismas vías” para la operación de las entidades de la administración pública; véase nada más al “super delegado” quintanarroense, Arturo Abreu Marín, que “logró” que su sobrino fuera designado también desde mayo de 2019, delegado de Prospera para Quintana Roo.

Pero además hay un marcado retraso en los tiempos legales, pues aunque desde noviembre de 2018 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creando la figura de “delegados de Programas para el Desarrollo”, mejor conocido como super delegados, apenas hace diez días, el 18 de julio de 2019, se publicó el acuerdo en el cual se emiten los lineamientos que regulan sus funciones, en el Diario Oficial de la Federación; y si consideramos que esta será la máxima representación del gobierno federal en las entidades, pues luego de que se ratifiquen o designen esos funcionarios, ocurrirá lo respectivo con las demás dependencias federales, ¿y gobernar para cuándo? ¿le seguirá llegando el recurso directamente al pueblo bueno?

A propósito de eso, desde octubre de 2018, la aun aspirante a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que veinte mil encuestadores iniciaron el llamado “Censo del Bienestar”, para definir a quienes serán –o son ya- beneficiarios de los nuevos programas sociales, pero esta semana, a nueve meses de iniciado, especialistas señalaron que los 18 mil 147 “Siervos de la Nación” que realizan la tarea, coordinados por dos mil 464 regionales, se supone fueron capacitados en talleres, pero no se ha hecho pública la encuesta que los posibles beneficiados responde, pues ni por transparencia la Secretaría del Bienestar o la Coordinación General de Programas para el Desarrollo se asumen como sujetos obligados para conocer esa información, por lo que el manejo discrecional y poco claro –a falta de entrega de información- supone la posible utilización para fines clientelares…lo mismo de siempre.

Así, sin delegados (representantes) ni programas echados a andar, con acciones discrecionales por parte de los superdelegados y sin transparentar el proceso, con lineamientos apenas publicados y beneficiados elegidos sin criterios difundidos, faltan cinco meses para el cierre del primero de los seis ciclos de la Cuarta Transformación Republicana; reitero, aun pronto para evaluar, pero no para exigir que comiencen ya a gobernar.

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de la exigida transparencia, ahora que inicia agosto, a partir del 05, los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) entrevistarán a los nueve aspirantes a la rectoría de la máxima casa de estudios, la cual contará con nueva cabeza administrativa a partir del 15 de este mismo mes y tomará protesta el 16. La comunidad universitaria, a través de diversos grupos organizados, ha demandado al órgano evaluador que las entrevistas se apeguen al principio de máxima publicidad, de manera tal que sean transmitidas en vivo para que los interesados puedan conocer sus planes y proyectos específicos, pero que además se brinde certeza de que el designado para el encargo sea el mejor de acuerdo a su desempeño, formación, experiencia y preparación.

La legalidad se cumplirá, sin duda, la legitimidad es sin embargo el factor a cumplir. Este es el ejercicio con mayor participación de aspirantes, es en el que más se ha involucrado la comunidad universitaria y, más allá de señalar a mejores o peores, la importancia del siguiente rectorado radica en la apropiación del proyecto que resulte seleccionado por parte de todos los interesados en el futuro de la Uqroo, instancia que requiere urgentemente de esfuerzos conjuntos, sin que el disentimiento implique destruir lo alcanzado hasta ahora ni obstaculizar lo que falta por venir; las siguientes acciones dependen de su junta directiva y del apoyo de todos, falta entonces conocer el calendario de entrevistas; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima