No juzgues cada día por lo que cosechas,

sino por las semillas que plantas

Robert Louis Stevenson

Por Julian Santiesteban

El anuncio hecho por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo visas de trabajo para los migrantes centroamericanos que lleguen al país constituye, sin duda, un acto humanitario plausible, pero representará una enorme presión social para las entidades fronterizas de todo México, tanto en el sur como en el norte, con un impacto aun incuantificable en sus zonas urbanas.

Quintana Roo es una entidad formada casi enteramente por inmigrantes, con un millón y medio de habitantes, el cálculo más reservado señala que el ochenta por ciento son no nacidos en el estado y entidades como Chiapas y Oaxaca aportan 140 mil y 90 mil avecindados respectivamente, lo que evidencia el movimiento demográfico local; pero no sólo eso, miles de centroamericanos también llegan a Cancún, en donde medios nacionales han denunciado desde 2015 innumerables casos de explotación laboral, debido a su condición de inmigrantes, lo cual posibilita que diversas empresas turísticas, entre hoteles y restaurantes, los contratan con sueldos bajos, pues en su mayoría son considerados población flotante, que se emplea temporalmente en su camino hacia Estados Unidos.

La constante oferta de trabajo –aunque sea con sueldos de explotación-, hace que la zona turística quintanarroense sea atractiva para todo tipo de migrantes, por ello es que la caravana compuesta por dos mil hondureños que están por llegar a México ha preocupado a las autoridades quintanarroenses, no porque representen un peligro, pues en general la entidad arropa  siempre a quienes llegan, sino porque las personas demandan servicios públicos y espacios de permanencia y más ahora con el amigable anuncio del presidente electo, al cual sin embargo no le tocará lidiar con esta oleada en concreto, sino a la administración de Enrique Peña Nieto a la aún le queda poco más de un mes.

Especialistas como Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, han reconocido el discurso incluyente del futuro mandatario, pero han dejado en claro que los migrantes tienen derechos reconocidos por tratados internacionales, entre los que se encuentra el derecho a la educación, trabajo, vivienda digna; pero así como López Obrador ha asegurado que habrá muchos trabajos por ofrecer en la región sureste, lo cierto es que ni siquiera la población mexicana puede hacer efectivos esos derechos y, para el caso de los gobiernos estatales, no han recibido anuncio alguno de incremento a sus respectivos presupuestos para 2019, para poder generar y adecuar la infraestructura local y atender así a las oleadas migrantes. Esas a las que López Obrador quiere atender, hasta ahora, con buena voluntad.

Hasta ahora, Quintana Roo espera tener para 2019 un presupuesto no menor a 28 mil millones de pesos y una posible ampliación de dos mil millones que deberá negociarse cuando Andrés Manuel López Obrador asuma su gestión, a partir del primero de diciembre, pero esa estimación de gasto se ha hecho con base en la población permanente y, año tras año, la inversión en obra pública resulta insuficiente precisamente por la enorme cantidad de población flotante que, aunque no puede integrarse para la planeación presupuestal, sí demanda servicios que deben proporcionarse, impactando negativamente los indicadores de desarrollo estatal.

Así, los migrantes seguirán –sin duda- siendo bienvenidos a Quintana Roo y las entidades del sur-sureste, muchos no se quedarán y ejercerán presión social en la zona norte del país, pero ojalá que al discurso bien intencionado del presidente electo le acompañen políticas públicas de desarrollo y un considerable incremento a los presupuestos estatales, pues de no ser así, no habrá integración plena, aun con las visas de trabajo ofrecidas y los centroamericanos seguirán siendo sujetos a explotación, en su búsqueda de mejores condiciones de vida y del cada vez más ilusorio “sueño americano.”

COMENTARIO MORBOSO

La semana que inicia será clave para conocer los posicionamientos públicos de diversos actores políticos con respecto a la modificación constitucional impulsada por la XV Legislatura local y aprobada ya por la mayoría de municipios quintanarroenses, la cual elimina el requisito de residencia para el futuro fiscal general del estado. Habrá que ver si, como han anunciado en redes sociales, ciudadanos organizados promueven recursos legales en contra de la medida; pero sobre todo estaremos todos en posibilidad de conocer si, como dijeron, la reforma no fue un “traje a la medida” para alguien en específico.

Esto porque el Congreso local deberá emitir la convocatoria para que, los que aspiren al cargo, se inscriban en la Oficialía de Partes de la legislatura y en un plazo máximo de diez días naturales venga la designación ¿alguien recurrirá dicha modificación? ¿algún afortunado recién llegado será el o la ungido/a? si no es así ¿para qué se modificó la Constitución local? La apuesta que han decidido jugarse tanto la legislatura como la administración es alta: depositar la esperanza de mejoría en la seguridad en los hombros de un nuevo fiscal (claro que se requiere una combinación de actores y factores, pero es una manera de reducir a una mínima expresión la situación) sea local o fuereño; de ello dependerá el éxito o fracaso en la imagen. Corre tiempo pues; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.