Por Julian Santiesteban 

La verdad en un tiempo es error en otro 

Montesquieu 

La carrera política del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso quintanarroense, Gustavo Miranda García; y del senador por Morena, José Luis Pech Várguez, penden en este momento de un hilo. Si el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) o la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinan en los siguientes días, que ambos cometieron violencia política en razón de género, ni el primero podrá ser diputado federal, ni el segundo aspirar a la gubernatura en 2022. 

Desde octubre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la llamada 3 de 3 contra la violencia de género, a partir de la cual ningún agresor, acosador o deudor alimentario podrá aspirar a cargos de elección popular; en ese sentido, tanto Pech Várguez como Miranda García fueron acusados de cometer esa irregularidad en procesos que, inicialmente, daban la impresión de estar poco sustentados, pero que, a la luz de la autoridad electoral federal, el Teqroo no analizó de manera exhaustiva –lo hizo más bien a la ligera, cuando así les conviene, como siempre- y ahora, están los denunciados “comiéndose las uñas” porque las aspiraciones políticas penden de la resolución que ahora tomen los cuestionados y cuestionables magistrados locales, y que esta sea confirmada por Sala Xalapa del TEPJF. 

A detalle, el senador Pech Várguez, señaló en una entrevista en agosto de 2020, que el ex gobernador, Félix González Canto, operaba “a través” de la senadora Marybel Villegas Canché, lo que generó la denuncia que, en primera instancia, rechazaron tanto el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) –como siempre, cuando no se trata de favorecer al “oficialismo”- y luego el Teqroo, la legisladora federal recurrió la medida y Sala Xalapa ordenó, en diciembre pasado, al Tribunal local agotar con exhaustividad el análisis en razón de perspectiva de género. De nuevo, los magistrados locales Víctor Vivas Vivas y Claudia Carrillo Gasca (Sergio Avilés Demenhegui votó en contra del proyecto) rechazaron la existencia de violencia política y, de nuevo también, Sala Xalapa les acaba de ordenar que hagan su trabajo. Si en los siguientes días determinan, en lo local o federal, que hubo a agresión denunciada, se habrá acabado la búsqueda de la gubernatura para el senador. Villegas Canché habrá desbarrancado al primero de sus contrincantes. 

En el caso de Gustavo Miranda García, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso del Estado, denunció también ante el Ieqroo violencia política, pues el presidente de la Jugocopo la desconoció de sus funciones, le canceló compensaciones económicas y le ha impedido su labor. La quejosa siguió el mismo camino que la senadora, ya también ambos órganos electorales determinaron la inexistencia del agravo y ahora corresponde a Sala Xalapa la determinación respectiva. Si lo ocurrido con Villegas Canché se toma como referencia, en los siguientes días el Teqroo estaría por recibir una nueva “exhibida”, y la carrera por la diputación del Distrito 4 federal estaría cancelada. Por cierto, el juicio no sólo incluye al legislador local, sino también al secretario general, Renán Sánchez Tajonar; a Eugenio Segura Rodríguez, subsecretario de Servicios Administrativos, y a Benjamín vaca González, subsecretario de Servicios Legislativos. 

Miranda García tiene además los agravantes de las denuncias hechas ante diferentes órganos, por parte de la Red Feminista de Quintana Roo, que tiene tomado, desde finales de 2020, el edificio del Poder Legislativo, por la negativa del Congreso local de abordar una serie de solicitudes para modificar ordenamientos locales para sancionar con mayor severidad la violencia contra la mujer y posibilitar su desarrollo integral. Ese tipo de errores, lo ha dicho el escribiente, se convierten en los peores lastres políticos; y en este caso, están por desbarrancar las aspiraciones de dos representantes de la llamada Cuarta Transformación Republicana, aunque, aun con la exoneración, la “mancha” pública ya está ahí. 

Por lo pronto, habrá que esperar la determinación de las autoridades electorales, locales y federales, pero no olvidar que Quintana Roo tiene evidencia suficiente de candidaturas canceladas en plena campaña, pero además, el Teqroo enfrenta en estos momentos la decisión más difícil en toda la carrera de sus magistrados: sancionar a los señalados cancelando sus respectivas carreras políticas, o abrir la puerta a que un órgano superior evidencie su parcial proceder por conveniencia política. 

COMENTARIO MORBOSO 

A propósito de Félix González Canto, el ex gobernador como todos sus antecesores, sigue inmiscuido en la política local, para desgracia de los habitantes de la entidad; sin embargo, lo extraño en el “oscuro” personaje es su involucramiento nada replegado ni respetuoso del régimen y mandatario en turno. Lo mismo se inmiscuye con la 4T y Morena, que con “negocios” que encaminó desde que gobernaba (en su sexenio y en el quinquenio de Roberto Borge Angulo); por igual “impulsa” modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) en Bacalar para construir palafitos en la emblemática laguna del lugar, que intenta involucrarse en el proyecto de construcción de puentes sobre la Laguna Nichupté, en Cancún. No Félix no se ha ido, ahí pulula. Cosas de la democracia nacional y local. 

No, Félix no necesita operar “a través” de nadie; en lo local, la administración actual anunció desde el año anterior que ya no pesa ninguna investigación en su contra; y con esa exoneración de facto (¿hasta qué nivel han llegado los “acuerdos?), anda ahora buscando financiar candidatos a alcaldes y diputados federales, además de prometer “gestiones” en favor de abanderados, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de Morena o el Partido Verde Ecologista (PVE). Claro, es seguro que estará en el proceso electoral 2021, lo mismo que en 2022; por ello resulta hasta frívolo señalar lo que a ojos vista está presente. No se trata de que apoye a uno u otro, lo cierto es que su capacidad para la perversidad política parece no tener límites. Si la mitad de esa capacidad hubiere sido utilizada para el buen gobierno, su legado hubiera sido diametralmente opuesto. 

Entiéndase claro que no es halago, es lamento. El ex gobernador se inmiscuye con partidos tradicionales y nuevos (de estos nos ocuparemos en posteriores colaboraciones), en agrupaciones sindicales y grupos diversos de poder; pero la culpa es, finalmente, de los que se dejan “convencer”; evidenciando una dependencia supina que no posibilita una evolución política y nos condena a los quintanarroenses a vivir bajo el yugo de los mismos, disfrazados de nuevas opciones; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.