La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad 
 de hacer más trabajo bien hecho 
Jonas Edward Salk 

Por Julian Santiesteban

La XVI Legislatura de Quintana Roo tiene la responsabilidad de aprobar la obra de infraestructura más importante del sexenio, pero el riesgo es tan elevado como endebles serán las respectivas carreras políticas si se equivocan, pues entregarán por 30 años la explotación de un puente, ante lo cual hay quienes ya lo equiparan a la concesión que se entregara a Aguakán. 

La Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) y el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) anunciaron a mediados de julio la realización de la obra, la cual tiene un retraso de más de 15 años, especificando que, hasta ahora, se ha recibido la oferta de la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura S.A. de C.V. (Conoisa) de Grupo Ingenieros Civiles y Asociados (Grupo ICA), cuya propuesta contempla dos años de construcción y 28 de explotación, es decir, una concesión por 30 años, y aunque el periodo resulta de por sí gravoso, en los detalles la explotación pretendida es más preocupante, y ya ha llamado la atención de legisladores locales. 

De entrada, la concesión en los términos planteados por ICA apunta a que será rechazada, pues la ganancia estimada es de más del 200 por ciento de la inversión realizada, pues invertiría cuatro mil 455 millones de pesos y su ganancia estimada a precios actuales sería de 12 mil 230 millones aproximadamente. Usando sus propios datos, calculan un aforo vehicular de 15 mil vehículos, el costo de peaje por kilómetro de puente es de cinco pesos –o sea 80 pesos por cruce redondo-, lo que arroja una ganancia de más de 436 millones anuales, pero no se han planteado, o anunciado hasta ahora, planes de cobro especiales para los residentes quintanarroenses o los trabajadores que diariamente acuden a la zona hotelera de Cancún. 

Los precios o planes para residentes no están considerados como beneficios sólo por el origen, sino por la frecuencia de uso. Si se considera que un trabajador de la zona hotelera tiene la necesidad de utilizar este puente 6 veces por semana, resulta que anualmente tendría que pagar 25 mil pesos sólo por acudir a trabajar. Ciertamente, se dejarán las antiguas entradas como libres, pero nada garantiza que en un futuro sigan operando. 

Son precisamente esos detalles los que evidencian la necesidad de revisar a detalle las concesiones y establecer “candados” desde el principio, porque una vez entradas en vigor los precios comienzan a subir discrecionalmente –basten como ejemplos los cobros de navieras que operan entre Playa del Carmen y Cozumel, y las de Cancún-Isla Mujeres-; por ello en la XVI Legislatura hay ya voces de alerta, pues de acuerdo al artículo 29 fracción tercera de la Ley de Asociaciones Público Privadas de Quintana Roo, aprobada apenas en el 2017, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta debe analizar el proyecto y aprobarlo, en su caso, para que luego el pleno lo someta a aprobación. Dicha comisión es presidida por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde Ecologista (PVE). 

Seguramente llegarán más ofertas, más económicas, más caras, o por menos tiempo, pero la necesidad de revisar será siempre la misma, porque las afectaciones a la población aparecen con el tiempo y los gobiernos se vuelven rehenes de los concesionarios, por contratos que hacen prácticamente imposible la revocación; ¿o ya nadie recuerda el lastre que representa Aguakán en materia de agua potable en Quintana Roo? 

El puente sobre la Laguna Nichupté pudiera ser la obra de infraestructura más importante de la administración de Carlos Joaquín González, pero la revisión de la concesión también será el reto más importante de la XVI Legislatura, pues pudiera representar el final de las aspiraciones políticas de quienes la aprueben; la ley de APP brinda opciones legales para que gobierno y ciudadanía asuman los costos, pero dejarle en “los hombros” a los ciudadanos el pago total de una obra que brindará ganancias a la empresa y al gobierno, parece el esquema menos justo; depende entonces ahora de legislatura heredar otro “Aguacanazo.” 

Por último, cabe decir que, en la ruta crítica planteada por la Agepro, la obra debe ser licitada y concesionada este mismo año, para lograr inaugurarla antes de que concluya la actual administración estatal en 2022, situación nada fácil, aunque a partir de septiembre de este año, cuando el PVE presida la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso, pudieran construirse acuerdos para avanzar, ¿valdrá la aprobación de la obra una presidencia municipal, con lastres para los ciudadanos por 30 años? 

COMENTARIO MORBOSO 

LAS MENTIRAS DE TORRUCO 

De las mentiras que el aún secretario de Turismo de este país ha emitido al sector que debe atender, la menor de ellas es la simulación de mudanza de la Sectur a Chetumal, capital de Quintana Roo, pues es evidente que, a pesar de ser orden directa –y reiterada en público- del parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la dependencia no ha trasladado un solo trabajador al sureste mexicano. Bueno, ni el mismo titular de esa instancia ha venido, más allá de dos o tres veces –para la toma de fotografías- al que se supone debe ser su lugar de trabajo. 

Miguel Torruco Marqués ha dicho recientemente que el compromiso de trasladar la Secretaría de Turismo a Chetumal, se mantiene, y que son los problemas legales del edificio en que se instalará la instancia federal la que ha frenado la mudanza, pero desde enero pasado el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González aseveró que la documentación estaría lista para cuando se decidiera el cambio, lo que evidencia que en realidad no hay intención de mudanza y todo ha sido una mentira, tal y como lo reveló en sus redes sociales el ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Levy-Dabbah. 

En momentos en que la promoción turística del país por parte del gobierno federal es prácticamente inexistente, la semana anterior medios nacionales revelaron que Torruco Marqués privatizó –sin condicionamiento alguno y sin que ello represente ganancia alguna para el gobierno federal- el portal que promociona al país. Lo entregó por todo el sexenio y nadie ha hecho absolutamente nada. 

El ex funcionario reveló además (con fechas y horas específicas) las amenazas que recibió por parte de Torruco Marqués, cuando Levy-Dabbah pretendió avanzar en el programa de liberar accesos de playa para la ciudadanía en Quintana Roo, siendo frenado por el aún secretario de Turismo. 

No, la mudanza de Sectur es la menor de las mentiras y simulaciones, lo verdaderamente lamentable es la falta de visión, de compromiso, de un funcionario que generó todo tipo de expectativas, pero la realidad de su desempeño ha sido la decepción constante, acaso a tono con la administración federal, por eso lo sostienen en el cargo, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.