Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más  

de la seguridad de sus puestos, que de la seguridad de su país 

Thomas Macaulay

Por Julian Santiesteban 

El modelo de Mando Único policial en Quintana Roo, para que pueda continuar vigente, por lo menos hasta finales del 2022, requerirá del aval de los nuevos gobiernos municipales que iniciarán el 30 de septiembre del presente año; pero la revisión por la que, seguramente, pasará la señalada estrategia mantenida por el mandatario Carlos Joaquín González, requerirá del planteamiento racional en la modificación de planes, acciones e indicadores, no sólo de la repartición del dinero, como ocurrió en 2018 y 2019. 

Cuando Alberto Capella Ibarra llegó a la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, el 26 de septiembre de 2018, planteó como estrategia articuladora para reducir la criminalidad, el establecimiento del mando único policial. Para ese entonces, lo único que había como evidencia era el dicho del recién designado y las cifras que aducía como resultados en entidades como Morelos, donde estuvo también como responsable de seguridad y de donde salió tras una polémica renuncia y luego sería denunciado por el supuesto desvío de recursos por 27 millones de pesos, según aseguró el actual gobernador de aquella entidad, Cuauhtémoc Blanco. 

Ahora, a poco más de dos años de instrumentación, el discurso oficial indica que la capacitación y equipamiento ha mejorado, pero los indicadores de resultados no se sostienen ni con la interpretación estadística, los comparativos mes a mes han mostrado, por momentos, alguna mejoría y el comparativo de 2020 contra los de 2019, evidentemente resultan  engañosos, considerando que la pandemia de Covid19 ocasionó la reducción también de la criminalidad en el mundo, según el más reciente estudio publicado por la revista Nature Human Behaviour, a excepción de la violencia familiar y trata de personas. En general, la inseguridad y su percepción se ha degradado en la entidad desde 2016, por lo que la revisión a la estrategia es, por decir lo menos, importante. 

Ciertamente, la centralización en el estado de los recursos como los del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), fue el tema de polémica entre el gobierno estatal y los municipios, pero se descuidaron negociaciones fundamentales que atendieran a la ciudadanía, de manera tal que, ante hechos delictivos diversos, han surgido acusaciones cruzadas entre corporaciones municipales y la llamada Policía Quintana Roo, baste recordar los desencuentros discursivos, luego de las agresiones a periodistas y ciudadanos en Cancún, aquel fatídico 09 de noviembre de 2020, tema por cierto que se mantiene sin resolver, pues los policías y funcionarios señalados como responsables siguen sin ser condenados, mientras que las víctimas aseguran haber sido abandonadas por todas las instituciones. 

El inicio de las nuevas administraciones municipales es el momento ideal para una revisión efectiva, pues cabe decir también que lo poco avanzado en términos de seguridad y percepción de la misma es una responsabilidad conjunta, ni todas las acciones malas, incompletas o cómplices de la criminalidad son responsabilidad de la policía estatal, ni las corporaciones municipales son inocentes o inoperantes sólo por falta de capacitación o equipamiento. Así que, a partir de octubre próximo, lo menos que deberá clarificarse es el ámbito de responsabilidades, y el restablecimiento de una ruta crítica que permita medir los resultados e identificar a los responsables. 

Así, lo único que no debiera ocurrir, es que no ocurra nada cuando los gobiernos municipales asuman funciones, no por una cuestión política, sino fundamentalmente porque “nadar de muertito” hasta que concluya la administración de Carlos Joaquín González es condenar a los habitantes de los once ayuntamientos a vivir en las condiciones de inseguridad que actualmente se mantienen, y porque además, muchos de los mandos municipales han sido señalados por excesos e incapacidades. Es el momento pues de hacer un balance y ajuste a la estrategia, planes, programas y acciones; para la administración estatal, es la última oportunidad. Para los ayuntamientos, es el inicio que requieren para dar los resultados que sus antecesores no lograron. 

COMENTARIO MORBOSO 

Apenas el 21 de agosto pasado (según consignó el periódico El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Quintana-Roo-subsidiara-construccion-del-Puente-Nichupte-20210825-0135.html

), el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras Castillo, aseguró que la administración de Carlos Joaquín González subsidiaría con dos mil millones de pesos la construcción del nuevo puente vehicular sobre la Laguna Nichupté, asegurando además que otros dos mil que entregaría el gobierno federal, ya estaban contemplados en el presupuesto federal para 2022 e, incluso, “etiquetados.”  

Tres semanas después, medios nacionales y toda una especulación pública se ha desatado, asegurando que Banobras ya no participará en el proyecto. Ante ello, el gobernador quintanarroense ha asegurado que la obra, aun así, se llevará a cabo. El cuestionamiento obligado es quién aportará el recurso que ya no entregará la administración federal, pero sobre todo, si eso implicará que los tiempos de concesión, actualmente por treinta años, se incrementarán para garantizar la rentabilidad de la obra. 

Por cierto, en este vaivén, el Congreso del estado nada ha dicho, a pesar de ser quien debe revisar el proceso de asignación, y de ser quien autorizó la concesión, con el argumento de que era un proyecto de interés federal. Con el retiro de la 4T, el argumento se les ha desplomado, y el “aguakanazo” en puerta ronda la desgracia de los que tendrán que utilizar la vía para llegar a su centro de trabajo en la zona hotelera más importante de México. 

Para realizar la obra, tanto el gobierno estatal, como el ayuntamiento Benito Juárez, tienen que dar su aval ¿de plano nada exigirán en favor de los locales? Es la oportunidad para no heredar más desgracias, construyendo un contrato de cara a la ciudadanía, en favor de los habitantes de Quintana Roo y no sólo en beneficio de los “señores del dinero”; porque ICA será la beneficiada con la concesión, como siempre, pero los ciudadanos “de a pie” serán quienes la paguen; también como siempre, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.