El mundo no está en peligro por las malas personas
 sino por aquellas que permiten la maldad
 Albert Einstein

Por Julian Santiesteban

Como si de una venganza se tratara, diversos actores políticos mexicanos han expresado que el gobierno de la República debe emitir un “warning” para todos los nacionales que viajen a Estados Unidos, luego de la masacre ocurrida en El Paso que ya es catalogada como un acto terrorista, pero esa demanda tiene más tintes de venganza que de intención real de proteger a ciudadanos y la administración pública no debe actuar así de irracional. Justicia sí, venganza no.

Desde el Consulado de México en El Paso, Texas, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón dijo que prepara un caso por terrorismo contra connacionales y que participará en contra del asesino de ocho mexicanos y 12 personas más –un hecho por cierto inédito-, pero hay, por ejemplo, diputados federales por del Estado de Chihuahua como Miguel Riggs, que han solicitado que el gobierno federal emita una alerta –warning pues- para todos los que acuden al vecino del norte para que se extremen precauciones.

Por cierto, quien sí ha emitido un warning es el gobierno de Uruguay, quien consideró que la “creciente violencia indiscriminada” apunta directo a los “crímenes de odio”, pues ha costado la vida de más de 250 personas tan sólo en los primeros siete meses de 2019 y por ello solicitó a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan a Estados Unidos.

Ahora bien, año con año, el destino turístico más importante de Latinoamérica, Quintana Roo, lucha por mantener a la entidad fuera de la nada bien intencionada influencia de los warnings emitidos por el gobierno norteamericano, particularmente en periodos vacacionales como el denominado “Spring Break” y cuya finalidad tiene más que ver con retener a jóvenes para que se mantengan en los destinos turísticos de aquel país, pues aunque no puede negarse la acción del crimen organizado en México, episodios como los de El Paso nos recuerdan que en Estados Unidos la violencia no es menor.

Apenas la semana anterior, el gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín González, realizó una gira por distintas regiones de aquel país acompañado del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, en la que concretaron la llegada de más vuelos comerciales a Cancún, pero sobre todo dieron certeza de la seguridad garantizada para los millones de estadunidenses que llegan  este destino año con año; desgraciadamente, no ocurre lo mismo con la comunidad latina en aquel país, menos con los discursos de odio arreciados por el mismo presidente Donald Trump; pero ante ello no debe responderse con warnings, sino con demandas concretas de frenar las campañas de odio, con exigencias de justicia y con “guante blanco”, destacando lo que hay que modificar para mejorar realmente las relaciones.

Emitir alertas para beneficios unilaterales sólo degrada la economía de ambos países por su entrelazamiento; pero no se trata de dejar pasar la masacre como si no hubiera ocurrido, pues en la memoria quedará, cuando al vecino del norte se le ocurra criticar la violencia en los países de su periferia, como si en Estados Unidos nada ocurriera.

COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de seguridad, ahora la falta de claridad es de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, pues aun cuando todos los municipios han aceptado, no sin dificultades y rispideces, la instrumentación del mando único en todo el territorio estatal, es la instancia que encabeza Alberto Capella Ibarra la que no ha dado pasos para concretar su estrategia; a partir de la cual, por cierto, se articulan todas las acciones de su plan para aminorar la incidencia delictiva estatal y la que ha considerado fundamental para lograrlo.

Seis municipios aceptaron de manera inicial, y los últimos dos fueron Othón P. Blanco y Solidaridad; por cierto, este martes en Playa del Carmen hubo un anuncio conjunto entre Capella Ibarra y la alcaldesa Laura Beristain Navarrete; en el sentido de que, desde hoy, el funcionario será el responsable del mando de la corporación en ese municipio; por cierto, a semana y media de que perdiera vigencia el decreto publicado por el gobierno quintanarroense el 15 de mayo, por medio del cual, de manera unilateral, asumió la responsabilidad de la corporación en aquella región estatal.

Lo muy bueno es que ya habrá coordinación, pero a ver cuándo hay ya mando único en toda la entidad. Seis meses pidió Capella Ibarra como plazo para dar resultados tangibles; eso nos lleva a finales de enero de 2020 si durante agosto se lanza la estrategia en los once municipios. A Quintana Roo le urgen resultados notorios, no interpretación estadística, corre entonces el plazo.

Que corran pues los seis meses solicitados por Capella Ibarra para cumplir, ojalá le toque aun dar los resultados, pues algunos integrantes de la XVI Legislatura que inicia el tres de septiembre próximo insisten en que el aún secretario de Seguridad quintanarroense debe abandonar el cargo, estaremos atentos desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.