Nuestras acciones hablan sobre nosotros

 tanto como nosotros sobre ellas

George Eliot

Entretenidos todos en sostener el discurso sobre la poca o mucha afectación del sargazo en las cifras de turistas que han llegado en 2018 a Quintana Roo, se ha perdido de vista la cantidad de millones de pesos que se han invertido para contener la macroalga o recogerla desde el mar con las barreras que se instalarán en los siguientes días, pero dicha cifra representa el total de lo que la entidad recauda por concepto por el uso de Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat), lo que necesariamente mermará las demás actividades proyectadas a realizarse con ese recurso.

Lo anterior es fundamental porque de acuerdo a la normatividad sobre los ingresos de Zofemat, el diez por ciento se destina al estado, diez por ciento para el gobierno federal, el treinta por ciento para estudios y proyectos de conservación de la misma zona federal, y el resto para los ayuntamientos; por ello será fundamental conocer el origen de los recursos que se invertirán en el resto de la contingencia estatal, pues a la fecha se han invertido 62 millones de recursos federales y 20 millones más de origen estatal, pero la semana anterior la titular de Turismo estatal y el responsable de Ecología, Marisol Vanegas Pérez y Alfredo Arellano Guillermo, respectivamente, anunciaron en conferencia de prensa en la ciudad de México se invertirán 240 millones de pesos más.

Lo anterior es fundamental de destacar, porque se están invirtiendo por adelantado recursos que aún no se recaudan y en algún momento, tanto los gobiernos municipales, como el estatal y el federal, deberán explicar qué acciones dejaron de realizar, cuánto aportó cada uno de ellos y en qué partida colocará lo que ahora se invierta.

Exigente como debe ser el ciudadano, demandará también en su  momento la explicación de las obras que ahora se postergan, pero querrá conocer el tiempo en que estos proyectos se retomarán, porque nueve de los once municipios quintanarroenses tienen litoral,  siete de ellos, a excepción de Isla Mujeres y Cozumel, tienen problemas de sargazo, y si la normatividad establece que los recursos de Zofemat deben aplicarse para este tipo de acciones, ¿cederán entonces dichos recursos al estado?

Se entiende entonces que la contingencia debe atenderse en lo inmediato, con los recursos de que se disponga en el momento, aunque ello implique frenar obras y proyectos,  para luego acomodar cuentas e inversiones, dicho lo anterior en el sentido más positivo; pero eso sí, en el entendido de que, siendo una contingencia, los recursos gastados impactarán en obras que dejarán de hacerse, ¿o acaso el recurso “sobraba”? eso es lo que deberán explicar las autoridades a sus gobernados. Eso parece más importante que debatir si el sargazo afecta o no la llegada de turistas, porque lo que sí es seguro es que ya afectó la realización de obras y prestación de servicios, pero dando cuentas claras, pudiera ser entendible.

Ahora bien, las autoridades, los especialistas y quienes ya padecen el arribo de sargazo de manera periódica a sus litorales, han señalado que la macroalga es un problema que llegó para quedarse, que el cambio climático impone a la humanidad exigencias de resiliencia con las que deberá lidiar desde ahora. En Quintana Roo desde 2006 se ha discutido la posibilidad de establecer un fondo de contingencias que atienda estas situaciones sin afectar las obras públicas proyectadas, parece que es tiempo de poner pies en acción, o el próximo año se estarán dejando de hacer más obras, por atender una contingencia que da muestras de ser permanente.

COMENTARIO MORBOSO

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, mejor conocida como “Ley Casitas”, ha desatado una andanada de críticas a los diputados de la XV Legislatura, particularmente a su impulsor, Juan Carlos Pereyra Escudero, pues reduce sensiblemente el tamaño promedio de las viviendas exigido a los constructores, lo que termina afectando a todos los sectores, pero mucho más al de menor capacidad económica, por ser, evidentemente, las viviendas de interés social las más pequeñas.

Escudándose en excepciones lamentables de Cancún, en donde se violó flagrantemente la norma anterior y se permitieron viviendas de hasta cuatro metros de frente, los legisladores pretenden justificar la afectación a la mayoría de los quintanarroenses, lo cual constituye incluso una aberración jurídica, pues ¿desde cuándo las leyes se hacen sobre la base de las excepciones? Fue un “bisne” puro y duro; que desgraciadamente no fue atajado desde el Ejecutivo estatal, que tuvo todas las posibilidades de vetar la ley señalada, pero finalmente se aprobó en los oprobiosos términos establecidos por los legisladores. Creo que ninguno de ellos buscará repetir en el cargo en 2019, pues el repudio social lo cargan desde ahora.

Permítasele al escribiente una última pregunta, a propósito de las elecciones intermedias de 2019 en que se renovará el Congreso Local, si hoy fueran las elecciones ¿por cuáles de los diputados actuales votaría el lector? Por lo anterior, no es un despropósito afirmar desde ahora que los comicios del próximo año ya los tienen perdidos de antemano los actuales “mandamases”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.