Curiosamente, los votantes no se sienten responsables 

 de los fracasos del gobierno que han votado 

Alberto Moravia

Por Julian Santiesteban 

A partir de este lunes, quedan exactamente 59 días para que concluya el segundo periodo ordinario de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, tiempo durante el cual los legisladores y legisladoras locales no sólo deberán hacer lo necesario para darle forma y sustento a la Cuarta Transformación Republicana (4T) quintanarroense, sino además proveer del andamiaje estructural para la consecución de los objetivos planteados por el quinquenio en marcha, a través del llamado Nuevo Acuerdo para el Bienestar, pues es responsabilidad de este Poder del Estado, cogobernar en la toma de decisiones… y las tareas se abultan y complican. 

En lo inmediato, a la legislatura le corresponde aprobar la modificación estructural de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en lo cual ya se han dado pasos en firme con la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria, a la cual habrá que dotar de los elementos presupuestales y orgánicos necesarios para que alcance sus objetivos; además de la modificación de la Secretaría de Seguridad Pública, para ampliar su rango de acción y especialización. Lo anterior no es precisamente una tarea rutinaria, pues implica no sólo la “alineación” a las políticas nacionales de combate a la pobreza y fomento al desarrollo, además de la profundización en el combate a la criminalidad, sino también un cambio de forma y fondo en lo local que no se observaba, por lo menos, en las últimas administraciones, que lo mismo experimentaron con proyectos de “Basura por Alimentos” que “Mandos Únicos”, siempre priorizando los negocios desde el poder, sin la modificación de fondo en los indicadores sociales; es decir, “cambiar todo para que nada cambie.” “Gatorpardismo”, simple y llano. 

Si la ruta que se ha decidido es la correcta, podrá medirse a corto y mediano plazo, pero primero hay que hacer la labor; y es ahí donde los tiempos parecen complicarse al Legislativo, pues además de lo señalado, hay que armonizar las normas locales de movilidad con las federales, hay que hacer la adecuación presupuestal del Poder Judicial, solventar la falta de una Magistratura en esta instancia; renovar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, lograr la designación de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, revisar las cuentas públicas de la administración pública; además de todos los temas coyunturales que surjan en las siguientes semanas. Vaya reto. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, en el periodo se atraviesan los temas políticos de revisión a las administraciones anteriores y los objetivos muy particulares de cada uno de los 25 ciudadanos que ocupan una curul, pues muchos de ellos -si no es que la mayoría, pretenderán seguir en las mismas después del 02 de junio del 2024, mediante la reelección a la que tienen derecho, pero que no necesariamente demostrarán merecer a partir del trabajo desempeñado. Por eso la importancia de lo que hagan en este mes de abril y hasta el 31 de mayo porque después de ahora todo será proselitismo velado y justificaciones múltiples sobre lo no hecho. ¿cuántos y cuántas podrán presentarse a los quintanarroenses para solicitarles el sufragio en su favor, con la tranquilidad del deber cumplido? Es momento de revisar sus gestiones y darle seguimiento efectivo. 

¿Y, entonces, qué hacer y qué esperar? Por lo pronto, verificar el compromiso del cogobierno, el acompañamiento efectivo y estratégico en la toma de decisiones, el cumplimiento de dotar a la administración estatal de lo necesario para que la promesa de atención a los menos favorecidos socialmente a lo largo de la historia local; para luego dilucidar en qué grado las iniciativas, puntos de acuerdo y hasta creación de comisiones -cualquiera que sea su tema y justificación discursiva- contribuyen a mejorar la realidad inmediata o futura de los representados… o ¿aun no se cansa como quintanarroense de la postura sin fondo? ¿aun no nota cuántos y cuántas “curuleros” hacen como que hacen, dejando a los que vivimos a “ras de suelo” igual que si no subieran a tribuna? 

Es ahora el tiempo de exigir cuentas, porque, en menos de un año, los verá de nuevo recorrer calles y poblados, prometiendo “el oro y el moro”, abrazando “pobres”, arropados en los colores de la “franquicia” partidista más popular, para no volverlos a ver en tres años… una dieta de varios cientos de miles de pesos, bien valen una “sudada con el pueblo bueno y sabio”, ¿o no? 

COMENTARIO MORBOSO 

La transición presidencial de 2024 en México será la más complicada en lo que va del siglo XXI, con repercusiones profundas en las 30 entidades federativas que tendrán elecciones concurrentes, pues antes siquiera de llegar a la competencia entre aspirantes a obtener el voto, deberán definirse las reglas de la competencia, lo cual representará, por cierto, también la mayor de las pruebas para el federalismo y la independencia de poderes, pues las normas serán determinadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la adelantada inconformidad del Ejecutivo, entiéndase el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Faltan unos 160 días para que inicie el proceso electoral federal; y luego de que se admitiera la suspensión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la ley Orgánico del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, por parte del ministro Javier Laynez Potisek, y de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que esto fue así porque se trata de “la misma mafia” que no quiere la democracia nacional, el entorno pre electoral se complica, a pesar de la renovación de consejeros en el Instituto Nacional Electoral (INE). 

Esto, porque más allá de posturas personales o institucionales, se mantiene la incertidumbre con respecto a la normatividad que se aplicará para la renovación en la presidencia de la República, las 500 diputaciones del Congreso federal y las senadurías; además de la posible modificación de la estructura operativa de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de las 30 entidades que tienen elecciones concurrentes. Sí, hay nuevo INE muy acorde a la 4T, ¿pero con cuáles leyes sancionarán los comicios de 2024? ¿cómo operarán los organismos estatales y en qué grado la posible modificación estructural brindará certeza sobre los resultados? ¿acaso estábamos mejor, cuando estábamos menos peor? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.