Muchos jueces son incorruptibles,
nadie puede inducirlos a hacer justicia
Bertolt Brecht

Por Julian Santiesteban

La “tranquilidad” con la que viven los que fueron acusados de vaciar las arcas públicas en Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge Angulo y Félix González Canto, sólo puede entenderse a partir de la complicidad o incapacidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya titular, Rosaura Villanueva Arzápalo, durante los dos años que ha estado en el cargo, tiene un porcentaje “histórico” –dicho por ella misma- en ajuste de cuentas, pues le ha aplicado prisión preventiva al 0.7 por ciento de los acusados de corrupción; ¡“no me la hagan menos que la van a chivear”!, diría Piporro, es casi el uno por ciento.

A detalle, para enero de 2019, Villanueva Arzápalo presumió que tenía ya denuncias en contra de 144 ex funcionarios de la era de Roberto Borge Angulo, luego de que abrieran 344 carpetas administrativas y que se habían regresado a las arcas 63 millones 12 mil 572 pesos; 19 millones de los cuales se obtuvieron producto de la entrega como garantía de 13 predios y los demás en recursos; sólo que la actual administración aseguró en sus inicios que el desfalco alcanzó los once mil millones de pesos, y que Borge Angulo vendió la mitad de las reservas territoriales estatales, equivalente a 24 veces la superficie de Isla Mujeres, y más de seis veces el territorio total de la zona hotelera de Cancún; en concreto 9 mil 500 hectáreas, 9000 millones de metros cuadrados. ¿Se nota ahora el magro resultado?

Más aún, para su segundo informe, en febrero de 2020, la fiscal dijo que las denuncias por corrupción se incrementaron en un 300 por ciento, hasta alcanzar mil 044 carpetas de investigación –denunciar puede cualquiera, lo difícil es comprobar lo dicho-; pero resulta que el mismo secretario de la Contraloría Estatal, Rafael Del Pozo Dergal, reveló desde octubre de 2019, es decir tres meses antes del señalado informe, que el 95 por ciento de las carpetas prescribirían porque transcurrió el tiempo legal para acreditar las ilegalidades y que únicamente 50 de ellas se judicializaron a tiempo. El funcionario fue lapidario, pues recalcó que la instancia a su cargo sólo denunció y que precisamente a la Fiscalía anticorrupción y la General de la República (FGR) son quienes debieron dar el seguimiento efectivo. ¿Resultado? Cero por ciento.

Sí, Rosaura Villanueva Arzápalo informó que se lograron cinco sentencias condenatorias y se recuperaron casi 217 millones de pesos para el erario; recordó que la corrupción en el estado no es considerado delito grave –con razón- y pidió incluso la autonomía de la instancia que dirige, pero aquí unos datos más para entender que, los resultados anunciaron, tienen más apariencia de querer “taparle el ojo al macho” que cumplir realmente: ya en el segundo año, dijo que la recuperación de predios fue en total de 3 millones 968 mil 533.67 metros cuadrados (el monto vendido ilegalmente fueron 9 mil millones, ¿nota la insignificancia?) y reportó sólo 8 predios –regresaron 5 de los originalmente incautados-; y el valor total es de 108 millones de pesos; una cantidad similar se obtuvo en efectivo, pero muy alejado de los 11 mil millones que en el discurso aseguraron se desviaron, ¿y aun así considera “histórico” lo logrado? Sólo que anteponga el calificativo de “ridículamente” histórico, así, sí.

Por último, la fiscal aseveró que obtuvieron cinco sentencias condenatorias con beneficio al patrimonio del Estado, logrando la reparación del daño y la penalidad a los servidores públicos, cuyas carpetas de investigación tienen origen en el 2017 y 2018, esto, de 23 carpetas administrativas, si se tomara el 23 como el total, pudiera aducirse que se logró prisión preventiva justificada en el 30 por ciento; pero si se toma como referencia el total de carpetas abiertas, la eficiencia final es del ¡0.7 por ciento! ahí sus resultados señora fiscal. Con razón la sensación –y realidad- de impunidad es más que tangible; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

Pd. No olviden, señores y señoras diputadas y diputados, darle más recursos y facilidades legales para que, en el futuro, se obtengan más resultados “históricos.”

COMENTARIO MORBOSO

A principios de la semana anterior el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Miguel Torruco Marqués, tuvo la peor ocurrencia que se le conozca a un funcionario de la Cuarta Transformación Republicana (4T)  en lo que va de la pandemia, pues a contracorriente de la estrategia seguida por el empresariado turístico quintanarroense, el más importante del país, el aún funcionario “sugirió” apostarle a un turismo de mayor poder adquisitivo, y no al turismo de masas.

Con tres meses de pandemia, con la pérdida de unos 110 mil empleos y con niveles de ocupación no superiores al 20 por ciento, los hoteleros de Quintana Roo han preparado paquetes de descuentos y otorgan días gratis y algunos otros complementos, para apostarle al turismo nacional y fomentar la llegada de visitantes, lo antes posible, lo cual evidentemente molestó a “Don Miguelito.”

Si se hacen cálculos simples, resulta que Quintana Roo perdió más de un espacio laboral cada minuto que ha durado la pandemia, casi mil 800 empleos por día. Qué fácil es opinar desde el aire acondicionado en la Ciudad de México, qué fácil es no llevar a cuestas la responsabilidad del destino turístico más importante del país, qué fácil es hacer como se trabaja desde el centro de la República, cuando desde diciembre de 2018, debiera estar Miguel Torruco Marqués, porque así ko prometió su jefe, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador…pero igual de fácil es olvidar las promesas a la población. No preocuparse, ya viene el proceso electoral 2021; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.