El político piensa en la próxima elección;  

el estadista, en la próxima generación 

Otto Von Bismarck 

Julian Santiesteban 

El error tan básico, cometido este miércoles, evidencia la premura y falta de análisis con que los diputados locales pretenden despacharse con  la del “mole” por los próximos años, pues en comisiones aprobaron que la próxima gubernatura sea de ¡ocho años! Lo cual a ojos vista resulta inconstitucional, pero en el apuro del “madruguete” nadie reparó en el detalle, lo importante era sacar adelante el dictamen…y lo sacaron. Pero ahora tendrán que corregir…de nuevo evidenciados. 

En once minutos de sesión, sin la presencia de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) y con la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Euterpe Gutiérrez Valasis, y no la de Puntos Constitucionales, Reyna Durán Ovando, que hasta la semana anterior había coordinado los trabajos, los diputados aprobaron la iniciativa presentada por el priísta Carlos Hernández Blanco. Por Morena, la misma Gutiérrez Valasis, Érika Castillo Acosta, y Edgar Gasca Arceo; del PT, Hernán Villatoro Barrios y del PVEM, Judith Rodríguez Villanueva. Nótese, en principio, cinco voluntades están alterando todo el calendario electoral quintanarroense, que había ya logrado homologarse con el federal, para evitar tener procesos cada año y medio. Ciertamente, el pleno del Poder Legislativo deberá aun avalar la medida, pero la motivación es estrictamente para disponer de un año más de gobierno, no existe ningún argumento más. 

De hecho, con la medida se ocasionará un proceso electoral extra, el de 2028, para elegir una gubernatura de dos años hasta el 2030, y si el argumento actual es que cinco años no son suficientes para alcanzar las metas de gobierno, ¿cómo pretender que dos sí lo sean? Porque es lo que van a heredar cuando la próxima administración termine. Por cierto, la discusión que no ocurrió en comisiones, se llevó al pleno del Legislativo, en donde Euterpe Gutiérrez y Edgar Gasca defendieron lo aprobado y Reyna Durán Ovando evidenció lo realizado este miércoles por la mañana, sin que el tema fuera sometido a votación; de hecho, será, según se comentó, hasta el 13 de octubre cuando se discuta. 

Pero a detalle, este miércoles, los diputados aprobaron –puede escucharse claramente en el video de la sesión, si es que para esta hora no lo han eliminado-, que lo que aprueban es una gubernatura de ocho años; un error básico de procedimiento legislativo, por lo inconstitucional que representa, y aunque aseguran que en el dictamen ya se incluyó el periodo exacto, lo menos que deberá ocurrir es que las comisiones sesionen de nuevo para resolver el “errorcillo” que, sin embargo, los evidencia en plenitud, pues no analizan siquiera lo que aprueban, sólo obedecen. 

Ahora bien, en teoría, el proyecto debiera pasar al pleno antes del viernes 08 de octubre y se sometería a votación; pero aun así, es muy probable que se apruebe, y después de eso que siete de once municipios aprueben la modificación constitucional, para de ahí publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado –que por estas horas ya debe tener hasta el número extraordinario a emitir.- Por cierto, por muy “independiente” que sea la determinación del Legislativo, quienes aspiren a gobernar esta entidad deberán tener opinión sobre lo hecho, calificarlo, porque la alteración a la vida política, en aras de satisfacer un “apetito” personalísimo de poder, pudiera, pero no debe, pasar desapercibido. De los tiempos electorales violentados ni hablar, basta con que se ordene –sí, ordene- al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que vaya corriendo las fechas del inicio del proceso, a conveniencia de la coyuntura política, para que se obedezca ipso facto. 

La iniciativa “huérfana”, como se han dado en llamar a la propuesta de ampliación de periodo (por aquello de que no tiene madre), tiene, o sus horas contadas o el más cuestionado de los futuros. Y aunque a los políticos no precisamente les preocupa lo que se piense de ellos, sí deberán explicar a sus gobernados, por qué decidieron gastarse más de 200 millones de pesos extras en organizar un proceso electoral que, además, alterará todo el orden legal y hará que la homologación sea sólo posible, tras el tortuoso paso de una gubernatura de dos años y todo un sometimiento a la sociedad quintanarroense a elecciones en las que nadie parece creer, ¿pues no que querían ahorrar en la organización de los comicios? ¿No fue ese el espíritu para cambiar la fecha de inicio del proceso y acortar el tiempo de campaña? Bien reza el dicho que, para mentir, hay que tener buena memoria, o se termina descubriendo el engaño. 

COMENTARIO MORBOSO 

Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, son los municipios en que se ha adelantado que hay revisiones ya al gasto de las anteriores administraciones. Ciertamente, el escrutinio es un proceso legal que debe seguirse en todas las administraciones, pero en estos municipios en particular (y el escribiente añadiría Bacalar y Othón P. Blanco) la mirada pública está puesta, tanto por los excesos conocidos, como por los bonos otorgados al final de los gobiernos cuyos ex alcaldes deben ahora andar tramitando pasaporte, pero además porque los cambios de partido en el poder posibilitan que la revisión vaya acompañada de sanciones reales a quienes, evidentemente, se excedieron en el poder. 

Nuevos millonarios hay muchos, pero ojalá que la revisión a las cuentas permita, por lo menos, que a los gobiernos que inician no les llegue muy pronto el pretexto de “no nos dejaron nada, quisiéramos cumplir con lo que prometimos, pero pues las cuentas están vacías”, porque la ciudadanía espera justicia, pero sobre todo que los que llegan sean mejores, mucho mejores, que los que se fueron; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.