Cuando la estafa es enorme ya toma un nombre decente
Ramón Pérez de Ayala

Por Julian Santiesteban

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, ha sido señalada de desviar miles de millones de pesos del erario federal y se encuentra amparada, y aunque la ex funcionaria no pisará –al parecer y por ahora- alguna celda, quienes le ayudaron en la labor de engrandecer la fortuna privada por recursos públicos no necesariamente correrán con la misma suerte. Ante ello, en Quintana Roo más de uno, dicen, ha perdido el sueño… y los amparos que los libraban de presidio.

En febrero de 2018, mientras en Quintana Roo se festejaba este martes el 33 aniversario del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), a nivel nacional se difundió un escándalo multimillonario en el que se involucró a la que era aun titular de Sedatu, y aunque en ese momento no se dieron montos específicos, a la postre se supo que fueron más de ocho mil millones los desviados de las arcas públicas, y el diez por ciento de ese monto salió de la institución de medios de Quintana Roo, cuando Jorge Acevedo Marín estuvo al frente, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy preso en el Estado de Morelos.

Robles Berlanga y Acevedo Marín firmaron convenios en julio, septiembre y octubre de 2015, un año antes de concluir la administración de Roberto Borge Angulo; el total supera los 800 millones de pesos, en una institución cuyos trabajadores se quejaban entonces que no se les daba ni siquiera papel para poder imprimir sus notas –situación que no ha variado mucho, por cierto.- Eso sí, el festín de recursos estaba en la Dirección general y el gobierno estatal.

Mire la “vara” tan disímil de la justicia; este jueves, a nivel nacional la Cámara de Diputados anunció que acelerará el juicio político contra Robles Berlanga. Mario Delgado, el coordinador de los legisladores de Morena ha dicho que “desviaciones y robos como la estafa maestra no pueden quedar impunes”; la ex funcionaria ya está amparada, no irá por ahora a prisión -70 mil pesos tendrá que pagar por el procedimiento jurídico-; sin embargo, al ex director administrativo del SQCS, Gerardo Vázquez Handall –quien por instrucciones de Acevedo Marín habría realizado las transacciones- el juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Aarón Alberto Pereira Lizama, le impuso en diciembre de 2018 una fianza de 44 millones de pesos para otorgarle el amparo 976/2018. El monto no se depositó y ahora es prófugo de la justicia, “el hilo se rompe por lo más delgado.”

“Lo accesorio sigue la suerte de lo principal” reza un principio de derecho. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, aunque ya no lo puede decir igual, sigue pensando lo mismo de antes, refiriéndose a que cree que Rosario Robles Berlanga es un “chivo expiatorio” ¿lo serán también entonces Jorge Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall? ¿Habrá desde ahora “rebajas” en las fianzas para otorgar los amparos? ¿Dejarán de ser prófugos de la justicia? ¿o terminarán por caer todos? Según El Gatopardo: Cambiar todo, para que nada cambie.

COMENTARIO MORBOSO

Y hablando de estafas, pero no tan “maestras”, y más allá de los viajes al extranjero y la presunción de los mismos, del sueldo tan cercano al del presidente de la República que cobra y de haberse insertado en la vida política quintanarroense sólo por haber sido precandidato del PAN a la gubernatura de Quintana Roo, los cuestionamientos más contundentes al director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez Santiago, son por haber otorgado contratos para proveer víveres para el albergue estudiantil ubicado en Chetumal, a empresas apenas constituidas, a grado tal que una de ellas, cuando el escándalo mediático “explotó”, tiene toda la apariencia de estar apenas siendo montada en el domicilio fiscal reportado.

Más aun, los contratos fueron firmados por la instancia que dirige Méndez Santiago, con personas físicas que apenas dos días antes se habían dado de alta como proveedores gubernamentales, ¿de verdad no se nota nada extraño? ¿no fueron contratos pactados con anterioridad? ¿puede una tienda de abarrotes proveer los insumos suficientes para un albergue que tiene una centena de estudiantes? Pero más aún ¿a poco una tienda de abarrotes tiene precios más competitivos que el mayorista con el que trabajaron los años anteriores, que recibe toneladas de productos desde el centro del país? La intervención de la Secretaría de la Contraloría estatal parece obligada…y el resultado también bastante previsible. Nada que sancionar…otra vez; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.