La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes

Peter Drucker

El presupuesto del Congreso de Quintana Roo se encuentra entre los tres que mayor crecimiento han tenido en los últimos tres años, se encuentra entre los diez más caros de México, duplica el gasto promedio con respecto al presupuesto estatal y asigna diez veces más recursos por diputado que los que utiliza el de Puebla, reveló el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Lapidario.

Lo anterior no lo menciona por supuesto el comunicado enviado por el Legislativo, pero lo que sí contiene es la afirmación hecha por el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, en el sentido de que “es necesario atender las recomendaciones del organismo” y “redoblar esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas”

Ciertamente, el IMCO califica de “obscuros y herméticos” a los congresos estatales –a todos-, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación de los recursos y a la falta de criterios para la asignación presupuestal; pero sobre todo hace énfasis en la excesiva y discrecional asignación de recursos, así que, si como asevera el legislador, se atenderán las recomendaciones hechas, debieran comenzar con asignar un presupuesto similar, por ejemplo al estado de Puebla, cuya asignación de recursos es en promedio de 3.5 millones de pesos por diputado, en lugar de los casi 19 millones de pesos que presupuesta cada año.

Si se aplicara esa medida, el ahorro anual en todo el país sería de más de diez mil millones de pesos, y específicamente en Quintana Roo se pudieran reasignar más de 381 millones de pesos anualmente, nada mal para una entidad cuya economía apenas está recuperándose del saqueo de los últimos doce años; pero además, el IMCO señala que con los ajustes presupuestales no se comprometerían las tareas legislativas, pues si algo ha caracterizado a los congresos estatales es que invaden funciones del Poder Ejecutivo, al destinar recursos para partidas como la de apoyos sociales, convirtiéndose en “sedesoles legislativas.” Y vaya que ese tema ha generado cuestionamientos a la XV Legislatura, que no termina de aclarar el destino de unos cien millones de pesos del presupuesto 2017.

Así que no se trata solamente de falta de transparencia, sino de dilapidación de recursos y como bien explica el IMCO, si se reducen los gastos no se comprometen las tareas fundamentales, como instrumentar un servicio profesional de carrera, pues el Congreso de Quintana Roo es uno de los 8 últimos estados que no cuenta con uno, según el informe, aunque el legislador afirma que sólo 4 lo aplican.

 Ahora bien, el promedio de gasto por diputado es sólo una medida de referencia, pues el presupuesto se utiliza para el funcionamiento de todo el Poder Legislativo, pero permite ver que estados como Colima tiene la misma cantidad de legisladores y un presupuesto anual de apenas 90 millones de pesos; siendo generosos, si al Legislativo quintanarroense se le asignara el doble de esos recursos, aun así pudieran ahorrarse casi 289 millones de pesos por año. Prometieron ser diferentes y hacer lo mejor para los habitantes de Quintana Roo… es la oportunidad.

COMENTARIO MORBOSO

Tajamar es de nuevo escándalo nacional, dos se han enfrentado –ambos autodenominados ambientalistas- unos pugnan por abrir el lugar a la circulación vehicular y otro insiste en que eso impactará el ecosistema que apenas se recupera de la devastación hecha en 2016. Lo cierto es que, desde 2017, se revocó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que autorizaba la construcción de condominios de lujo y hasta una iglesia, pero el enfrentamiento ya alcanzó a la alcaldesa Mara Lezama Espinoza que apenas tomará protesta a finales de septiembre y que tendrá muchos temas más por atender antes, como la grave crisis de seguridad en Benito Juárez.

Y aunque no se expresa tal cual, lo que circula en el aire es la desconfianza de que los inversionistas preparen una nueva embestida para lograr su objetivo; por ello es que mucho bien haría la alcaldesa electa en asumir una postura clara sobre el tema, para mitigar las que hasta ahora se presentan como inconformidades ciudadanas –legítimas, por cierto.- Ciertamente, las autorizaciones para reiniciar los trabajos tendrían que ser federales, pero el municipio también tiene responsabilidad en ello. Recuérdese, por cierto, que el gobierno federal y el municipal serán del mismo partido.

Luego entonces, clarificando posturas, es posible señalar responsabilidades por acción u omisión; porque quienes aseguran que un particular no tiene la facultad de mantener un sitio cerrado pudieran tener razón, pero abrirlo tampoco les compete; y mientras tanto, las autoridades guardan silencio; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.