Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil
 Jean de La Fontaine

Por Julian Santiesteban

En cinco días, comenzará el segundo periodo ordinario de sesiones de la XVI Legislatura, con la expectativa de que se terminen los enfrentamientos internos y que los diputados atiendan las necesidades sociales y las promesas de campaña, ese es el reto de Reyna Durán Ovando y sus compañeros de bancada y para ello tendrán sólo medio año.

Morena prometió en campaña reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo –no sólo ahora en la tan urgente conformación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)- en temas como la asignación de recursos para gestión, dijeron que revertirían la reforma constitucional que permite a no residentes de Quintana Roo ocupar cargos como el de fiscal general, cambiar al auditor superior del estado, entre otros muchos que deberán impulsar en este periodo en que ese partido estará al frente del Legislativo.

Poco más de dos años le quedan a la legislatura, pero en septiembre asume la presidencia el Partido Verde Ecologista (PVE) y ahí se incluirán seguramente temas como los de la Ley de Legítima Defensa; y en el último año será el Partido Acción Nacional (PAN) el que encabece el Congreso; y aunque, se supone, que las necesidades sociales son el insumo básico que impulsa el trabajo legislativo, lo cierto es que cada partido promueve sus prioridades, por ello es que la actual presidenta de la Jugocopo, junto son sus compañeros morenistas, tendrán del 15 de febrero al 31 de mayo para aprobar los suyos, pudiendo convocar a periodos extraordinarios hasta finales de agosto.

Por lo anterior, e independientemente de los vaivenes nacionales por el control de Morena, es importante el consenso local que Reyna Durán alcanzó y parece está consolidando en la Jugocopo, posibilitando el disenso, pero sin ruptura; los legisladores morenistas parecen haber entendido que echar a perder una incipiente carrera política por el control efímero de medio año en el Legislativo no es precisamente la mejor alternativa. Sí, todo muy bien, pero aún faltan los resultados tangibles.

En diciembre se atendieron, básicamente, las necesidades del Poder Ejecutivo, no hay hasta ahora nada que pueda considerarse legado en la XVI Legislatura, algo que pueda lucir algún diputado como resultado de su gestión y que le permita ir en busca de algún otro cargo de elección en el 2021; la urgencia de resultados no es sólo para la ciudadanía, también para ellos; así que menos confrontaciones y más trabajo, que las elecciones próximas están cerca.

La XV legislatura ha quedado olvidada por la expectativa tan amplia que generó y los resultados tan pobres ofrecidos, baste mostrar que sólo 5 de 25 de sus integrantes siguen vigentes políticamente; en ese “espejo” deben verse los de la XVI, pues los resultados deben anteponerse a los intereses y el tiempo es ahora; entonces más atentos a la agenda que a las “grillas”, para eso siempre habrá tiempo, pero para dar resultados, las oportunidades no son eternas.

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de lo que se hace en el Legislativo quintanarroense, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis “Chanito” Toledo Medina y el de Morena, Alberto Batún Chulim, presentaron una iniciativa para que, en la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo se incluya un capítulo denominado “Programa contra la Ludopatía.” La iniciativa es buena, pero puso al descubierto una descarada omisión por parte de la anterior legislatura, pues en 2017 se creó un impuesto que grava las ganancias en los centros de apuesta, cuya fundamentación fue precisamente para destinar lo recaudado para programas contra este padecimiento.

Como si no fuera evidente que nada se hizo, más que recaudar, la iniciativa evidenció que los recursos simplemente se obtuvieron y se ingresaron al gasto gubernamental sin ningún destino específico como se prometió; y hasta ahí todo iba bien con la iniciativa, pero apenas en la semana que concluyó, se supo de un dictamen que está por aprobarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impedirá que los estados sigan cobrando impuestos locales a los casinos, simplemente porque su regulación no es materia estatal, sino federal. Así que, si la iniciativa de los legisladores quintanarroenses se aprueba, las acciones que se realicen deberán contemplarse con recursos locales; o simplemente seguir como hasta ahora, sin hacer nada. Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.