Las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada

 Esopo

De acuerdo con estudios y expertos, ni los debates ni las encuestas definen por sí mismas tendencias en los procesos electorales, pero sumados ambos factores bien pueden subir porcentualmente la preferencia de algún candidato o candidata, o terminar de hundirlos, aun con el discurso público de “yo tengo otras cifras.”

En cuanto a las encuestas, estudios identifican dos factores a partir de su distribución: el efecto “bandwagon” y el “underdog”, el primero sostiene que los electores, al ver una medición, apoyará al abanderado que aparece como favorito para ganar las elecciones; o sea se “suben” con ganador; mientras que el segundo considera que una parte de los electores se movilizará para hacer que el candidato más débil mejore en las preferencias; por ello se ha vuelto popular la versión de que los estrategas encargan mediciones internas y otras para difundir públicamente, pero además niegan una medición desfavorable cuando se difunde sin autorización, presionando incluso a las empresas realizadoras para refutar la autoría.

Ahora bien, en cuanto a los debates políticos, estudios señalan que tampoco inciden de manera definitoria en las contiendas, no en positivo, pero por supuesto que lo hacen en negativo, cuando los contendientes evidencian su rol en el proceso –como aquellos que son calificados sólo de arietes para golpear a algún contrincante, favoreciendo indirectamente a otro, pero no a sí mismo-, o cuando comenten errores durante los mismos, como mostrar desconocimiento de un tema, presentarse sólo a leer, ser incapaces de improvisar y cuando les muestran responsabilidades sobre hechos pasados que no logran refutar; incluso, cuando algún candidato se niega a debatir (recuérdese la derrota del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 2006).

Actualmente en México hay procesos electorales en seis entidades del país, en todas ellas los organismos electorales locales organizan debates y, sin temor a equivocarse, el escribiente sostiene que en la mayoría de ellas ha imperado la descalificación y el denuesto a la propuesta, que la clase política nacional y local atraviesa por una crisis de credibilidad atribuida no sólo al descrédito partidista, sino al “reciclaje” de actores políticos que lo mismo se presentan hoy de salvadores por un partido o independientes, señalando como los destructores sociales a sus contendientes, aun y cuando se haya militado en la misma organización que ahora se ataque. Hablan de camarillas, de “jefes” y grupúsculos, como si impolutos fueran y la honestidad los caracterizara.

Luego entonces, en Quintana Roo no hay una alta expectativa de participación en los comicios, con dos o tres honrosas excepciones, se trata casi en todos los casos de jóvenes con viejos vicios, de actores repetidos y propuestas ya escuchadas en procesos anteriores; de promesas de mejoría y cercanía ciudadana, cuando el antecedente que poseen es el abandono a las causas ciudadanas y el apego a los regímenes que los postulan; los debates y encuestas influyen acaso en el sector interesado en la “cosa pública”, pues a nivel popular el desgano y descrédito es generalizado; luego entonces, o “cambio” o “cuarta transformación”, pero tampoco es mejor; no hay más y la decisión la tiene el elector; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.

COMENTARIO MORBOSO

Este miércoles la XV legislatura estará en posibilidad de aprobar la nueva Ley del Notariado del Estado de Quintana Roo, una vez que el pleno conozca el proyecto, y de lograrse, se aprobará una normatividad que cambiará profundamente la dinámica discrecional de utilizar estas patentes como premios políticos a los allegados del gobernador en turno, según ha explicado el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila.

Más aun, los legisladores han establecido un criterio poblacional para la liberación de patentes, quedando como base quince mil habitantes por cada una. Si se considera que actualmente existen 124 notarios en el estado y hay poco más de un millón y medio de quintanarroenses, representa una sobre representación de 24 notarías, así que la administración de Carlos Joaquín González no podrá asignar ninguna más en el resto de su gobierno, ni siquiera incluso podrá hacerlo en sus primeros años el siguiente mandatario; pero además la ubicación de las mismas dependerá de las necesidades, no de las áreas con mayor posibilidad de “negocio.”

Por si lo anterior no fuese suficiente para mostrar la tecnificación del proceso y la reducción del favoritismo, los aspirantes a notarios deberán integrarse en una lista que durará años en avanzar, pero además los inscritos deberán aprobar exámenes de conocimientos y demostrar experiencia profesional; correspondiendo además a un jurado de tres personas –todos notarios- la asignación de las patentes: El primero propuesto por el Ejecutivo, el segundo por el pleno del Tribunal Superior de Justicia y el tercero designado por el Colegio de Notarios.

Sin duda, la determinación de la XV Legislatura, será uno de los logros de los que sí podrá presumir, pero además que profesionalizará una de las tareas más cuestionadas de los últimos años, pues durante el felixato y el borgismo, bastaba con tener once millones de pesos para comprar una notaría, que representaba un boleto a la riqueza, sobre todo cuando de especulación de tierras se trata; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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