No todo lo que es permitido por la ley es  

siempre honesto en moral 

Jacques de Lacretelle

Por Julian Santiesteban 

Este 22 de diciembre, es decir, el jueves de la semana que inicia, la administración de Mara Lezama Espinosa, deberá presentar a la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo, todas las observaciones –entiéndase irregularidades- que las dependencias estatales hayan encontrado del sexenio anterior. Graves o no, que impliquen manejo de recursos o incumplimiento de procesos administrativos, todo deberá conocerlo la instancia que iniciará, en su caso, los procesos de corrección y sanción que correspondan. Es este el primer paso para hacer las cosas diferentes, para llegar al fondo de lo ilegal y corregirlo; en suma, es ahora o nunca, la desvinculación con el pasado, para construir un mejor futuro. 

La semana anterior, la titular de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, dio una declaración que permite vislumbrar un buen escenario futuro y una adecuada revisión al pasado, pues, de entrada, reveló que, a pesar de que la anterior administración sostenía el discurso de la recuperación de bienes y recursos que, supuestamente, habían sido ejercidos con irregularidad, por montos que, aseguraban, rondaban los 3 mil millones de pesos, en realidad, tan sólo se tienen acreditados ¡60 mil pesos! Si tres mil millones está muy lejos de los once mil que tenían como meta, la realidad resulta hasta ofensiva, pues no representa ni un mes del salario que por seis años cobró Rafael Del Pozo Dergal, anterior contralor. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia que cada uno de los integrantes del gabinete –legal y ampliado- presenten las observaciones respectivas, para que se puedan realizar las denuncias que correspondan y, aunque para proceder legalmente se tiene un plazo de hasta siete años, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, es ahora el momento de hacer la evaluación, dimensionar el daño a las arcas públicas, si lo hubo, y si no, finalmente también decirlo como tal, pues especulaciones sobran, la mayoría sin datos duros, quedando en el imaginario colectivo la impresión de que algo no se dice, que algo se oculta. Se especuló incluso sobre la idea de “pactos” no escritos, ¿qué mejor manera entonces de acabar con dichos rumores? De tener un tangible punto de partida, de ir por esos “cambios profundos y radicales” que se comprometieron. 

Temas por clarificar hay muchos y no tienen, en principio, que ver con faltantes de recursos; por ejemplo, en la anterior administración se modificó la estructura de gobierno, desapareciendo la Oficialía Mayor, entidad responsable de las compras gubernamentales y la nómina. Se integró a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en una estrategia poco aclarada y cuya finalidad tampoco se explicó, ¿no hay ahí nada por revisar? ¿las cuentas quedaron claras? Aunque ya hay un nombramiento ¿así se quedará ya el organigrama? 

Dijo que hay que dejar muy claro que lo que es una denuncia, lo que son las observaciones del proceso de entrega-recepción y lo que son las quejas que reciben diario, pues puntualizó que se trata de temas y asuntos diferentes. 

Sobre el avance de observaciones a otras dependencias, dijo que aún se está en tiempo para presentar los resultados ya que sigue el proceso de entrega de 60 días, que, aunque se realicen observaciones, este lapso no impide que se pueda proceder contra funcionarios debido a que la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos tiene un plazo de hasta siete años para abrir un expediente por cualquier conducta o irregularidad cometida. 

¿Se repetirá la estrategia de la administración anterior, de abrir cientos de expedientes, aunque la mayoría de ellos pierdan vigencia por falta de sustento? La respuesta parece obvia y la pregunta un sin sentido, pero resulta pertinente si se toma como referencia que, hace menos de un año, se señalaba que Quintana Roo recibió constantemente reconocimientos en materia de transparencia y, ahora, pareciera que el discurso se derrumbó, que ni estamos tan bien, ni “salimos adelante”, ni se concretó el “cambio”; parece entonces que sí hay mucho por aclarar.  

Sumado a lo anterior, hay temas que han surgido en las últimas semanas que evidencian posibles y graves debilidades; por ejemplo, la renta de patrullas, de cámaras de seguridad, la operación del llamado C5 en Cancún, anunciado como el “más moderno de Latinoamérica”, pero que estuvo a punto de parar operaciones, por adeudos dejados por la renta de equipos. Sólo la atinada y rápida gestión de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, evitó el colapso, pero queda claro que, gran parte de la estrategia de seguridad, depende de empresas privadas, ¿nota el enorme riesgo? ¿será que esos contratos fueron elaborados de manera tal que, su renovación o revocación, no se conviertan en un enorme golpe a las arcas públicas?  

¿Más temas? ¿qué tal revisar los sobreprecios en la adquisición de uniformes escolares? ¿no se deberá revisar la asignación de notarías auxiliares, que a la postre terminaron en manos de personas que no cumplen con los requisitos que la ley establece para desempeñar la tarea?¿Y aquellas carpas rentadas para tener camas disponibles en la pandemia de Covid 19, cuyo contratista fue Jorge Brizuela Guevara, quien además subcontrató las mismas y nunca pagó a los legítimos dueños? El empresario y su esposa obtuvieron contratos en la Secretaría de Salud por más de 600 millones de pesos, ¿de verdad no hay nada qué revisar? Aun peor, las carpas siguen en poder de la dependencia estatal, a pesar de que un juez ha ordenado su devolución, ¿no pasará nada? 

Como podrá advertir el lector, pendientes hay muchos, la tarea no será sencilla, pero se tiene que realizar, si lo que se quiere es sanear la administración pública. ¿Cuántos de estos temas terminarán en denuncias y sanciones? ¿cuánto tiempo transcurrirá? Eso aún está por verse, pero este 22 de diciembre, es la fecha clave para que la actual administración comience a poner orden. 

COMENTARIO MORBOSO 

La semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Morena, en contra de una reforma aprobada por el Congreso de Yucatán, por medio de la cual, a partir del 2024, esa entidad incrementará el número de diputados locales de 25 a 35, seis de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional. La acción de inconstitucionalidad número 126/2022 fue desechada de plano, haciendo efectiva la facultad estatal de incrementar la cantidad de legisladores. 

El hecho va a contracorriente de las intenciones presidenciales que, aunque fallidas, pretendían reducir el número de diputados federales y locales; pero lo interesante, para el caso de Quintana Roo, es que Yucatán tiene una población estimada de 2 millones 320 mil 898 personas; y  Quintana Roo tiene 1 millón 857 mil 985 habitantes, es decir, apenas una diferencia de 462 mil 913 personas.  

Quintana Roo es la entidad federativa, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que mayor crecimiento poblacional tiene, pues ha incrementado en 40 por ciento el número de habitantes en los últimos diez años. La diferencia actual de población entre ambas entidades es de apenas el 19.9 por ciento, es decir, en cinco años la población quintanarroense alcanzaría la cifra actual de Yucatán. Para ese entonces, Mara Lezama Espinosa estará terminando su gobierno y se elegirá, además de gobernador, presidentes municipales y legisladores locales, luego entonces, por muy criticado y criticable que sea el desempeño de los legisladores actualmente, será tiempo entonces de crear más espacios, para una adecuada representación numérica; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.