Aquel hombre que pierde la honra por el negocio,  

pierde el negocio y la honra 

Francisco de Quevedo 

Por Julian Santiesteban 

La detención de un trabajador de la Secretaría de Salud (Sesa) de Quintana Roo, con 200 kilogramos de droga, transportada en un vehículo oficial, debió prender la alerta no sólo en la administración saliente de Carlos Joaquín González, sino –sobre todo- en la que inicia a partir del 25 de septiembre próximo, con Mara Lezama Espinosa, como la primera mujer en gobernar la entidad, pues la inseguridad y el crimen organizado son y serán, sin duda, el tema más importante por atender, en esta entidad, destino turístico más importante de Latinoamérica y frontera de México con Centroamérica. 

Sobre Carlos Jesús M.P. hubo dos versiones manejadas públicamente, la primera indica que, durante los últimos tres años, ha sido chofer de la titular de Salud en Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo y, la versión oficial plasmada en un comunicado este domingo, que rechaza la primera y especifica que ingresó a la dependencia contratado como eventual, de manera trimestral, adscrito al área de Salud. Sin embargo, cabe decir que, por normatividad, todos los vehículos oficiales deben concentrarse los viernes por la tarde, a excepción de aquellas unidades cuyos titulares de área tengan una comisión asignada para los días respectivos. Luego entonces, subyace la misma duda ¿a qué área estaba asignado el eventual trabajador? ¿Quién era su jefe/a inmediato/a? ¿Cuál era la comisión asignada? ¿Era la primera vez que la realizaba? ¿la ruta en que fue detenido, era la única que cubría? ¿Si no era la primera vez, cuántas veces ha realizado la misma tarea? Porque si no era chofer de la secretaria de Salud, aun así, algún superior debe haber tenido, ¿o no? 

Volviendo a lo general, independientemente de la situación laboral del detenido y ahora consignado, pero considerando el tamaño del cargamento, es de ponerse en relevancia que, la actuación de las áreas de inteligencia de las corporaciones de seguridad deben realizar su tarea no sólo hacia la sociedad abierta, sino –y primeramente- al interior del mismo gobierno. Más claro: 200 kilogramos de droga no se mueven sin que haya una red –habrá que saber qué tan amplia- de complicidades que encontraron en la dependencia estatal el entorno idóneo para realizar el tráfico; pero ¿cuántas dependencias tienen vehículos oficiales que realizan operativos o traslado de personal, materiales o suministros? Y si la versión oficial fuera cierta, deberemos conocer también los mecanismos de control y procesos para la contratación del personal. De nuevo, ¿quién era entonces el responsable del resguardo de la unidad en que se transportó el cargamento de droga? Aun como “hecho aislado”, el tema no puede, ni debe, concluir sólo con la remoción y consignación de un empleado temporal… hay una estructura burocrática definida y atribuciones y responsabilidades también. 

Y entonces, a la par que se va esclareciendo el caso de la Secretaría de Salud y el chofer –o no- de la titular del ramo, vayamos preguntando también a las señaladas áreas de inteligencia en Seguridad si hay algún indicio de cadenas de complicidades similares en otras instancias; pero también expectantes de la revisión que deberá hacer la futura administración; puntualizando que no se trata de “cacería de brujas” o del establecimiento de medidas de espionaje y amedrentamiento, sino la re definición de procesos administrativos para la contratación de personal, los requisitos para la permanencia, los exámenes que deberán aprobar todos aquellos empleados que desempeñen tareas, tanto en oficinas, como cercanas a los funcionarios de primer nivel, porque también hay que recalcar que, sería absolutamente irresponsable señalar a algún funcionario por las acciones de otro, pero tampoco puede omitirse que hay responsabilidades de acción y de omisión; culposas y gravosas –y hasta morales.- Por eso, el caso, debe servir para prevenir acciones a futuro. 

A manera de recapitulación, aún quedan dudas que deben ser despejadas en el caso de la detención del trabajador de Sesa y su cargamento de drogas, arroparse en “el debido proceso” y la “investigación en curso” no alcanza para no responder, pues no se solicita que se violente la norma, sino que se aclare una situación que, a todas luces y por su magnitud, apunta a        no ser un “hecho aislado”, la cercanía o no con funcionarios de primer nivel no es que sea secundario, pero primero hay que conocer lo extendido del “cáncer”, y para la futura administración la lección está ahí, de muy poco servirá intentar “limpiar la calle” si “la casa” se mantiene “sucia. 

COMENTARIO MORBOSO 

Puerto Morelos, donde todos “meten mano.” A Laura Fernández Piña, ex candidata del “Panredismo” a la gubernatura y ahora muy silenciosa diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se le acusó –y tal vez con mucha razón- de hacer de esta demarcación la fuente de su fortuna personal: Comisiones por obra pública asignada, contratos a empresas cercanas a su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, apropiación ilegal de tierras de alta plusvalía y hasta nexos con grupos de la delincuencia organizada que se asentaron en este sitio, como el llamado “Tiburón”, Florian Tudor, ahora detenido y sujeto a proceso, cuyas propiedades en la llamada Ruta de los Cenotes, colindan, según comentan, con las de la ex alcaldesa. 

Pero la confianza que Fernández Piña mostraba para alcanzar la gubernatura estaba fundada no en su fortuna, sino la cadena de “favores” que hizo en su momento a actores políticos locales y nacionales, que van desde el ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, poseedor actualmente de valiosas tierras en aquel sitio, antes propiedad de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo); lo mismo que el ex mandatario Félix González Canto (quien además ha impuesto a gran parte del actual gabinete municipal), y los contratos otorgados a empresas como Red Ambiental, para la recoja de basura, empresa cercanísima a Jorge Emilio “el Niño Verde” González Martínez. 

Ahora bien, el “gatopardismo” ha imperado en el municipio más joven de Quintana Roo, porque se erradicó la presencia de Fernández Piña, pero no la influencia de los que se han repartido el lugar como botín personal, pues la actual presidenta, Blanca Merari Tziu Muñoz, ha perpetuado esa gravosa situación, más con el silencio y la inacción, que con capacidad de incidencia, porque ciertamente, poco, muy poco es lo que le han permitido intervenir en los asuntos del lugar que, se supone, debiera gobernar. 

En posteriores colaboraciones, el escribiente dará detalles de la “migración” de una serie de funcionarios que han medrado en otros municipios y que han encontrado en la permisividad de Tziu Muñoz, el terreno fértil para mantener a Puerto Morelos como una gran fuente de riqueza, mientras esa demarcación no logra tener siquiera un hospital público o servicios públicos dignos, cuando no alcanza siquiera los 30 mil habitantes, y la tributación que obtiene se cuenta por millones; por eso el silencio, por eso la prácticamente nula difusión, mantenerse lejos del escrutinio público, permite engrandecer las cuentas privadas, con recursos públicos, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima. 

Pd. Por si se quiere mayor muestra de opacidad; ¿cómo van los procesos legales anunciados durante el proceso electoral, en contra de Laura Fernández Piña y sus ex colaboradores? ¿Cómo va la revocación de los contratos “a modo” entregados a las empresas “amigas” de Moyano Menchaca? ¿Cuánto avance tienen los contratos autorizados por el Congreso estatal para asignarse mediante Asociaciones Público Privadas? ¿Serán acaso empresas cercanas a “los verdes” las beneficiadas? ¿A Félix? ¿A Hendricks? ¿A la actual administración estatal? Atentos pues al seguimiento. 

Pd2. Y los diputados, que recientemente cancelaron la aprobación de concesión para la construcción del segundo puente sobre el sistema lagunar Nichupté ¿no tienen nada que decir sobre las autorizaciones que hicieron para Puerto Morelos?