Por Guillermo Robles Ramírez

Tanto las instituciones de gobierno, así como nosotros mismos o al menos una gran parte de la población continúan fallándole a un sector de la gente que son considerados vulnerables por tener discapacidades físicas, también llamadas con capacidades diferentes.

Existen pocas leyes que reglamentan a tener que cumplir el libre acceso para este sector de la población. Pero no son los únicos sino también están diseñadas para las personas de la tercera edad en donde evidentemente sus funciones motoras se van debilitando y haciendo más torpes, es decir, más lentos.

Los accesos más comunes son aquellas rampas en donde la mayoría no cumplen con las medidas especificadas, en cuanto a su altura y dimensiones.

Hay muchas rampas cuya altura llega a tener hasta más de un metro de altura sin faltar las que llegan hasta metro y medio, con los consecuentes problemas de movilidad para quien no tiene completas o cabales sus facultades físicas, como es normal que no disponen esas mismas rampas de pasamanos para que el discapacitado pueda asegurar su paso.

A estas carencias debemos agregar las actitudes inhumanas de no pocas personas que, en vez de dar el más mínimo apoyo a un minusválido para no exponerlo a una caída, le obstruimos el paso y le negamos nuestra ayuda para facilitar su traslado de destino.

Son pocas, por decir, poquísimas las oficinas de gobierno, al igual que negocios comerciales, incluyendo los bancos que tienen una fila preferencial para personas de edad adulta o bien con alguna discapacidad física para ser atendidos en menor tiempo que el resto de los clientes en consideración a su situación nada normal.

Por otra parte, son muchas las anomalías que se cometen y a eso hay que agregar la falta de consideración de las personas normales, de quienes gozan de total y cabal movilidad de sus principales miembros, pues en vez de dar apoyo para facilitar su paso, lo entorpecemos de distintas maneras como lo es no cediendo el paso, motivar que ese discapacitado se vaya por el camino más difícil o con más obstáculos, haciendo más difícil su vida.

Bueno sería que las instituciones educativas de la Entidad, impartieran pláticas sobre las distintas formas de ayudar a los discapacitados porque todo es cuestión de cultura y mientras esta no se imparta, los discapacitados seguirán la inmovilidad que les motiva su problema motriz.

La impartición de cultura de apoyo y protección a los discapacitados debe hacerse desde temprana edad entre los niños y esto bien puede hacerse en las escuelas de educación básica, es decir desde pre primaria o kínder hasta secundaria y de ser posible abarcar al alumnado de preparatorias.

Esto porque bien o mal se dice que chango viejo no aprende maroma nueva, lo que se reconozca o no es toda una realidad, por eso la conveniencia de que la enseñanza debe y tiene que ser a la más temprana edad posible.

Hablar de sanciones a quienes no cumplan con las medidas en rampas y demás reglas en favor de los discapacitados es una utopía, pues en la actualidad las Direcciones Municipales de Desarrollo Urbano, tienen la ley y reglamento de su lado y no aplican las recomendaciones y obligaciones especificadas legalmente.

La verdad es que quienes tenemos la bendición y gracia de Dios y conservamos nuestras facultades para tener una movilidad normal, estamos fallando a ese sector vulnerable y alejado de nuestras autoridades.

Pero también me tocó vivir una etapa de mi padre en donde le surgió un problema de movilidad en sus piernas como consecuencia secundaria en un tratamiento de radioterapia afectando uno de sus nervios y que tenía que ayudarlo a subir aquellas rampas altas y en muchas ocasiones sin descanso como aquella rampa de la Presidencia Municipal de Torreón, siendo todo un reto. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org