¿Recuerda usted el alegato inicial del NO AL INE? “En el debate público actual sobre el INE se aprecian… dos pulsiones políticas de ciertos actores que inexplicablemente se analizan como si fueran siamesas, sin serlo.”

Las gemelas eran, a) “amarrarle las manos a los gobernadores” ante la injerencia que se dice tienen en las autoridades electorales locales y b) eliminar, en consecuencia, dichas autoridades para transferirle la preparación y desarrollo de las elecciones estatales a un nuevo Instituto Nacional Electoral.

He alegado en las últimas siete semanas que no existe nexo de causalidad entre la a) y la b). O sea: los “abusos” de los gobernadores no se previenen creando el INE y menos suprimiendo los Institutos Electorales de los Estados.

En estas siete semanas, he reconocido las debilidades y ponderado las fortalezas de estos árbitros locales e inclusive he asumido la fórmula Woldenberg en este debate, que dice que frente a una enfermedad o lesión hay que intentar curarla antes que asesinar al enfermo o amputar el órgano dañado. Así, he propuesto medidas concretas y textos legislativos específicos para fortalecer a los órganos electorales locales buscando acotar al máximo la tentación de la injerencia gubernamental en la designación y remoción de los Consejeros y en la toma de decisiones institucionales por la vía de afinar la autonomía constitucional que les asiste.

Es decir, mi franca oposición a la creación del INE era porque la premisa original del Pacto por México (compromiso 90) dice, aún hoy, que el INE se construirá sobre las ruinas de los órganos electorales locales.

Pues bien, parece ser que luego del ruido político previo y posterior a los comicios locales de hace unos días, las cosas empiezan a serenarse. Esto es así pues aunque las fuerzas opositoras al PRI han condicionado la aprobación de las reformas energética y hacendaria a la reforma política electoral, resulta que para lograr ésta se requiere al PRI, que además de ser la fuerza parlamentaria determinante por la dimensión de sus bancadas, si bien propone crear el INE no propone desaparecer los órganos electorales locales.

De esta coyuntura extraigo la conclusión de que el Instituto Nacional Electoral avanza inexorable pero ya sin ultrajes al pacto federal y esa es una premisa completamente distinta a la que no tengo porque oponerme y cuya virtud es precisamente el justo medio.

Si el INE va así, que vaya. Cualquier reforma constitucional que sirva para mejorarle al IFE sus atribuciones, su posición en el concierto institucional, su autonomía política, su vida interna, sus capacidades técnicas, sus relaciones con los otros órganos y poderes del Estado mexicano, bienvenida.

Lo digo porque soy orgulloso miembro de la generación fundadora del IFE, he trabajado en el IFE en tres ocasiones y con el IFE en una más desde los órganos electorales locales. Conozco el IFE y uno de los institutos locales en su diseño conceptual y por dentro en la operación, y estoy cierto que el sistema entero es uno de los pilares fundamentales de la vida democrática del México contemporáneo.

La historia del IFE y la de los órganos locales tienen su propio peso y dinámica pero también ondas expansivas hacia y desde la historia de México que permiten entender mejor nuestra organización federal y la transformación de nuestro régimen político. Juntos son la garantía civilizatoria insustituible de la competencia política pacífica al hacerla discurrir por los cauces constitucionales y por reglas procedimentales uniformes y conocidas.

Frente a estas características, no hay que olvidar que además el IFE en particular ya es una institución nacional en varias materias: padrón electoral, lista nominal, credencial para votar; acceso de los partidos y de las autoridades electorales a los medios de comunicación y el respectivo monitoreo y sanción por incumplimiento; apertura del secreto fiscal, bancario y fiduciario relacionados con la fiscalización del origen y destino de recursos financieros de los partidos políticos.

Sin embargo, creo que ahora el asunto es de viabilidades. La viabilidad política es la reina y parece que está al alcance, quizá en agosto o septiembre. Hay que detenerse un poco en la viabilidad de finanzas públicas, pues habrá que hacer rápidos cálculos, pero responsables, para determinar el nuevo perfil presupuestal de la autoridad electoral nacional. Aquí hay que recordar también que además de la inminente creación del INE, la reforma política de 2012 le asignó nuevas tareas al IFE en materia de participación ciudadana e iniciativa y consulta populares, lo que ya demanda nuevas o incrementadas partidas de gasto institucional.

Viabilidad institucional: debemos tener presente que hoy el IFE, en lugar de nueve Consejeros, tiene ocho y que cuatro de ellos llegarán al término de su gestión en menos de 100 días; eso significa que además de nombrar cinco nuevos (o quizá siete, si la propuesta panista-perredista en el Senado gana tracción), habrá un gran recambio también de mandos superiores y medios en la institución a principios de noviembre o en diciembre.

Todas estas variables presentan retos mayúsculos que en ocasiones anteriores han sido superados casi siempre eficazmente. Si reforma viene en ese tono y la seriedad se impone, como parece que va a suceder: SI AL INE.