Por: Miguel Á. Martínez Castillo.

La corrupción no es obligatoria.

Robinson Jeffers (1887-1962). Escritor y dramaturgo estadounidense.

Retomo una fracción de una entrevista que sostuvo el Presidente Enrique Peña con 6 periodistas en octubre de 2014, organizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). Ahí, el Ejecutivo Federal sostuvo que la corrupción es un mal de orden cultural. Por su parte, León Krauze –uno de los periodistas- le refutó que la corrupción no puede ser cultural, puesto que en Estados Unidos viven hoy 13 millones de mexicanos que pagan multas, respetan los altos y las leyes.

¿Es la corrupción un mal endémico de tipo cultural de nuestra sociedad? La mayoría de los analistas contrasta con la afirmación del Presidente mexicano pues se piensa que el problema tiene que ver con una cuestión sistémica, es decir, que ante la falta de respeto y aplicación de la ley por parte de la autoridad se ha generado la corrupción. Pero más allá de esto, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en México? Según el Observatorio Económico México, ¿cómo vamos?, los índices de costo llegan a los 341 mil millones de pesos anualmente y una pérdida en el PIB del 2%. Sólo en 2014, la corrupción ahuyentó 2 mil millones de pesos en inversión privada y 1 mil millones de dólares de inversión extranjera. Para el Banco de México, la corrupción le ha costado al país poco más de 1.6 billones de pesos, es decir, 9% de su PIB y 80% de la recaudación de impuestos nacional.

De manera paralela, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que hay 86 mil millones de pesos de recursos públicos que fueron desviados, subejercidos o usados para pagos indebidos. Sólo en 2010, Transparencia Mexicana indicó que 32 mil millones circularon sólo para el pago de mordidas, y los hogares con un salario mínimo deben destinar una tercera parte de su ingreso para pago de actos de corrupción. De ese tamaño es el problema.

Hace unos días daba lectura a un artículo digital en la revista Nexos, (Breve análisis político del discurso anticorrupción en México, Luis Gabriel Rojas, 20 de agosto de 2015) donde se analiza la corrupción desde un punto de vista político e ideológico. El autor parte de una pregunta básica que se enfoca al objetivo del combate a la corrupción: ¿por qué las estrategias para combatir la corrupción se dirigen a ciertos grupos de interés y no a otros? Para contestarla, recurre al análisis político ideológico: ésta la explica como un mecanismo de control no coercitivo, mediante el cual la clase gobernante establece una determinada realidad en la cual los gobernados ven el abuso como algo natural y sin posibilidad de respuesta o reacción política. Dice asimismo el autor: un mecanismo ideológico efectivo tiene la propiedad de que logra introducir en el sentido común de los perdedores y de la oposición una creencia, método, teoría, o forma de ver la vida que favorece los intereses del grupo dominante. De manera que, la misma oposición reproduce el lenguaje, prácticas y actitudes que sustentan las condiciones de marginación.

En México, el discurso sobre la corrupción es que ésta se encuentra en todos lados. Ello es cierto, la corrupción no distingue estratos socioeconómicos ni género. Sin embargo, el discurso gubernamental no distingue entre la corrupción que se da entre la clase política gobernante y la que ronda y se practica en la base social. ¿Tiene el mismo impacto aquel conductor que le da una “mordida” al policía para que no lo infraccione a aquella donde un servidor público otorga una obra pública desapegada a la ley a una empresa constructora? Para el gobierno sí pero en realidad el efecto es distinto. Con base en el artículo citado, los resultados socioeconómicos son absolutamente distintos. Para ello, el análisis clasifica el primero –aquella que otorga el soborno al policía- como redistributiva, mientras que la segunda como extractiva. Se entiende que la primera otorga una redistribución o reparto económico en el plano social mientras que la otra genera desigualdad y obstruye el desarrollo económico. Yo pienso que ambas generan obstrucción pero coincido en que cada una a distintas escalas y con diferentes efectos. Volveré más adelante con este punto.

Hace dos años el Barómetro Global de la Corrupción afirmó que el 90% de la población consideró a la corrupción como un problema y 88% como una práctica frecuente o muy frecuente. Agregó también que un 52% lo considera como un hábito, un acto normal y cotidiano. Lo anterior permite comprender, en cierta manera, cómo el nivel de corrupción en México ha ido aumentando y rebasando las esferas sociales y políticas. Un ejemplo de lo anterior se puede demostrar con las obras que se asignan por parte del gobierno (en este caso locales) a las constructoras en plazos menores a los establecidos por la ley es decir, donde las convocatorias duran menos y las obras se asignan sin respetar los tiempos marcados en la normatividad:

Fuente: http://www.nexos.com.mx/?p=26157#ftnref9

Lo anterior permite observar que los actos de corrupción identifican entidades que hoy son cuestionadas por diversos temas: Veracruz, con un Gobernador señalado de ser represor y corrupto por sus mismos correligionarios de partido y; Puebla, que cierra la puerta a las candidaturas independientes y establece un control totalitario sobre los medios locales. Si el estudio lo llevamos por entidades y partidos gobernantes de ellas, los resultados permiten deducir nuevamente que la corrupción tampoco distingue ideologías:

Fuente: http://www.nexos.com.mx/?p=26157#ftnref9

¿Por dónde empezar entonces a atacar la corrupción? Volviendo al ensayo de Rojas en Nexos, hay quienes afirman que se debe empezar por la base, por aquella corrupción que afecta al ciudadano en su quehacer diario: la de los franeleros, la de los ambulantes, de los trámites, del soborno a la autoridad para no ser multado, etc. Otros, por su parte, sostienen que debe ser enfocada a capturar los “peces gordos”, a los ex gobernantes y altos funcionarios. Yo sostengo que para que el proceso de combate a la corrupción funcione, debe tener una amplia participación ciudadana y ésta se establece mediante la instauración de valores que van desde el ámbito familiar hasta el educativo-profesional. El primer paso, pues, es establecer un sistema al que denominaré de “pinzas”, que apriete no sólo el sector gubernamental sino también el social, paulatina y simultáneamente.

¿En qué consiste? En establecer nuevas prácticas que disminuyan satisfactoriamente los actos de corrupción: por el lado gubernamental, es importante abrir paso a las asociaciones y organismos civiles organizados que hoy en día gozan de más credibilidad que las instituciones de gobierno. No por algo los padres de los normalistas desaparecidos así como la periodista Carmen Aristegui recurren por necesidad a instancias internacionales para exigir justicia. Su participación puede estar vinculada inicialmente en la vigilancia de los actos de los servidores públicos, por ejemplo: la Secretaría de la Función Pública bien podría tener un rol distinto al que hoy realiza si su titular ya no fuese propuesto por el Ejecutivo Federal sino por un conjunto de organismos ciudadanos especializados, mediante convocatoria pública así como la integración de su cuerpo directivo. Mismo caso podría ampliarse a las entidades y municipios. De igual manera, esta participación podría ampliarse para el nombramiento de Consejeros y Magistrados electorales y Ministros de la Suprema Corte, que hoy enfrenta un dilema que, de no atenderse, corre riesgo de partidizarse. No creo que la solución sea la de centralizar la toma de decisiones como sucede hoy con el INE.

Se cuestionará el hecho que estas y otras son atribuciones de los Poderes de la Unión pero creo que hoy el país requiere de incentivar la participación social pues al final somos los ciudadanos de a pie quienes elegimos a nuestras autoridades.

En el orden social, es importantes establecer leyes que simplifiquen los trámites burocráticos que son el principal motivo de la generación de corrupción. La ayuda tecnológica bien puede ser un nuevo factor de solución: el cobro de servicios y trámites que se puedan hacer, cobrar y recibir en línea no sólo evitaría más actos sino sería atractivo para que el gobierno se haga de más recursos.

Si se tuvieran consejos ciudadanos reconocidos y con identidad jurídica vigilando el desempeño del gobierno en áreas estratégicas o de mayor impacto socioeconómico, no sólo estaríamos generando un mayor interés por los asuntos públicos, sino además lograríamos reducir a niveles inferiores los actos de corrupción. Hoy la corrupción nos cuesta más que sólo dinero: nos cuesta tiempo, frustración, impotencia y una larga lista de conceptos negativos. Insisto, toda nueva propuesta que favorezca el combate a la corrupción debe partir de voluntad política. Quienes hoy gobiernan este país pueden cambiar muchas prácticas pero si de algo se caracteriza éste, es por el tráfico de influencias y actos ilegales. La iniciativa puede y debe ser retomada en la sociedad y, desde ella, ejercer la presión para generar un cambio.

El tintero.

Finalmente, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó la repartición de las Comisiones para el trienio 2015-2018. Aquí la lista:

PRI: Agricultura y Sistemas de Riego, Agua Potable y Saneamiento, Asuntos Indígenas, Comunicaciones, Defensa Nacional, Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Economía, Energía, Ganadería, Gobernación, Igualdad de Género, Infraestructura, Jurisdiccional, Justicia, Pesca, Población, Presupuesto y Cuenta Pública, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y Vivienda.

PAN: Atención a Grupos Vulnerables, Cambio Climático, Cultura y Cinematografía, Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Desarrollo Rural, Fortalecimiento al Federalismo, Hacienda y Crédito Público, Salud, Juventud, Seguridad Pública, Transportes y Turismo.

PRD: Asuntos Frontera Norte, Competitividad, Derechos de la Niñez, Educación Pública y Servicios Educativos, Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

PVEM: Asuntos Frontera Sur-Sureste, Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos y Radio y Televisión.

MORENA: Fomento Cooperativo y Economía Social, Reforma Agraria, Transparencia y Anticorrupción y Seguridad Social;

Movimiento Ciudadano: Desarrollo Metropolitano, Protección Civil y Marina.

PANAL: Ciencia y Tecnología.

PES: Asuntos Migratorios.