Por Guillermo Robles Ramírez

            En este gobierno de la cuarta transformación, hemos visto como han reaccionado ante cualquier tipo de crisis en el país, es decir, culpando a los demás y nada de acción.

            Nos hemos sumergido tanto con la pandemia que no solamente autoridades y sociedad se ha olvidado de otro sector que se encuentran aislados pagando alguna condena, pero no por eso significa que no formen parte de la sociedad.

            Los sistemas penitenciarios estatales y federales de México, no tienen presupuesto, como tampoco personal capacitado y menos espacio para dar una mediocre ni tan siquiera deficiente atención a los reclusos para enfrentar ni lo más inmediato que es el Covid-19, así que mucho menos para quienes padecen enfermedades mentales.

            Tampoco hay dinero para que al menos se les pueda hacer una evaluación superficial para determinar que no son las cárceles en donde debe tener recluidos a esas personas que por una u otra causa penal fueron procesados y enviados a una ergástula.

            No tienen dinero como tampoco espacio y ni gente capaz para atender regularmente a los internos de las ergástulas con plena salud, que pueden esperar los que llegan ya con antecedentes o secuelas mentales.

            Es un verdadero peligro y una total realidad, sabemos que es cierto. Pero lo peor es cuando los familiares de esas personas de una manera inhumana e insensible, rayando su conducta y actitud en irresponsables, los dejan en los penales olvidando o haciéndose los occisos, que tienen un pariente cercano o retirado a su suerte en una celda para jamás volver a preguntar por él, cuando menos para ver si aún sobreviven o no le faltan sus medicamentos que es ya mucho pedir.

            En todas las penitenciarías existentes en la República Mexicana, lo que más escasea son recursos económicos no solo para dar una regular alimentación a los internos, sino para dotarlos de las herramientas y equipo que los lleve a iniciarse o consolidarse en un oficio como electricistas, plomeros, carpinteros u otro oficio para en el momento de conseguir su pre liberación o bien cumplimiento finalmente la sentencia, tener un medio, aunque modesto, para trabajar y vivir tras su encarcelamiento porque para estos ex convictos, la vida después de su encierro, además de cambiar radicalmente, no será fácil, generalmente por que encuentran rechazo en los centros de trabajo.

            Deben hacerse algunas adecuaciones a nuestras leyes para que familiares de esta clase de recluso, o internos de una penitenciaria, es decir, con problemas mentales, se responsabilicen sino del todo, al menos en parte, para apoyar el tratamiento de estos enfermos puestos tras las rejas.

            Son muchos los requerimientos que estas personas demandan como son, al margen de sus medicamentos especializados de alto costo, el recibir terapias emocionales, pláticas para inducirlos paulatinamente a una vida más sosegada, sin tanto sobresalto y en general tratamientos que les dé la oportunidad de ser normales.

            Claro que es mucho pedir y no faltarán aquellos que se pregunten porqué habrán de destinarse impuestos para darles una atención médica a este tipo de internos con problemas mentales y la respuesta podría ser sencilla y simple, porque son humanos y tienen sus derechos.

            Es un problema complejo, es cierto, más tratándose de un país como el nuestro que todo nos falta, donde escasean escuelas de estudios básicos para iniciar la preparación de las futuras generaciones, agua potable, drenaje, pavimento, alumbrado público y otros muchos servicios básicos públicos.

            Por el momento, fuera de los nulos programas que quedan en la actual Administración de López Obrador y acciones esporádicas que realizan instancias gubernamentales estatales, no se conoce de algún organismo no gubernamental que voltee sus ojos para esos internos penales con problemas mentales.

            Ni tampoco ha atraído la atención de la “misericordia” de nuestra Santa Iglesia Católica Romana y Mexicana, que sus “atenciones” prefiere y opta por darlas a los migrantes, preferentemente si son de Centro América. ¿Por qué de esos países y no de mexicanos?, hay que preguntarles a nuestros sacerdotes y al Obispo de la Entidad, no siendo desconocido que los centroamericanos reciben mayor y mejor trato que los “migrantes nacionales”, pero así somos los mexicanos sin importar nacionalidad ni sexo, debiendo agregarse que los organismos internacionales de protección a los migrantes, premian y reconocen más de los “protectores” cuando se trata de gente de otros países.

            En fin, que las Penitenciarias de México, están en deuda con los presidiarios, es un hecho y que los famosos organismos no gubernamentales y nuestra sagrada iglesia católica, también, es igual de cierto.

            La puerta falsa de pensar o dar la impresión de qué pueden perder esos enfermos mentales, dementes, anormales, orates, lunáticos o vesánicos, si fueron abandonados por sus familiares, no importa y sale sobrando todo lo que se abogue por ellos. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) www.intersip.org