Donde hay poca justicia es un peligro tener razón 
Francisco de Quevedo 

Por Julian Santiesteban 

El gobernador Carlos Joaquín González pasó ya el trago amargo, destituyó a su secretario de Seguridad Pública y mantiene un encargado en la dependencia, pero la tarea no debiera quedar inacabada, pues ahora corresponde al Poder Legislativo hacer su parte en la limpia de las instituciones, porque el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, tiene los mismos o más graves señalamientos que tuvo Alberto Capella Ibarra y sigue cobrando en el cargo –que no es lo mismo que ejerciendo.- 

Por menos de los señalamientos públicos que tiene Montes de Oca Rosales, quien fuera fiscal general en el Estado de Yucatán, Wilbert Antonio Cetina Arjona, renunció al cargo el pasado 05 de noviembre, al revelarse una serie de grabaciones en las que reconocía que desde el cargo se podía hacer mucho dinero (léase bien, ni siquiera reconocía haber cometido delito alguno) y luego de que se descubriera una reunión que sostuvo con especuladores de tierras a los que pretendía ayudar. En Quintana Roo, grabaciones se han filtrado en las que el funcionario traído ex profeso al cargo desde la Ciudad de México reconoce haber ordenado operativos para desalojo de predios, sin que nada lo haya siquiera “despeinado.” 

Pero además, desde hace unos cuatro meses hay un plantón de agentes y ex agentes ministeriales en las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) que demandan la salida de Montes de Oca, por irregularidades administrativas como tener una “doble nómina”, en la que una de ellas favorece a los elementos que trajo de la Ciudad de México, pero además, aunque algunos de ellos han sido destituidos, como Roberto Damián Hernández, quien era acusado de realizar aseguramientos ilegales de predios, de dar plazas a amigos, y de orquestar operativos ilegales, probadamente siguen operando “por fuera” al servicio del polémico fiscal, que en su haber arrastra varias investigaciones y hasta órdenes de aprehensión por su desempeño en distintos cargos. 

Más aún, la destitución de Capella Ibarra fue por los excesos de sus elementos en las protestas de Cancún el 09 de noviembre, cuando balearon lo mismo a manifestantes que a reporteros, pero las quejas de los grupos feministas es que Quintana Roo es tierra de impunidad en los feminicidios que se cometen, el mismo Montes de Oca Rosales ha reconocido que institucionalmente “se ha fallado” en la protección a las mujeres; en el Congreso de Quintana Roo siguen plantadas en demanda de que se legalice la posibilidad de recurrir al aborto y que se investiguen los asesinatos; en el colmo de la inactividad, ¿de verdad aun no tienen nada que decir los diputados con respecto a la permanencia del fiscal? 

Por si lo anterior no fuera suficiente, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Gustavo Miranda García, ha reconocido “vacíos” en el tema de seguridad y justicia y anunció que interpondrá una denuncia por amenazas de muerte en su contra, aparecidas en las llamadas “narcomantas”, pero nadie, nadie se atreve a llamar a cuentas a un fiscal que, evidentemente, no está cumpliendo su labor. Reitera el escribiente, el Ejecutivo ya sustituyó al titular de Seguridad Pública –falta el nombramiento definitivo y ojalá sea un quintanarroense-; pero ¿y el Congreso, va a esperar a que ocurran más desgracias? 

El tema no es menor. Los pendientes de seguridad y justicia son enormes en el país y en Quintana Roo no son la excepción, en el Poder Judicial la impunidad alcanza el 97.3 por ciento y en seguridad pública las omisiones son similares, pero en la FGE debieran investigarse los delitos que los ciudadanos se atreven a denunciar, y las estadísticas muestran que, en el mejor de los casos, una de cada 10 denuncias, se investigan realmente, si aún no tienen nada que decir desde el Legislativo, que son la instancia encargada de la demandada destitución, entonces ya es complicidad. 

COMENTARIO MORBOSO 

Para empantanar, aprovechar mediáticamente o evadir un tema en Quintana Roo, la manera más sencilla es convocar a foros o consultas públicas, cuyos resultados nunca serán utilizados, pero permitirán a quienes deben asumir responsabilidades, evadirlas. Así de sencillo. 

Y pareciera que justamente eso se busca en la XVI Legislatura, con la discusión y sometimiento a aprobación de las iniciativas para que las mujeres opten libremente por el aborto. Han anunciado los diputados que convocarán a foros para conocer todas las opiniones sobre el tema; pero ese posicionamiento resulta absurdo, cuando las posturas son públicas y están de manifiesto. En favor y en contra. En todo caso el sector salud pudiera opinar sobre la infraestructura existente, pero la carencia de la misma para hacer efectivo el derecho no es un argumento ínfimamente válido para no avanzar en lo normativo; de hecho, casi siempre lo segundo ejerce presión sobre lo primero. ¿O de plano se pondrán a contar quién apoya y quién no cada una de las posturas? ¿Consulta pública? Otro distractor. 

Se apuesta pues al cansancio, a que se cierre periodo de sesiones el 15 del presente mes y que los grupos feministas decidan por sí mismos abandonar el recinto legislativo que tienen tomado, y que han asegurado no dejarán hasta que se desarrollen los trabajos. Si no se convoca a periodo extraordinario, ¿a poco hasta marzo convocarán a los foros? Lo dicho, no hay mejor manera de no hacer nada, que “hacer como que se hace”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.