El mayor crimen está ahora, no en los que matan, 

 sino en los que no matan, pero dejan matar 

José Ortega y Gasset 

Por Julian Santiesteban 

El miércoles 24 de febrero, por la mañana, el primer pre candidato a una alcaldía de Quintana Roo ha sido asesinado, Ignacio Sánchez Cordero. Al crimen le siguieron cuestionamientos –la mayoría de ellos ligeros de juicio- que, sin embargo, evidencian una situación de fondo: fue asesinado por la indolencia de las autoridades y su soberbia de asumir que nada ocurrirá, a pesar de que las autoridades de Seguridad quintanarroenses tienen años siendo cuestionadas por su corrupción y evidente connivencia con delincuentes. En esta ocasión no tendrán tan sencilla la salida al decir que el ahora occiso o su familia realizaban “extrañas” actividades, porque está a la vista que quienes debieran proteger a “los de a pie”, poco o nada hacen…y de manera deliberada. 

No, la salida no será sencilla, el discurso aquel de que “algo debía”, “en algo andaba” no será suficiente para acallar las voces que reclaman justicia. En menos de cinco años, Quintana Roo ha tenido 3 secretarios de Seguridad Pública estatales, se han asesinado a dos directores municipales de corporaciones, se han destituido una cantidad similar y uno de ellos, precisamente el de Puerto Morelos, en donde ocurrió el asesinato, se encuentra vinculado a proceso por excesos en su ejercicio, pero aun así sigue despachando y firmando cada semana, mientras las investigaciones avanzan lento, muy lento. 

Pero hay que recordar, además, que en noviembre del 2020, tanto el secretario municipal en Benito Juárez, como el estatal, fueron separados de sus respectivos cargos, por la brutal represión a ciudadanos que demandaban un alto a la violencia y los feminicidios. En el discurso, se ha dicho que 11 mandos medios fueron vinculados a proceso, pero están en libertad. Por si no fuera suficiente, a más de dos años de instrumentado en llamado mando único policial, queda claro que no ha servido absolutamente en nada para modificar los indicadores de inseguridad, los cuales, si alguna mejoría han tenido, ha sido por efecto de la pandemia, no por una estrategia gubernamental. Y como toda respuesta, el discurso oficial le apuesta ahora a la inauguración de un C5 en las siguientes semanas, acompañado por unas dos mil cámaras de vigilancia…pero nada, nada ha servido. 

Con todo eso como contexto, el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero es más que explicable, pero igualmente imperdonable. Lo mismo su muerte que la de cientos de hombres y mujeres que matan en Quintana Roo. Tan lamentable como el de los desmembrados, baleados, embolsados…y si, aun cuando las investigaciones apuntaran a agravios cometidos, a delitos, a complicidades, acciones toleradas, alentadas, simuladas y todo lo que suelen decir las instancias policiacas para dar por cerradas las investigaciones, aun así subyace la ineficiencia manifiesta de las corporaciones encargadas de brindar seguridad. 

Que quede claro, ni el discurso simplón ni la evasión discursiva –al estilo Alberto Capella Ibarra- podrán servir para olvidarse del tema públicamente, o para ocultar la evidente incapacidad de los cuerpos policiacos locales o su “tolerancia” a la operación de los grupos delincuenciales. Como tampoco puede olvidarse que, el actual responsable en la entidad de la seguridad, ni siquiera lo han ratificado en el cargo, o las investigaciones que debieran estar en marcha contra los que probadamente han faltado a su labor; o la sanción a los mandos que han cometido delitos y se encuentran protegidos por “el sistema.” No, el silencio no oculta nada, el evasivo discurso solo demuestra lo dicho: A Nacho Sánchez le disparó un asesino, pero lo mató la ineficiencia, complicidad y corrupción del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

COMENTARIO MORBOSO 

Y hablando de impunidad, Jorge Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, sigue evadiendo la responsabilidad de pagarle a los empresarios que subcontrató para la instalación de carpas Covid en Quintana Roo, a pesar de haber obtenido, entre él y su esposa, Vanesa Vargas, contratos por más de 256 millones de pesos, pagados con recursos del erario. El personaje “cercano al poder”, en la absoluta desfachatez, se ha dicho víctima de atentados, pero luego organiza comilonas con la prensa; hace videos con mensajes al presidente de la República asegurando que ha pagado, y ahora lanza amenazas de muerte en contra de los que alguna vez le brindaron confianza y dinero, pero además les asegura que nada les pagará. 

¿Amenazas de muerte, justo en esta coyuntura? ¿Quién va a frenar de una vez por todas al nada incómodo personaje? Por lo pronto, tres empresarios han decidido no callar más, exhibirán las amenazas de Brizuela Guevara y lo han demandado ya por la vía mercantil. Los órganos contralores estatales han dicho que es un asunto entre particulares y no pueden intervenir… y de la manera en que obtuvo los contratos, de los escándalos y su cercanía con los “señores del dinero” y los “hombres del poder” local nada. Silencio. Impunidad. Cuando mucho, alguno dice “el señor no es funcionario, el sólo golpeteo mediático para afectarnos”, y bueno, pues aquí le dejamos constancia de las amenazas. La seguridad de los empresarios afectados y su familia, es ahora responsabilidad también de las mismas corruptas autoridades. Que conste. Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.