Un Estado donde queden impunes la insolencia y
 la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo
Sófocles

Por Julian Santiesteban

Este martes 16 de junio, se cumplieron cuatro años del mayor despojo ilegal de propiedades documentado en la historia de Quintana Roo. 17 hoteles fueron arrebatados a sus legítimos propietarios con golpeadores profesionales y mediantes juicios laborales amañados, por lo menos eso se informó. La presente administración estatal anunció que las propiedades regresarían a sus dueños, pero no sólo no fue así, sino que, al paso del tiempo, el despojo ha quedado impune y en firme. Catorce de los diecisiete empresarios siguen esperando la justicia prometida.

El 16 de junio de 2016, decenas de golpeadores desalojaron a propietarios, empleados, huéspedes y clientes de 17 hoteles en una franja de la playa de Tulum; en los dos finales años de la administración de Roberto Borge Angulo, les inventaron juicios laborales para justificar la ilegal apropiación que se consumó en las últimas semanas del cozumeleño en el gobierno –hoy preso en el Estado de Morelos-; pero al paso de los años, sólo tres inmuebles fueron restituidos y uno más, que ahora ha sido convertido en el restaurante Rosa Negra, está en posesión, según algunos periodistas locales, de un oscuro personaje llamado Jamil Elías Hindi. Sí, el mismo que ha sido señalado por sus “extraños” nexos con el poder.

En su primer informe de gobierno, Carlos  Joaquín González afirmó que “se ha logrado la restitución de bienes que habían sido despojados a legítimos propietarios a través de 19 juicios laborales dolosamente fabricados. El monto de lo recuperado asciende a casi 345 millones de pesos”; incluso en el documento del informe se señala que “se le ha restituido a 4 legítimos propietarios sus bienes inmuebles incautados, resultados de juicios dolosos fabricados para despojarlos de sus propiedades…”; cuatro años después, nos enteramos que en Tulum, sólo regresaron 3 inmuebles… 14 siguen, gracias a magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito, asentado en Cancún, Quintana Roo, en manos ilegales. De acuerdo a un magnífico reportaje publicado por Forbes México, hemos conocido absurdas versiones de jueces federales como Ricardo Ruiz de Hoyo Chávez, quien afirma que algunas propiedades no puede ser localizadas y que por lo tanto nunca existieron (claro que no se localizan, ¡si fueron derrumbadas!).

 De los 19 juicios laborales falsos, la titular de la Secretaría del Trabajo actual, Catalina Portillo, ha señalado –sin datos precisos- que además de los despojos de hoteles hubo apropiación ilegal de departamentos como en la “Torre Maioris” (ahí se recuperaron 4 de 24 departamentos el 30 de marzo de 2017); además de “casas, departamentos, dinero que les habían retirado a los afectados en sus cuentas. Eso ya se restituyó”; pero resulta evidente que, a punto de entrar al último tercio de la administración estatal, la enorme mayoría de despojos ha permanecido impune.

Por cierto, hasta ahora no se ha informado quién o quiénes son los que mantienen la propiedad de los 14 hoteles en la franja costera de Tulum, cuántos han sido derruidos y si hay edificaciones nuevas o nuevos propietarios, los juicios permanecen sin avance y no se observa mucha “voluntad” para que la situación se modifique. ¿Acaso algún “poderoso” ha logrado penetrar la muy “porosa” red de la justicia mexicana? ¿Acaso los “juicios laborales falsos”, estuvieron mejor armados que la mayoría de los procesos de restitución? Hoy, a cuatro años de aquel despojo, y casi a tres del primer informe de gobierno en el que se aseguraba que “ya no más impunidad ni corrupción, hoy se hacen las cosas con transparencia y en apego a derecho”; es evidente que algo falló ¿falló el discurso, o nos sigue fallando la terrible realidad?

COMENTARIO MORBOSO

Y ya encarrerado el ratón… valga decir que diferentes medios nacionales diversos han desnudado a lo largo de los años la red de impunidad que permitió estos despojos en la administración de Roberto Borge Angulo, pero justo es decir que la impunidad –o incapacidad- cuatro años después de su gobierno, han imposibilitado resarcir el daño hecho. “En el sexenio de Borge (2011-2016), magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales, y actuarios, formaron parte de una red que despojó de 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum utilizando documentos y contratos de arrendamiento falsos” publicó Reforma en su momento, medio en el que además se señaló abiertamente, mediante versión de la Asociación de Colonos Hoteleros Turísticos Ecológicos de Pino Suárez, “que entre los funcionarios que ayudaron al despojo de propiedades con un valor total de 615 millones de dólares se encuentran el (entonces) presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero; el (entonces) director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima Carbajal; el juez primero civil de Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Camaal y la actuaria María Elena Anaya Reyes.” Todos los señalados aquí, son actualmente funcionarios del Poder Judicial de Quintana Roo. Esa es la justicia mexicana; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.